Hace una semana, la Administración de Donald Trump activó a plenitud la Helms-Burton. A través de su Título III, ciudadanos y empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba después de enero de 1959 pueden demandar ahora en los tribunales de EEUU a compañías que se lucren de ellas.

El jefe del máximo órgano de Justicia del régimen calificó la ley estadounidense como “caprichosa, absurda y extraterritorial”.

“Los jueces de EEUU ante quienes presenten demandas, al amparo del título III de la Helms-Burton, tendrán que juzgar situaciones que no les competen, en base a una ley caprichosa, absurda y extraterritorial. ¿Podrán ser imparciales e independientes? ¡Ya veremos!”, señaló Ferro en otro tuit anterior.

“‘Delirium tremens’ padecen esos que creen que nos van a amedrentar con amenazas, acosos y coacciones. ¡No conocen la estirpe de los descendientes de Maceo, Céspedes, Agramonte, Camilo y Fidel! ¡¡¡Viva Cuba libre!!!”, declaró con fervor en otro mensaje.

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Rubén Remigio Ferro@RubenRemigioCU

“Delirium tremens” padecen esos que creen que nos van a amedrentar con amenazas, acosos y coacciones. ¡No conocen la estirpe de los descendientes de Maceo, Céspedes, Agramonte, Camilo y Fidel! ¡¡¡Viva Cuba libre!!! #SomosContinuidad #CubaEsNuestra

La “Ley Mordaza” fue uno de los instrumentos utilizados para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003, entre ellos 27 periodistas independientes.

La Ley 88 de “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” fue sancionada el 16 de febrero de 1999. Su primer artículo dice que su finalidad es “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba”.

Las leyes cubanas incluyen otras disposiciones penales de amplio alcance que han sido usadas para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.

En su sección de delitos contra el honor, la ley castiga con hasta un año de prisión o multa lo que el régimen pueda considerar difamación de sus instituciones, organizaciones políticas y “héroes o mártires de la República”.

Asimismo, el Código Penal sanciona la calumnia, difamación, insulto, injuria “o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva” contra funcionarios públicos, con hasta tres años de prisión. La sanción más alta se aplica cuando el supuesto delito afecta “al presidente u otros funcionarios de alto rango”.

La Ley de Dignidad Nacional de 1997 establece penas de prisión de tres a diez años para “cualquier persona que, de manera directa o indirecta, colabore con medios de comunicación del enemigo”, y que está dirigida a los medios de prensa independientes que envían su material al exterior.

El artículo 91 del Código Penal impone largas penas de prisión o la muerte para aquellos que, según el Gobierno, actúan contra “la independencia o la integridad territorial del Estado”.

A lo largo de los años, cientos de personas han sido encarceladas en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones. El hostigamiento, la intimidación, la detención arbitraria y las acusaciones penales continúan siendo usadas para restringir la expresión y distribución de información u opiniones críticas al Gobierno. Están dirigidos a disidentes y críticos, en muchos casos periodistas independientes y activistas políticos y de derechos humanos.

La situación ha sido denunciada en varios organismos y por organizaciones internacionales como el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).