Hay quien lo perdió todo o casi todo con el tornado, pero hay también quien ni siquiera puede probar legalmente que los vientos de ese 27 de enero se llevaron lo único que tenía. Antes de aquella noche, Isbet Acosta Valle vivía con su hija en un apartamento prestado pero su carné de identidad no decía “La Habana”. Es una de las muchas “ilegales” que habitan la ciudad y que no pueden reclamar una ayuda para reconstruir la vivienda.

Nacida en Las Tunas, Acosta llegó a la capital con el sueño de abrirse camino y un amigo le ofreció una modesta casa y le dijo: “Quédate el tiempo que puedas”. De eso ya habían pasado tres años cuando el vendaval destrozó todo y se llevó volando sus sueños.

“No puedo reclamar porque mi nombre no aparece en los papeles”, cuenta a 14ymedio. “Desgraciadamente la casa era de madera y techo de fibrocemento. Estaba en muy mal estado pero al menos era algo, ahora me quedé en la calle con mi niña de siete años”.

Según los datos sobre la migración interna recopilados en el censo de 2012, la provincia donde residen más personas que nacieron en otra es La Habana con 462.677 (el 41,6% de los emigrados).

En 1997, las autoridades endurecieron la ley para el asentamiento de habitantes provenientes de otras regiones de Cuba en la capital. Las normas han llevado a miles de ellos vivir en la ilegalidad o resolver el asunto mediante prácticas irregulares como pagar a un propietario que lo agregue como residente en una vivienda o contraer matrimonios por conveniencia.

Con frecuencia la policía hace redadas y controla en el carné de identidad el lugar de residencia. Si no coincide con una dirección habanera, la persona puede ser deportada. Muchas de ellas viven sin acceso al mercado racionado, los centros de educación superior y las plazas de trabajo del sector estatal, y son llamadas de forma despectiva “palestinos” por los autóctonos.

Isbet Acosta ha conocido de cerca todos esos avatares en los últimos años y ahora sus condiciones han empeorado. En un antiguo almacén de ómnibus interprovinciales estuvo los días posteriores al tornado junto a otras varias familias que han quedado sin techo, pero la convivencia es complicada y la privacidad nula.

En un antiguo almacén de ómnibus interprovinciales estuvo los días posteriores al tornado junto a otras varias familias que han quedado sin techo

Los primeros 19 días ninguna autoridad pasó por el lugar. “Estamos tratando de buscar una solución a nuestro caso porque aquí no tenemos condiciones y hay niños chiquitos, mujeres embarazadas. Es necesario que el Estado nos dé una respuesta, me da igual si es un terreno para construir o materiales para reparar esto aquí”.

El Gobierno ha asumido una bonificación del 50% de los materiales de construcción para las familias que sufrieron derrumbes parciales o totales en sus viviendas. Sin embargo, un requisito indispensable para acceder a estos precios subsidiados es poder mostrar la propiedad de la casa afectada, algo que Acosta nunca ha tenido.

Para regularizar su estatus en La Habana debe contar primero con una vivienda propia o el consentimiento del propietario. El dueño debe inscribirla en una dirección particular, pero el proceso incluye trámites en varias dependencias, comprobaciones de si la casa tiene suficientes metros cuadrados para albergar a otra persona y numerosos documentos. En algunos barrios se necesita una autorización adicional porque se consideran “zonas congeladas”.

Sin esas formalidades, Acosta no puede tener en su carné de identidad una dirección habanera y sin ese requisito queda al margen también de la posibilidad de pedir un crédito bancario o solicitar alguna ayuda social dada su precariedad económica.

A pesar de su condición, todos los días la joven amanece en la Oficina de Trámites de la calle Pedro Perna en Luyanó, habilitada tras el tornado, pero le responden que su caso “es complicado” y “tiene que esperar”. Por las noches, duerme entre tres paredes mohosas y agrietadas del viejo almacén, donde mantiene un estricto orden de sus pertenencias, como si quisiera detener el caos al menos en el pequeño espacio alrededor de la cama.

No fue hasta el pasado viernes que las autoridades locales fueron con una propuesta concreta para los damnificados que duermen en el local, la mayoría de ellos ilegales

No fue hasta el pasado viernes que las autoridades locales fueron con una propuesta concreta para los damnificados que duermen en el local, la mayoría de ellos ilegales. “Vinieron temprano y nos dijeron que recogiéramos todas las pertenencias porque nos íbamos ese mismo día para un albergue en Boyeros y así lo hicimos”. Todo lo que tenían lo metieron en maletines y hasta regalaron algunas cosas que no podían cargar.

“Fue una humillación total, estuvimos todo el día esperando a que viniera la guagua a buscarnos y nada, en la noche vino otro funcionario a decirnos que ya no salíamos para el albergue y que teníamos que esperar”. La mujer lamenta que “seguir esperando” es lo que les ha tocado tras el paso del tornado.

La noche del viernes Acosta estaba desesperada. Había regalado su colchón porque no contaba con un transporte para llevárselo y no tenía ni dónde dormir. Así pasó el sábado hasta que el domingo finalmente fueron trasladados al albergue. “Nosotros no contamos en ningún lado y durante dos semanas el Estado no se preocupó si nosotros comimos, si estamos vivos, nada”, relata.

Según recuerda, hubo días en los se acercaron algunas personas que llevaban agua, ropa o comida de su propia iniciativa. “El agua que algunos nos han traído de donación era la que usábamos para asearnos los días que no llegaba el agua de la pila. Con la niña tuve que vivir pidiéndole favores a los vecinos para bañarla con agua tibia porque ni electricidad teníamos”.

El desespero de no tener una respuesta ya pasó, ahora ella y su hija están ubicadas en un albergue que, aunque no cuenta con todas las condiciones del hogar que perdió, al menos tiene lo mínimo que se necesita para pasar los días. Pero Acosta sigue siendo una ilegal y teme que su situación aflore cuando comience a hacer algunos trámites legales y la regresen a Las Tunas.

Su dilema es hacerse notar y reclamar para obtener un techo o callarse para evitar que detecten la irregularidad de su residencia en La Habana. Ser o no ser, es su disyuntiva.

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