Elías Amor Bravo, economista

Pues si. La Fihav de Malmierca se está celebrando en un momento especialmente complicado para la economía global y por supuesto, también para la cubana.

La primera se encuentra ante un proceso de desaceleración evidente, y los organismos internacionales especializados han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento para 2019 y vislumbran una tendencia que se hará, si cabe, más lenta para el próximo año. Según el FMI este giro en el crecimiento global responde, básicamente, a las disputas comerciales entre Washington y Pekín, así como al impacto negativo de las tensiones geopolíticas y el impacto del Brexit.

Por su parte, la economía cubana atraviesa una fase de recesión que reviste tintes dramáticos, ya que a la reducción del suministro de combustible procedente de Venezuela, hay que añadir que los principales motores de cola se han apagado, como el turismo o la inversión extranjera, que sigue sin alcanzar los objetivos planificados por las autoridades. La única fuente de divisas que queda al régimen, las remesas de las familias, han sido sometidas a control por medio de un plan que combina cuentas en divisas, tarjetas electrónicas y venta de electrodomésticos y piezas de autos.

En tales condiciones, los analistas se preguntan ¿a qué van los inversores internacionales a la Fihav de La Habana? Descontando que la participación este año ha sido bastante inferior que en ejercicios anteriores, hay otro aspecto que llama poderosamente la atención en este certamen. La ausencia de la actividad industrial empresarial.

En cualquier país del mundo, las empresas industriales internacionalizadas son el referente fundamental para la atracción de capital extranjero, la competitividad económica, la generación de empleo y riqueza nacional. La pregunta inmediata es ¿dónde están esas empresas cubanas internacionales? O incluso algo peor, ¿es que acaso existen?

Tras las confiscaciones y nacionalizaciones del capital productivo privado entre 1959 y 1968, el régimen castrista apostó por un marco empresarial controlado e intervenido por el estado, otorgando a las empresas el papel de suministrador en los sectores internos en que operaban. Ello dio lugar a la aparición de un sector industrial débil, poco competitivo, sin orientación exportadora y con un bajo nivel de inversión ya que el dueño de las empresas, el estado, tenía otras prioridades de gasto e inversión hacia los llamados “logros de la revolución”.

Como consecuencia, la salud de la industria cubana ha sido mala. Para empezar no ha tenido vocación exportadora, mientras que otros países, con empresas más pequeñas, abrían mercados y ocupaban posiciones competitivas a nivel mundial. Las empresas cubanas, orientadas al mercado interno y sometidas a un sistema ineficiente de subsidios y precios controlados, carecían de margen para la adopción de decisiones encaminadas a mejorar su eficiencia y sostenibilidad. La historia se ha encargado de confirmar el fracaso de este modelo castrista para la industria.

Según datos de ONEI, la industria cubana (incluyendo el azúcar, la manufactura y la electricidad y agua) alcanzó solo el 14,3% del PIB, 3 puntos porcentuales menos que en 2013, cuando alcanzó el 17,3%. Uno de los porcentajes más bajos que alcanza la industria en los países de América Latina. Además, en los últimos seis años la industria ha visto cómo se reduce su participación en el conjunto de actividades económicas, su nivel de productividad se sitúa claramente por debajo de actividades como servicios empresariales o intermediación financiera. El nivel de empleo apenas alcanza el 10,8% del total de los sectores de la economía en 2018. En términos de volumen físico, y con el índice 100 establecido en 1989 como establece la estadística oficial, el nivel de producción del conjunto de la industria en 2018 se situó en un índice 67,7, lo que indica que se ha reducido la producción en más de una tercera parte desde entonces.

Esto refleja un ajuste intenso, que afecta de manera especial a la fabricación de bienes de equipo cuyo índice en 2018 ha sido un 6,9 reflejando una disminución de más del 90%, la práctica desaparición de esta actividad. Por su parte, los bienes intermedios con un índice 35,1 en 2018 tampoco ofrecen un resultado positivo, y solo los bienes de consumo remontan el índice 100 de 1989 con un modesto 103,7 en 2018. Crecer un 3,7% en 30 años es realmente una cifra despreciable.

Los datos oficiales muestran un panorama desolador para el sector industrial, fundamental en cualquier país. Desde esta perspectiva, ¿cómo puede Cuba presentar su sector industrial, que registra estos datos muy negativos, a un certamen internacional de inversores que tratan de obtener el máximo beneficio para su capital? Malmierca debe tener la respuesta. Yo no.

Es evidente que en Cuba no existen empresas industriales, tal y como las conocemos en otros países del mundo, sino entidades del estado que funcionan con procedimientos e indicadores definidos desde los organismos superiores del estado, las OSDE, creadas expresamente para aumentar el control burocrático de las empresas y eliminar cualquier posible autonomía de gestión. En un entorno complejo como el actual, dominado por intensos cambios geopolíticos y la incertidumbre, esta apuesta del régimen comunista no es la más adecuada para hacer atractiva la industria al capital extranjero.

Los grandes cambios asociados a las tecnologías disruptivas que trae consigo la cuarta revolución industrial van a afectar intensamente a sectores como el de la alimentación y el envasado, que tiene una participación significativa en la industria cubana. Hay amenazas y oportunidades derivadas de los nuevos hábitos por parte de los consumidores y una demanda que apuesta por productos más sostenibles. Cambios como estos exigen nuevas inversiones, que al parecer viendo la composición de la “cartera de oportunidades” se quieren conseguir con el capital extranjero. Al parecer solo 81 proyectos de la cartera (el 15%) son “agroalimentarios”, de un total de 525 lo que da una idea de por dónde van los tiros.

Pero luego, el inversor internacional se mueve, lógicamente, hacia aquellas actividades en las que percibe mejores oportunidades de negocio, turismo o minería. Y vuelta a empezar. De ese modo, las empresas industriales cubanas, cuyo dueño es el estado, se quedan al margen de esa lluvia de capital, tecnología y know how empresarial que se espera del capital extranjero, y continúan su existencia mediocre bajo el paraguas intervencionista del estado.

Lo que Fihav está mostrando a todas luces es que una política dirigida por el estado para la captación de inversiones extranjeras es un fracaso. No sirve. Si no se cuenta con empresas internacionalizadas, competitivas y atractivas, capaces de posicionar sus productos de calidad en los principales mercados mundiales, este tipo de certámenes acaban siendo “juegos florales” de escaso recorrido y nula rentabilidad al capital invertido por el estado, que como se sabe, no anda sobrado en estos tiempos que corren. La historia confirma que el régimen castrista nunca se preocupó por internacionalizar sus empresas, mientras vivió de la recompensa política del subsidio soviético, y ahora, la situación es difícil de corregir. El estado comunista posee un número de empresas industriales que operan en distintos sectores, pero que no interesan a los inversores internacionales.

Estas empresas carecen de capacidad de innovación, de flexibilidad, de independencia, autonomía y capacidad para construir su futuro, al margen de consignas políticas e ideológicas. A esto hemos llegado. Lo que el régimen castrista debe entender es que antes de atraer el capital extranjero, es necesario internacionalizar la economía en el escenario internacional. Y este proceso no depende ni del embargo ni del bloqueo, sino de la capacidad de las empresas para lograr dicho objetivo. Nadie mejor que las empresas para conocer sus limitaciones y fortalezas y, si se las dota de autonomía, recursos y un marco jurídico adecuado para ejercer los derechos de propiedad privada, pueden asumir los retos que necesita la economía cubana.

La fórmula es muy simple. Para atraer las inversiones extranjeras realmente transformadoras que aporten tecnología e incrementen el valor añadido, son las empresas y no el estado el que debe relacionarse con el capital internacional. Al estado le corresponde dar el impulso público al sector industrial y sus empresas, debidamente gestionadas con criterios de eficiencia y sostenibilidad, para que encuentren contrapartes con los que hacer negocios y aumentar la escala de la producción. Cuanta menor sea la intervención directa del estado, mejor.