MADRID, España.- Las cárceles de Cuba albergan más de 90 000 personas, lo que equivale a 794 reclusos por cada cien mil habitantes, que sería la ratio más alta del mundo, según denunció este lunes el presidente del grupo Prisoners Defenders, el español Javier Larrondo, en rueda de prensa.

Son datos “oficiales” de la Dirección General de Prisiones de Cuba y otras fuentes a los que tuvo acceso esta organización, según Larrondo.

De esos más de 90 000 presos, según esta organización, 38 000 “carecen de antecedentes penales”, lo que supone que “hay un grupo imponente de personas que, como primera sanción penal, están siendo privados de libertad, algo de una rigurosidad extrema y realmente inusual en la mayoría de sistemas penales.

Además, otras 37 458 personas están en otras situaciones de “control judicial y policial”, como arrestos domiciliarios, según Prisoners Defender, una ONG de derechos humanos presidida y fundada por el hispanocubano Javier Larrondo, un inversor y ejecutivo empresarial.

De los reclusos denominados “antisociales” por “comportamiento contrario a la moral socialista” (“vagos y maleantes”), 8 400 están condenados en procedimientos “inquisitoriales” a penas medias de 2.5 años de prisión y 2 500 recluidos “domiciliariamente o con trabajos forzados”.

Larrondo calculó que los presos disidentes y opositores pueden estar en torno al millar de esos 8 400 condenados, de los que 123 pertenecen a organizaciones de activistas.

En términos generales, 23 000 y 37 000 personas son declaradas culpables anualmente y el 69 % son condenadas a penas de privación de libertad. Al mismo tiempo, 21 600 reclusos comunes son excarcelados anticipadamente cada año debido a la “superpoblación carcelaria”, además de “entre 2 000 y 3 000” presos liberados por indulto presidencial.

Diálogo Nacional

En la presentación, el jurista cubano Edel González planteó una propuesta de “diálogo inclusivo interno nacional” entre el Estado, opositores, disidentes y sectores sociales para la regulación de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico cubano.

Pero este expresidente del Poder Judicial Provincial y Reserva Especial para Dirección del Tribunal Supremo rechazó cualquier injerencia exterior en este proceso, que debe ser “soberano, libre y transparente”.

El jurista planteó la “revisión judicial efectiva” sobre privaciones de libertad y otras sanciones por razón de conciencia o posición política.

Recalcó que la disidencia y la oposición y la conflictividad “crecen” en Cuba a niveles denunciados por el Parlamento Europeo y varias ONG, lo que puede llegar a un punto de “estallido social” si la “diversidad” cubana no es integrada a tiempo.

En Cuba no hay impunidad ni interferencias en la Justicia, aseguró González basado en su experiencia personal, pero cuando se trata de casos políticos hay “autobloqueo” que “puede minimizar” la capacidad de acción del juez, admitió.

EFE