| Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no habrá ninguna declaración oficial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ni del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) que condene el acoso contra periodistas independientes, activistas por los derechos humanos y luchadoras antirracistas.
A pesar de saber ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el régimen cubano persigue y hostiga impunemente a periodistas, activistas y disidentes.
Desde 2016 a 2018, en la Isla “las mujeres sufrieron mayores niveles de represión que los hombres. A pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor, [ellas] sufren mayor cantidad de actos de hostigamiento”, asegura el informe Graves violaciones de derechos humanos en Cuba, del independiente Centro de Información Legal Cubalex, publicado en 2019.
Las principales amenazas contra ellas se dirigen a sus familiares e incluyen la posible pérdida de la guarda y cuidado de sus hijos menores de edad, comentó a DIARIO DE CUBA la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex.
Durante el interrogatorio ―la forma de hostigamiento más común en Cuba, según las pesquisas de Cubalex― las mujeres resultan mucho más vulnerables de acuerdo con modelos de género tradicionales donde ellas suelen ser las “cuidadoras” de su familia.
“Amenazan a sus seres queridos. Violan su privacidad. Las obligan a desnudarse de una forma mucho más encarnizada que a los hombres”, especificó Diversent.
El pasado fin de semana, la periodista Luz Escobar, del diario digital 14ymedio, intentó salir de su domicilio con sus dos hijas menores de edad, pero un agente de la Seguridad del Estado les impidió abandonar la casa y las mantuvo bajo arresto domiciliario.
A Escobar también se le niega el derecho a viajar fuera de Cuba desde mayo de 2019. El Ministerio del Interior mantiene “regulaciones migratorias” sobre numerosas periodistas y activistas para impedir su participación en foros internacionales o talleres de superación profesional.
“En el último año la violencia de género contra periodistas y activistas se ha incrementado”, dijo Escobar a DDC. “A la represión habitual contra activistas de grupos opositores como a la UNPACU y las Damas de Blanco, se ha sumado la represión contra artistas, periodistas y activistas que promueven agendas contra el racismo, la discriminación de las mujeres o la comunidad LGBTI”, añadió.
“Lo peor de todo es que estamos totalmente indefensas frente a un Estado cómplice. Estos actos de represión se dan en un escenario de total impunidad: no tiene sentido que vaya a la unidad de Policía a denunciar al ‘seguroso’ que me impide salir de mi casa porque no atenderían el caso”.
A principios de este año la periodista de DIARIO DE CUBA Adriana Zamora tuvo que partir al exilio junto a su familia. Desde que en 2018 quedó embarazada, la policía política amenazó su vida y la de su bebé.
Estando en el hospital ingresada para dar a luz, el régimen obligó a la dueña de la casa que alquilaba a expulsarla. Tras salir del hospital, Zamora y su esposo, el también periodista de DDC Ernesto Carralero, fueron amenazados con la cárcel y con que no verían crecer a su bebé.
La pasada semana, la activista Marthadela Tamayo, miembro de la Red de Mujeres por la Igualdad del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), fue detenida por cuarta vez desde septiembre. Igual que Nancy Alfaya, otra defensora de los derechos de las mujeres, en el último año Tamayo ha sido blanco de una escalada de amenazas, prohibiciones de salida del país y detenciones arbitrarias.
Este lunes, el CIR emitió un comunicado donde condena “la espiral de violencia practicada por agentes del Estado contra mujeres activistas que tratan de empoderar desde las buenas prácticas mecanismos para enfrentar la violencia de género”.
Las prácticas de violencia política ejercidas por agentes de la Seguridad del Estado y denunciadas por el CIR incluyen hostigamiento, detenciones arbitrarias, operativos policiales, criminalización de las activistas, control de la movilidad, violencia psicológica e intimidación.
Por su parte, el pasado 21 de noviembre trascendió que 40 mujeres cubanas entregaron una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Poco después, varias periodistas y activistas en las redes sociales han criticado que la solicitud no incluye el nombre de defensoras de los derechos de las mujeres opositoras o disidentes.
“Hay que recordar también que la violencia política contra las mujeres por las fuerzas represivas de un poder patriarcal es una forma de violencia de género, y cualquier Ley que se haga contra la violencia de género, debe contemplar las múltiples formas en que esta se manifiesta, o será una Ley mutilada desde su nacimiento”, publicó en Facebook Ileana Álvarez González, directora de la revista feminista Alas Tensas. |
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