¿Funcionará el ‘embargo’ de Trump a Venezuela? Por Andres Oppenheimer

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El presidente Trump debería usar su semi-embargo económico a Venezuela como moneda de cambio para obtener sanciones económicas internacionales mucho más fuertes contra la dictadura venezolana. De lo contrario, me temo que la movida de Trump fracasará, y pasará lo mismo que en Cuba.

Digo esto porque, a juzgar por lo que escucho de fuentes diplomáticas, hay un caos total la política exterior de Trump. Todo indica que, a pesar de que sus funcionarios lo niegan, el gobierno de Trump no tiene mucha idea de qué pasos seguir de ahora en adelante en Venezuela.

Y sin un plan bien definido para derrocar al presidente ilegítimo Nicolás Maduro, quién cometió un fraude monumental en las elecciones de 2018, las nuevas sanciones de Estados Unidos podrían ayudar a Maduro a aferrarse al poder. Eso es lo que pasó en Cuba, donde un embargo estadounidense sin respaldo internacional aceleró la emigración masiva de la isla, dejó a la dictadura castrista con menos bocas que alimentar, y le permitió atornillarse en el poder indefinidamente.

Primero, el cuasi-embargo de Trump puede fragmentar la frágil coalición opositora encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Las sanciones económicas de Estados Unidos —que no llegan a ser un embargo económico total, porque permiten transacciones del sector privado— son mucho más populares entre los exiliados venezolanos que entre quienes viven en Venezuela. Eso puede llevar a algunos de los partidos opositores a tomar distancia de Guaidó y debilitar el frente de oposición.

En segundo lugar, las sanciones estadounidenses ya están siendo criticadas por la Unión Europea y las Naciones Unidas, y le darán a Maduro nueva munición propagandística para aducir que la catástrofe venezolana es culpa de Washington. La dictadura de Cuba ha venido usando esa narrativa durante décadas, y todavía encuentra bobos dispuestos a creerle.

De hecho, como lo demostró un estudio reciente de la Brookings Institution, la economía de Venezuela se derrumbó mucho antes de que Washington iniciara sus sanciones económicas graduales en 2017.

Tercero, Maduro puede obtener suficiente apoyo de Rusia, China y los carteles de la droga para aferrarse al poder indefinidamente.

La crisis humanitaria de Venezuela puede empeorar, pero puede que a Maduro no le importe. Por el contrario, puede que piense que un mayor colapso económico lo ayudará a deshacerse de otros dos o tres millones de venezolanos descontentos que huirán del país y lo dejarán con una población más fácil de controlar.

Cuarto, el caos y la improvisación dentro del gobierno de Trump pueden obstaculizar un plan efectivo para restablecer la democracia en Venezuela. Los funcionarios de la administración dicen en privado que una intervención militar estadounidense en Venezuela es poco probable, pero no dicen qué más podrían hacer.

La repentina renuncia del 7 de agosto de Kimberly Breier, hasta entonces la principal funcionaria del Departamento de Estado a cargo de los asuntos latinoamericanos, es solo el último cambio de personal en el área. Llevaba menos de diez meses en su cargo.

“Decir que la política de Trump hacia Venezuela es un desorden sería un acto de caridad”, tuiteó el exasesor de asuntos latinoamericanos de Obama de la Casa Blanca, Mark Feierstein.

Roger Noriega, un conservador de línea dura que fue jefe de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, coincide en que la política de Trump hacia Venezuela es “incoherente”.

En suma, Trump merece crédito por no olvidarse de Venezuela, aunque solo sea para ganar votos cubanoamericanos y venezolano-americanos en Florida, y a pesar de su crueldad al negar el Estado de Protección Temporal (TPS) a los exiliados venezolanos en Estados Unidos.

Pero sin un plan de seguimiento, puede que las nuevas sanciones solo sirvan para acelerar el éxodo venezolano. El plan de seguimiento debería ser ofrecer a la Unión Europea, Rusia y China cancelar las nuevas sanciones de Washington a cambio de un acuerdo internacional serio para convocar elecciones libres en Venezuela.

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