El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cumple un año en el cargo sin que se atisben signos de calado de apertura económica y sin avances significativos en la democratización de las estructuras políticas. El dirigente comunista recogió el testigo, aunque Raúl Castro continúa tutelando su mandato. Poco o nada se ha avanzado desde entonces en materia de derechos humanos, frustrando así las expectativas alimentadas por La Habana tras el acuerdo de deshielo alcanzado con Obama. Es cierto que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca supuso un giro copernicano en la política con relación a la isla. Ello no justifica la atrofia reformista del politburó comunista. Cuba sigue siendo una cárcel a cielo abierto en la que se vulnera la libertad de prensa y se reprime a la disidencia. Díaz-Canel se ha mostrado incapaz no ya de pilotar un proceso de transición, sino de profundizar en un tímido aperturismo. De hecho, Cuba mira al abismo económico por sus flaquezas, el derrumbe de Venezuela y la falta de inversiones.

Este último aspecto puede verse agravado por la decisión del presidente de EEUU de aplicar uno de los artículos más duros de la Ley Helms-Burton, que castiga las expropiaciones ejecutadas por el castrismo tras su llegada al poder en 1959.Trump busca asfixiar la economía de la isla, lo que supone una vuelta de tuerca al endurecimiento de su política respecto a la dictadura cubana. Luchar en favor de los derechos humanos resulta insoslayable. Hacerlo castigando a las empresas extranjeras, entre ellas muchas españoles que operan en el sector turístico y hotelero, resulta una torpeza de efectos económicos letales.