LA HABANA, Cuba.- Andrea trabajó pocos años para el Estado, pues pasó la mayor parte de su vida cocinando y planchando en una casa particular. Como consecuencia, ya anciana, cuando casi no podía laborar por problemas de salud, no pudo jubilarse pues no había acumulado el tiempo necesario. Gestionó una ayuda de la seguridad social y la recibió durante un tiempo, pero lamenta que se la quitaron hace unos años, cuando tras una revisión se les suspendió ese tipo de ayuda a algunas personas, en su caso, porque tiene un hijo (aunque no vive con ella y es alcohólico). Esta es una de las tantas formas en que el Estado cubano evade su responsabilidad con los ancianos. Por suerte, Andrea logró encontrar un trabajo apropiado para ella en otra casa: ahora acompaña a una anciana y le hace mandados.

La primera Encuesta de Envejecimiento Poblacional se realizó en el país de diciembre de 2010 a marzo de 2011. Según el director del Centro de Estudios de Población y Demografía de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Juan Carlos Alfonso Fraga, este estudio sería considerado una herramienta imprescindible para la toma de decisiones en el país. Entre los parámetros a medir estuvieron la salud, la seguridad económica y las redes de apoyo. Según los resultados, uno de cada dos ancianos sentía   temor o incertidumbre por su situación económica o de salud en el futuro. En la valoración del nivel de vida de acuerdo a sus ingresos, el 60 % afirmó sufrir privaciones y carencias, y de estos, un gran porcentaje alegó que con sus ingresos “viven mal” y “casi no alcanza para vivir”. Sólo 4 de cada 10 ancianos dijo vivir entre bien y un poco  apretado.

En aquella ocasión, algunos ancianos, embelesados con la cacareada propaganda de las reformas para la actualización del modelo económico cubano, argumentaban que el censo era para mejorar sus precarias condiciones de vida. Pero la desconfianza se apoderó de ellos cuando una de las primeras medidas adoptadas como parte de las reformas económicas fue suprimir los “subsidios excesivos y las gratuidades indebidas”, algo que afectó a los de más bajos ingresos, y aunque se contemplaba el aumento de las pensiones, no fue hasta finales del año pasado (2018) que la sórdida dictadura comunista sólo aumentó las pensiones más bajas hasta igualarlas a 242 pesos cubanos, que es ahora la pensión mínima. Luis, un invidente que cobraba 200 pesos y que resultó “beneficiado”, ironiza: “Casi raspamos los 10 chavitos”. Y no le falta razón, porque, aunque el gobierno compra la moneda convertible a 24 pesos, para cualquier transacción económica la vende a 25.

El mencionado estudio reflejó el nivel de pobreza en que viven los ancianos debido a sus paupérrimas pensiones, sin embargo, el gobierno, en el transcurso de estos años, ha incrementado los precios de productos de primera necesidad, así como de los servicios básicos, pero no ha tomado ninguna medida para elevar el nivel de vida de los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que constituyen el 19.4 % de la población. Por el contrario, en el 2008 se aprobó la Ley de Seguridad Social que aumentó la edad mínima de jubilación en cinco años (mujeres 60 y hombres 65 años), algo abusivo dadas las precarias condiciones físicas en que los cubanos llegan a esas edades.

Hoy vemos cómo los miedos que manifestaban los ancianos en aquella encuesta se han hecho realidad, pues se ha agudizado la falta de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, además de la agresividad que enfrentan en las colas provocadas por la escasez. El gobierno sabe que las personas de la tercera edad son los más afectados, y aunque en el balance anual del Ministerio de la Industria Alimenticia se planteó “incorporar en las bodegas nuevos productos normados pero no subsidiados, y diseñar productos destinados a los adultos mayores de 65 años”, la población se mantiene escéptica pues hasta el momento no se aprecia ningún cambio. Peor aún, todavía no se sabe de qué productos se trata, pero el hecho de que se planee venderlos en bodegas y no en carnicerías hace pensar no en la necesaria proteína, sino en uno de esos “polvos sospechosos” cuya composición desconocemos los consumidores, como lo fue en su momento el Cerelac, o más recientemente el Chocolatín.

Increíblemente, frente a la aplastante realidad la propaganda gubernamental es desvergonzada. Recientemente, una alumna de preuniversitario estaba molesta porque en la escuela le habían dicho que ahora los ancianos podían comprar las medicinas porque Fidel Castro las había rebajado, mientras que a ella le consta que eso es mentira, pues su vecina, una anciana de 83 años, lava y plancha para la calle para poder costearse los medicamentos, que le cuestan 90 pesos. Tampoco las medicinas están siempre disponibles. Avelino es un vecino de 82 años de edad que hace un tiempo sufrió un infarto; tres de sus medicamentos están en falta, por lo que él, para ahorrarlos, se salta dosis y así no pasa muchos días sin tomarlos.

Ahora bien, entre las gratuidades eliminadas no se incluyó la fabulosa canasta alimenticia de los dirigentes, la reparación o remodelación de sus viviendas con materiales de primera calidad, los viajes al extranjero –como los de la esposa de Díaz-Canel, que no es ninguna funcionaria– y la buena vida que muchos de ellos o sus acólitos se dan vacacionando en nuestros centros turísticos, mientras que los ancianos censados que manifestaron su deseo de disfrutar unas vacaciones o excursiones no pueden hacerlo por problemas económicos.