| El régimen comunista ha puesto su punto de mira en la venta de alimentos por parte de los carretilleros, para, según dicen “proteger a la población de quienes quieran sacar provecho de esta necesidad básica”. Creo que las intenciones van por otro camino. De algún modo, alguien en la dirección comunista quiere acabar con estas fórmulas comerciales, eficientes y de gran atractivo para la población.
Y para tal fin, han creado en Cienfuegos una especie de task force para librar una batalla contra los carretilleros, integrada por el Grupo de Enfrentamiento del Gobierno Provincial, la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección Integral de Supervisión, la Unidad Estatal de Tráfico, la Delegación de la Agricultura, Inspección Estatal (inspectores azules del Transporte) y la Oficina Nacional de Inspección Pesquera, entre otras. Igual que si se tratase de un grupo de criminales. Increíble.
La nota de Granma se refiere a Cienfuegos, donde están oficialmente registrados 635 carretilleros, cuya misión según el régimen “es acercar los productos agropecuarios a los barrios, a las familias, para comodidad de las personas, con prestación ambulatoria, similar al vendedor de pan. Su operatoria consiste en adquirir su mercancía en la red minorista (puntos de venta, placitas, organopónicos)”.
Sin embargo, los controles realizados por los órganos de vigilancia han puesto de manifiesto que no siempre es así. Se han detectado, dice Granma, “camiones que trasladan mercancías en grandes cantidades y suministran a los carretilleros, en lugar de cumplir con el destino real de tales producciones. Se han identificado algunos de esos almacenes clandestinos. Estos lugares son un problema: alimentan la reventa y traen consigo el acaparamiento, con el desvío de productos contratados de antemano por Acopio e incluidos en su balance de distribución”.
¿Un problema?¿Qué problema hay con estas prácticas? ¿Que no cumplen lo reglamentado? Pues pregunten por qué ocurre esto, antes de criminalizar a nadie. No hay más que comprobar la cuota de mercado en las ventas de productos agropecuarios de las formas comerciales autorizadas por el régimen comunista en Cuba entre 2015 y 2019.
Los carretilleros han sido los principales perjudicados de la evolución de las ventas, porque de representar un 22,2% del total de ventas en 2015 han pasado al 13,8% del mismo en 2019. Su capacidad de servicio se ha visto comprometida a favor de las tiendas estatales (de 39,2% en 2015 a 45% en 2019), los mercados de oferta y demanda (de 8,5% en 2015 a 9,8% en 2019) o los puntos de venta (de 24,7% en 2015 a 25,6% en 2019).
La anunciada batalla sin cuartel de la task force represiva del Gobierno contra los carretilleros y las casas-almacenes, que reciben los productos agropecuarios en su mayoría de manera ilegal, sin papeles, sin pasar por los canales pertinentes como la Agricultura o Acopio, pasa por ser el tipo de operación que justifica el desmedido gasto en Policía y Seguridad del Estado en Cuba, del que ya no se ofrecen estadísticas oficiales en ONEI. ¿Qué pretenden?¿Tal vez acabar con los carretilleros y borrarlos del mapa?
Para empezar, habría que poner en duda si, como dice Granma, estas prácticas realmente “encarecen el consumo de alimentos del pueblo y perjudican la red de abastecimientos”. Lo que hay que tener en cuenta es que si el pueblo recurre a ellas, es por algún motivo. Nadie da nada gratis, y cuando en el establecimiento estatal no hay nada para comer, hay que “resolver”. Este, y no otro, es el origen del problema. De modo que si en la bodega estatal semiderruida, que vende la canasta normada, no hay piña, malanga, col, yuca, ajíes o tomates, la gente tiene que recurrir al carretillero que se abastece en las casas-almacenes, donde puede obtener precios mejores, y poco importa la documentación o el papeleo de marras exigido por las autoridades comunistas. Nadie se ha puesto enfermo por consumir los productos de los carretilleros. Cualquier invención es pura retórica comunista.
El régimen tiene así con qué entretenerse, pero este enfrentamiento encarnizado contra una red de distribución y comercialización que da de comer de forma eficiente a la población, y atiende sus necesidades, puede acabar mal, como se ha visto recientemente en altercados callejeros grabados por los teléfonos móviles de ciudadanos que están hartos de la represión policial.
Las autoridades creen que obligando a llevar chapillas de identificación a los carretilleros pueden poner coto al asunto. Gran error, porque este tipo de controles puede provocar un mayor auge de la economía informal, con la aparición de vendedores ilegales que harán la competencia a aquellos que pagan sus impuestos y entonces, ni siquiera las multas servirán para nada. No parece que más control sea la solución.
La solución alternativa pasa, como en tantos otros ámbitos de la economía, por consolidar aquello que funciona bien. Si las casas-almacén y los carretilleros dan solución a los problemas diarios de alimento de la población, déjenlas funcionar, e incluso que aumenten la escala de sus operaciones para que puedan ser más competitivos. Si quieren, hagan controles sanitarios, todo lo que vaya en beneficio de la población será bien recibido, pero no castiguen ni eliminen a estos emprendedores que están actuando de forma correcta, en un capítulo fundamental para el bienestar de la población.
La gente protesta cuando observan cómo se producen los decomisos de la mercancía que van a comprar por los inspectores y vigilantes. A nadie le gustan estas prácticas, e incluso, las protestas llevan a los carretilleros a tirar su valiosa mercancía. Las detenciones a conductores de camiones cargados de mercancía, provocan los mismos problemas de siempre: desabastecimiento y malestar de la población, unido a las sanciones a los chóferes, que pierden así el sustento de sus familias por lo elevado del importe de las multas.
Las autoridades deben saber que las insatisfacciones de la población irán en aumento si se continúa esta batalla contra los carretilleros, que provoca el desabastecimiento de los mercados agropecuarios e incrementa los precios de forma excesiva. La propaganda va a servir de poco porque la gente ya está harta. La razón económica se tiene que acabar imponiendo y lo que funciona debe mantenerse e incluso potenciar por el bien de la población.
Llevado a términos extremos, cabría pensar que a la gente le importa más bien poco que unos cuantos operarios del sector obtengan beneficios con sus actividades, mientras que puedan dar servicio a las necesidades diarias de alimentación, que el estado, obviamente, no atiende. La carretilla no es ninguna trampa y su práctica, tampoco es delito. Por el contrario, puede ser el origen de fórmulas comerciales que contribuyan a “destrabar” muchos de los problemas de la economía. Sucede que al régimen esto parece no gustarle, y prefiere acabar con ellas antes. Los cubanos deben saber que una política económica alternativa es posible. |
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