El 14 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea estructuraron un marco legal con el fin de imponer medidas sobre organizaciones y personas implicadas en las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, cometidas durante las manifestaciones contra el gobierno que se iniciaron en abril de 2018.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo al respecto: “Ahora que la UE cuenta con el marco legal para sancionar a altos funcionarios nicaragüenses implicados en la brutal represión de opositores, debería actuar sin demoras, prohibiéndoles el ingreso e inmovilizando activos de funcionarios clave que son responsables de gravísimos abusos. La presión es crucial para prevenir más abusos y asegurar que se haga justicia por actos que constituyen graves delitos conforme al derecho internacional”.

En julio de 2019, Human Rights Watch hizo llegar a Federica Mogherini, Alta Representante de la UE, así como a los ministros de Relaciones Exteriores de dicha institución una carta solicitando sanciones para altos cargos y funcionarios del gobierno nicaragüense, entre los cuales destacan Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, la general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional hasta septiembre de 2018; el general Francisco Díaz, quien sustituyó a la general Granera; los también generales Ramón Avellán y Jaime Vanegas, ambos altos cargos de la ya mencionada Policía Nacional.

En esta solicitud se encuentran, además, los nombres del general Luis Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, lugar tristemente conocido como El Chipote, donde fueron encerrados la mayoría de los manifestantes, siendo sometidos a crueles torturas, vejámenes, sadismo y humillaciones de toda índole, de acuerdo al reporte emitido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, (DOEP) que, según informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) jugó un “papel central” en la brutal oleada represiva que se desató en todo José Miguel Vivancoel país centroamericano.