LA HABANA, Cuba. – El año 2019 figura entre los peores de la última década. La gestión de Miguel Díaz-Canel ha sumado a las insatisfacciones antológicas una creciente decepción por la demora de las transformaciones pronosticadas; y lo poco realizado hasta el momento, ha demostrado ser una cortina de humo tras la cual se solapan penurias mayores.

Social

Enero abrió con el paso de un tornado por la capital, dejando cuantiosos daños materiales y miles de damnificados. En medio de la crisis que arrastra Cuba desde hace décadas, el gobierno de Díaz-Canel procuró dar una respuesta eficaz que se estrelló contra el deterioro acumulado de edificaciones e infraestructuras. A la fecha, son muchos los afectados que no han recuperado sus viviendas.

El 24 de febrero tuvo lugar el referendo constitucional en el cual quedó aprobada, con elevadas cifras de abstención y rechazo, la nueva carta magna; un sufragio que no contó con observadores internacionales y cuyas irregularidades fueron denunciadas a través de medios independientes. La Constitución, proclamada el pasado mes de abril, establece -al menos en papel-, importantes avances en materia de derechos civiles, como el reconocimiento a la libertad de expresión, asociación y prensa. Tales postulados, sin embargo, contrastan con la escalada represiva por parte del régimen hacia la prensa independiente, opositores y activistas pro derechos humanos.

A pesar de la hostilidad, la sociedad civil ha expresado su descontento con la toma de decisiones y la aprobación o exclusión de leyes sin contar con la opinión popular. En el mes de abril, un nutrido grupo de activistas por los derechos de los animales realizó una caminata autorizada para condenar el maltrato animal y exigir la aprobación de una Ley de Protección que garantice el derecho de los animales a una vida digna.

En mayo aconteció la histórica marcha de un grupo de la comunidad LGBTI en respuesta a la cancelación, por parte del CENESEX que dirige Mariela Castro, de la tradicional Conga contra la Homofobia. Convocado a través de las redes sociales, el primer desfile sin autorización en seis décadas tomó el Paseo del Prado hasta la calle San Lázaro, donde fue interceptado por numerosos efectivos de la PNR y la Seguridad del Estado, provocando que la pacífica iniciativa desembocara en un nuevo capítulo de represión.

En agosto, a raíz de las nuevas leyes emitidas sobre la autorización y regulación de las redes inalámbricas privadas, cientos de usuarios de SNet (Street Network) se reunieron frente al Ministerio de Telecomunicaciones para exigir que la red independiente no fuera penalizada. Aunque la protesta fracasó debido a la presión ejercida por la policía política sobre sus principales gestores, se enmarca dentro de las acciones de la sociedad civil para hacer valer sus derechos.

A lo largo del año ocurrieron estallidos sociales en varias zonas de Cuba y por diversas razones; entre ellas la escasez de agua potable y la precaria situación de familias que viven hacinadas en albergues o viviendas en pésimo estado constructivo. Pero el asunto más espinoso que debió sortear el régimen fue la muerte de la niña Paloma Domínguez Caballero, producto de la incorrecta manipulación de una dosis de la vacuna RPS. El lamentable suceso que sacudió las redes sociales, puso el foco sobre las denuncias de maltrato, negligencia y mala calidad en los servicios e instalaciones del sistema de salud pública.

Represión

Acoso, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, allanamientos, decomisos, regulaciones y encarcelamientos marcaron uno de los años más duros para quienes no apoyan al régimen.

En abril fueron condenados a prisión los pastores evangélicos Ramón Rigal y Ayda Expósito por querer educar a sus dos hijos en casa. El abogado y periodista de CubaNet, Roberto Jesús Quiñones Haces, quien había acudido al juzgado para reportar el caso, fue brutalmente golpeado por agentes de la policía y encerrado durante cinco días, tras lo cual fue sancionado a un año de privación de libertad en la prisión provincial de Guantánamo, donde sufre constantes violaciones a sus derechos.

Este episodio de represión, conjuntamente con el encarcelamiento en octubre del opositor José Daniel Ferrer -líder de UNPACU-, han sido los más difundidos en 2019, generando denuncias por parte de organismos internacionales y un permanente estado de opinión en las redes sociales. La repercusión del caso Ferrer ha obligado al régimen a dar respuesta, aunque vaga y manipulada, desde su propia plataforma mediática; un hecho sin precedentes que ha redoblado la atención de los cubanos, dentro y fuera de la Isla, hacia el proceso penal “construido” por la Seguridad del Estado para condenar al opositor más activo en Cuba.

Otros crímenes contra la disidencia han sido la muerte en prisión de Armando Sosa Fortuny, el preso político más anciano (76 años), y el deterioro de la salud de la Dama de Blanco Xiomara Cruz, aquejada por una enfermedad contraída en la cárcel, a la cual no se le habría brindado la atención médica requerida.

De forma menos visible, la persecución contra voces críticas se ha verificado también en centros de altos estudios, con la expulsión de varios profesores debido a su postura ideológica, definida por la Viceministra de Educación como “no acorde a los principios de la Revolución”. Sus palabras evidencian la vuelta a una retórica de intolerancia que se creía apaciguada, y cuya esencia se resume en la excluyente noción de que “la universidad es para los revolucionarios”

A punto de concluir el año fue aprobado el Decreto-Ley No. 389, que permitirá la vigilancia electrónica sin emisión previa de orden judicial. Con este apartado se legaliza una práctica invasiva y violatoria de las garantías ciudadanas que el régimen ha implementado a voluntad durante décadas.

Entre la variedad de fórmulas utilizadas para reprimir a la oposición política y la sociedad civil, la más socorrida ha sido la “regulación por motivos de interés público”, una medida que se aplica de forma discrecional para impedir que activistas, periodistas independientes y opositores puedan salir al extranjero, aunque se trate de motivos familiares. A la fecha, la lista de “regulados” cuenta alrededor de 200 personas impedidas de viajar, sin que pese sobre ellas ninguna de las razones legalmente establecidas para imponer tal prohibición.

Política y Economía

La estrecha relación entre estos dos ámbitos ha alcanzado un nivel crítico para Cuba, debido a la insolvencia propia del sistema y el fortalecimiento del embargo. Por primera vez se activó el título III de la ley Helms-Burton, cuyo contenido ha frenado la inversión extranjera, afectando directamente a la industria del turismo.

Las restricciones al envío de remesas, la falta de liquidez del régimen y la aplicación de sanciones contra el envío de crudo venezolano hacia Cuba, derivaron en la llamada “situación coyuntural” anunciada por Miguel Díaz-Canel en el mes de septiembre. La escasez de combustible trajo consigo un férreo plan de ahorro para los sectores presupuestado y empresarial con el fin de evitar apagones en el sector residencial; así como la disminución del transporte público urbano y los viajes de ómnibus interprovinciales.

Si bien la situación se alivió a mediados de octubre, la debacle venezolana, la improductividad nacional y la probabilidad de que Donald Trump sea reelegido en 2020 han obligado al régimen a diseñar nuevos experimentos para obtener liquidez. A pesar de que por el momento se descarta la dolarización de la economía, en noviembre abrieron las primeras tiendas para el comercio electrónico con tarjetas magnéticas en divisas; una opción bien recibida por quienes perciben ingresos y remesas en moneda fuerte, grupo minoritario en comparación con los que deben hacer toda clase de recortes en la economía doméstica para garantizar apenas la alimentación.

El aumento de salarios y pensiones, sumado al tope de precios de algunos productos muy demandados por la población, trajo esperanza y alivio momentáneos para los trabajadores del sector presupuestado. Pero el inevitable hundimiento de la economía sujeta a un sistema político incapaz de generar bienestar, continúa disparando la inflación como consecuencia del desabastecimiento de productos nacionales y la disminución de bienes importados; lo cual ha terminado convirtiendo el incremento salarial en una solución simbólica.

Desde principios de diciembre se ha intensificado el rumor de que en 2020 ocurrirá la unificación monetaria; un proceso complejo para el cual Cuba no está preparada y cuyos efectos golpearán severamente las finanzas en todos los niveles. Para aguantar el impacto, se prevé un nuevo aumento de salarios y la eliminación de subsidios.

El enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha obligado al régimen a buscar desesperadamente otras alternativas para sostenerse. La visita del Premier ruso, Dimitri Medvédev, trajo proyectos de colaboración que poco modificarán el estado de las finanzas del país; en tanto los reyes de España vinieron en plan estratégico diseñado por Pedro Sánchez, para asegurar los intereses de los peninsulares en Cuba.

Por otro lado, el ascenso de la derecha en el cono sur ha cortado importantes fuentes de ingresos en divisas al régimen. Con la caída de Evo Morales, la misión médica cubana salió de Bolivia, disminuyendo aún más la presencia y los intereses del socialismo antillano en América Latina.

A finales de noviembre, el Parlamento Europeo condenó mediante una Resolución el retroceso de Cuba en materia de garantías civiles y criticó duramente las acciones represivas en contra de opositores, activistas y periodistas independientes, reclamando la inmediata liberación de José Daniel Ferrer. Los términos de la Eurocámara fueron rechazados por el régimen, que con su reluctancia arriesga la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en julio de 2017, gracias al cual ha obtenido considerables ventajas económicas sin hacer la menor concesión en cuanto a derechos políticos.

El panorama descrito se desarrolló en el marco de las celebraciones por el aniversario 500 de La Habana; un pobre agasajo que no hubiera sido posible sin la ayuda solidaria de países no arruinados, que proveyeron desde camiones destinados a la recogida de desechos sólidos, hasta el oro que viste la cúpula del capitolio para emperifollar a un gobierno repartidor de pobreza. El onomástico capitalino presenció, en medio del profundo desabastecimiento a nivel nacional, la histórica “Batalla de Cuatro Caminos”; un hecho de rotunda indisciplina social que tuvo lugar el mismo 16 de noviembre, derribando cada palabra dicha por el régimen sobre la supuesta unidad, solidaridad y cultura que priman entre los cubanos.

El 2019 ha sido un año gris; pero la adversidad ha fortalecido el activismo en favor de una verdadera democracia, y la sociedad civil ha comenzado a remover barreras para empoderarse ante situaciones de urgencia que reclaman acciones a nivel nacional. Después de 40 años, el régimen ha nombrado un Primer Ministro comprometido con la casta verde olivo; y desde Miami el influencer Alexander Otaola convoca a precipitar la debacle del totalitarismo más antiguo de la región.

En las calles, los cubanos entrevistados por el equipo de CubaNet no logran decidir si este año ha sido más o menos propicio que el anterior. Admiten, a lo sumo, que son muchos los problemas acumulados; y en el intento por comprender esta ruda e interminable circunstancia, aflora el profundo pesar que los agobia. Con miras al 2020 ansían lo mejor, pero sin esperanza; pues saben por experiencia que cada año es peor para los que decidieron quedarse.

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