| Para la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, es un hecho indiscutible que no se está respetando el debido proceso en el caso del líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.
En entrevista concedida a DIARIO DE CUBA, Diversent afirmó que el simple elemento de que la familia no haya podido tener comunicación estable y suficiente con Ferrer es una clara evidencia.
“No se le ha respetado su derecho a comunicarse con ellos (la familia)”, dijo la abogada. Recordó además que, durante un mes, Ferrer estuvo completamente incomunicado y sus allegados ni siquiera tenían certeza de su lugar de reclusión. Esto puede considerarse “un secuestro”, consideró.
Existe una “desaparición forzada” cuando “una persona es privada de su libertad por agentes del Estado y no se da información sobre su paradero ni se sabe en qué condiciones está”, explicó Diversent.
Tras el mes de incomunicación, el régimen permitió a la esposa y dos hijos de Ferrer verlo. Pero la visita quedó interrumpida cinco minutos después de haber empezado, cuando el líder de la UNPACU comenzó a mostrar a sus allegados huellas de torturas en su cuerpo, según relató su esposa, Nelva Ortega.
Y “todavía no tiene una comunicación efectiva con la familia”, apuntó Diversent.
En cuanto a la solicitud de Habeas Corpus presentada por opositores y familiares de Ferrer, la abogada señaló que, pese a que la ley estipula que se dé una respuesta rápida, las autoridades se demoraron en exceso para responder negativamente en primera instancia. En segunda instancia aún no han ofrecido respuesta.
Este recurso no protege contra las detenciones arbitrarias ni las desapariciones forzadas “porque la ley autoriza a los agentes policiales detener cualquier persona sin orden ni autorización judicial”, advirtió Diversent.
Aunque la Policía y la Fiscalía disponen de 60 días para la investigación del caso, este periodo puede prorrogarse varias veces. “Los cubanos no tienen prácticamente ningún derecho ni garantías cuando están siendo investigados por la Policía”, aseguró Diversent y puso como ejemplo las encuestas realizadas a 30 personas víctimas de detenciones forzadas. Al 95%, los agentes no les informaron la causa de su detención al momento de producirse.
Pese a que la nueva Constitución reconoce el derecho de las personas a no ser sometidas a desapariciones forzadas, torturas ni tratos crueles, la directora de Cubalex explicó que no hay garantías, porque sin una ley por la cual se pueda exigir, ese derecho es letra muerta.
“Solo con el Habeas Corpus se puede lograr que el tribunal entre de alguna forma en el caso antes de ser presentado por la Fiscalía, pero si no lo hace de fondo es por gusto e inefectivo”.
“Y en un caso de índole político, como el de José Daniel Ferrer, es totalmente inefectivo. Por eso la única salida ha sido recurrir a la jurisdicción internacional como hicimos ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para lograr que exigieran al Gobierno cubano el respeto por los derechos de Ferrer y su propia vida”, aclaró.
Interrogada sobre si, entonces, el Estado de Derecho socialista es letra muerta, una especie de adorno constitucional, o es realmente posible en Cuba bajo el sistema de partido único, Diversent opinó que el “Estado de Derecho es un concepto claro y que el apellido ‘socialista’ incluido en la Constitución es irrelevante”.
“Lo que determina que en Cuba no exista es que no hay división de poderes que ejerzan frenos y contrapesos unos con otros”, dijo.
“Por otro lado, el partido único está por encima del propio Estado en la práctica y en la propia Constitución, lo cual anula todos los derechos civiles y políticos del resto de los ciudadanos”.
A juicio de Diversent, la mayor esperanza en el caso de Ferrer radica en que son muchas las voces en el mundo que abogan por su liberación. Su alto perfil “ha ayudado a revelar al mundo las violaciones que se producen en Cuba al debido proceso y la ausencia de un Estado de Derecho”.
No obstante, la abogada recordó que la pena de 25 años que recibió Ferrer en la Primavera Negra de 2003 no fue conmutada, sino que fue liberado por “licencia extrapenal”, una medida que podría ser revocada.
Por tanto, si fuese juzgado y condenado ahora, podría sumársele el tiempo que le queda por cumplir de la pena anterior al de la nueva condena. “Son hipótesis, porque todo es muy oscuro”. |
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