Más de 90.000 personas están en prisión en Cuba, donde entre el 92 y el 93% de los ciudadanos juzgados son declarados culpables, informaron este lunes las organizaciones Cuban Prisoners Defenders y Civil Right Defenders en una rueda de prensa realizada este lunes en Madrid.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, y Erik Jennische, director para Latinoamérica de Civil Rights Defenders, presentaron un análisis de datos obtenidos de documentos oficiales cubanos, como un informe fechado en junio de 2019 cuya procedencia se negaron a revelar, y fichas de prisioneros.

Según esos datos, además de los 90.000 presos hay 37.458 personas “en otras situaciones de control judicial y policial”, lo que da un total de 127.458 condenados.

Cuba es “el primer país por (número de) personas privadas de libertad del mundo”, teniendo en cuenta su población de 11 millones de habitantes, consideran Prisoners Defenders y Civil Right Defenders. La Isla estaría por delante de Estados Unidos, El Salvador y Turkmenistán, cuyos datos han sido publicados por el World Prison Institute for Crime and Justice Policy Research.

Dentro de los encarcelados en Cuba, 38.000 carecen de antecedentes penales o estos han sido desechados previamente. “Es decir, hay un grupo imponente de personas que como primera sanción penal están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema, y realmente inusual en la mayoría de sistemas penales”, señalan las organizaciones.

Detallan que en Cuba se inician más de 32.000 causas penales cada año, que afectan a entre 35.000 y 40.000 personas. De ellas, entre 32.000 y 37.000 son declaradas culpables anualmente (92%-93%) y, de esos ciudadanos, el 69% recibe condenas de privación de libertad (de 22.000 y 25.500).

Asimismo, más de 50.000 personas reciben sanciones administrativas (multas y decomisos).

Como caso alarmante, Prisoners Defenders y Civil Right Defenders mencionan a los sentenciados por “conducta antisocial”, porque el índice de culpabilidad llega al 99,5%. Esos reos tienen además menor acceso a excarcelaciones anticipadas.

En las fichas de presos obtenidas y publicadas por las organizaciones (que protegieron la identidad de los condenados) se repiten elementos como falta de vinculación laboral y con las llamadas organizaciones de masas (controladas por el régimen), ser “proclive al delito” por asociarse con “personas similares”, practicar el “asedio al turismo” y alterar el orden público, como argumentos para condenar a ciudadanos a penas de hasta tres años de prisión por un supuesto “índice de peligro”.

Esta fórmula, conocida como “peligrosidad social predelictiva”, ha sido aplicada con frecuencia a opositores y críticos del Gobierno para sacarlos de las calles.

La tendencia represiva, la consecuente superpoblación carcelaria y los costes que esta conlleva, obligan al Gobierno a “aliviar” las prisiones periódicamente, indican las organizaciones.

Unos “21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba”, precisan. A ello “se suma al drenaje carcelario anual que se sitúa entre los 2.000 y 3.000 presos liberados por indulto presidencial”.

El juego represión-drenaje carcelario “sirve al propósito del Ministerio del Interior de mantener el orden mediante el rigor penal, al tiempo que no se aumentan en exceso los gastos”, consideran.

Sin embargo, advierten las organizaciones, del total de las personas que van a extinguir sus condenas en libertad controlada (31%), en torno al 8,8% vuelve a prisión por “cualquier falta que cometan en el período de la ejecución” o “algún otro interés policial”.

Así, al final de cada año, el 71,73% de los sancionados en cada período “termina dentro de las cárceles” y establecimientos construidos para la reclusión.