LA HABANA, Cuba. – El pasado viernes —¡por fin! — el diario Granma se animó a ofrecer alguna información sobre la escandalosa violación de una niña perpetrada en Santiago de Cuba, así como sobre la consiguiente protesta popular. Quebrantando las reglas del buen quehacer periodístico, antes había insertado un artículo de opinión consagrado al tema, pero sólo ahora, con la firma de José Llamos Camejo, cubrió la noticia.

En cualquier lugar del mundo, el oficio de policía no resulta precisamente atractivo. Desempeñar funciones que, para mantener el orden, requieren que se llame la atención a quienes contravienen la Ley o que se les reduzca a prisión en los casos más serios, no representa una opción que seduzca a los adultos que procuran abrirse camino en la vida.

Esas afirmaciones, que poseen validez general, cobran una vigencia aún mayor en aquellos sitios en que la función policial va acompañada por la corrupción, el descaro, la incompetencia y la grosera imposición. En estos casos, no es raro que las personas decentes abominen y aun huyan de los llamados “agentes del orden” y de su actuación.

En Cuba, por tradición, el oficio de policía era considerado “la última carta de la baraja”. Y conste que hablo de la época en que Fidel Castro y su tropa no soñaban siquiera con trepar al poder. Ese rechazo ha crecido en los últimos decenios: En La Habana, por ejemplo, ante la renuencia de los lugareños a vestir el uniforme azul, los nuevos reclutas provienen en su mayoría de provincias lejanas, y se incorporan a filas para lograr vivir en la añorada capital.

Además, en nuestro país, la policía está obligada —como cosa de rutina— a efectuar actividades no vistas en otras latitudes. Se trata de realidades que responden a la demostrada vocación totalitaria del régimen. Por ejemplo, reprimir a un ciudadano por expresarse en contra del gobierno (algo impensable en casi todo nuestro Hemisferio) constituye algo habitual para nuestra PNR (Policía Nacional Revolucionaria).

En ocasiones, esa represión alcanza extremos insólitos. Citemos el caso del abogado y periodista independiente Roberto Quiñones, detenido y esposado con las manos a la espalda, y acto seguido arrastrado y vapuleado hace unos meses ante el Tribunal Municipal de Guantánamo, en pleno día y en presencia del numeroso público agolpado ante ese edificio judicial.

Por supuesto que los castristas, convencidos de gozar de impunidad, pueden dar por buenos los excesos perpetrados por sus corchetes. Es posible incluso que, como sucedió con Quiñones, los tribunales actuantes, sin oír siquiera a uno solo de los numerosos testigos de los hechos, envíen a prisión al acusado basándose en el solo dicho mentiroso de los agentes.

¿Pero será tan grande su despiste que crean que los guantanameros acepten que la policía actuó de manera justa! ¡Por supuesto que la generalidad de los ciudadanos nada dirá de manera pública! En definitiva, procuran evitarse problemas con el poder. ¡Pero claro que todo el que presenció lo sucedido, lo comentó con parientes, amigos y vecinos! ¡Y por supuesto que, de ese modo, la verdad se abre paso y crece el rechazo popular hacia ese cuerpo represivo!

Situaciones similares se han producido también en Santiago de Cuba. La segunda ciudad de la República es el centro de la intensa actividad desplegada por la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), la organización contestataria fundada por José Daniel Ferrer. La represión ha sido intensa contra esos valientes compatriotas. Los abusos han sido muchos. Y mucho es también el repudio ante esa actuación policial.

Pero no es imprescindible buscar otros sucedidos que nos sirvan como antecedentes. En el mismo desorden producido a raíz de la violación, las versiones que se dan son contrapuestas. El escribidor del Granma de este sábado, invocando al segundo jefe de la policía en Santiago, afirma que “en ningún momento las fuerzas del orden público maltrataron a la población”.

Pero bien distinta es la versión que da la prensa independiente sobre la llegada al lugar de los llamados “boinas negras”. De éstos se afirma que arremetieron de forma brutal e indiscriminada contra los ciudadanos que condenaban la violación de la niña.

En resumidas cuentas, un fiscal provincial anuncia ahora “que tanto el violador de la menor, como los individuos que aprovecharon la indignación del pueblo para armar desorden serán procesados”.  Los represores santiagueros —pues— ponen en plano de igualdad la salvaje agresión sexual contra una chiquilla y los actos de protesta de quienes ahora son calificados como “elementos inescrupulosos y oportunistas”.

La opinión pública deberá mantenerse atenta al ulterior desarrollo de los acontecimientos. Es de suponer que, al determinar qué otros ciudadanos comparecerán acusados ante los tribunales, se hará una previa selección. Cabe esperar que, al escoger, salgan beneficiados quienes posean la patente de corso actual: “integración revolucionaria” es el nombre que le da la neolengua castrista.

Por el contrario, lo único razonable es suponer que las exigencias ascenderán al límite cada vez que el aludido sea uno de esos ciudadanos a quienes los “factores” les cuelgan el comprometedor sambenito de “desafecto”. Me atrevo a augurar que los que merezcan este calificativo serán los candidatos predilectos a pagar los platos rotos.

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