Un fabricante extranjero niega a Cuba la venta de dos aviones para vuelos nacionales

DDC | La Habana

“Recientemente, teníamos comprados dos aviones para la transportación aérea, y recibimos una comunicación del fabricante terminando el contrato, sin haberlos entregado”, explicó el funcionario, quien achacó la medida a la aplicación de la Ley Helms-Burton por parte del Gobierno de EEUU.

Aunque Rodríguez Dávila no mencionó el nombre del fabricante, el periódico independiente 14ymedio aseguró este miércoles que podría tratarse de dos turbohélices ATR 72-600 de la empresa franco-italiana Avions de Transport Régional.

Además, el funcionario se refirió a la rescisión de dos de los contratos anunciados por la prensa oficial de la Isla hace dos años sobre la administración del aeropuerto internacional de La Habana y del aeródromo de San Antonio de los Baños.

Durante la emisión de la Mesa Redonda, el dirigente leyó fragmentos de una supuesta carta que habría enviado a las autoridades cubanas la compañía responsable de la cancelación del contrato, pero tampoco nombró a la empresa.

Según 14ymedio, se hacía referencia a Bouygues Batiment International, “una empresa francesa que en 2018 obtuvo la concesión del Gobierno para ampliar y gestionar los dos aeropuertos mencionados.

Por otro lado, el máximo dirigente del Ministerio de Transporte (MITRANS) dedicó la mayor parte de su comparecencia televisiva a justificar los perjuicios que ha ocasionado el embargo aplicado por Washington al régimen cubano y muy especialmente la Ley Helms-Burton, cuyos títulos III y IV fueron activados por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Este año [2019] se cancelaron los cruceros, se limitaron los vuelos desde los Estados Unidos hacia las provincias cubanas. Este último tema nos genera mayor congestión en la terminal aérea de La Habana y un mayor tráfico interno por carretera en el país”, aseguró.

Además, el funcionario dijo que la actual Administración de EEUU habría reducido al 10% ―antes se admitía hasta un 25 %, detalló― el máximo de componentes estadounidenses de un equipo para que pueda ser adquirido por empresas cubanas.

Durante su comparecencia, el funcionario también informó que el MITRANS estaba desarrollando un proyecto para la modernización de los principales talleres ferroviarios con “una importante compañía internacional”, pero “después de dos años de trabajo para su implementación” la empresa extranjera se habría retirado de Cuba “por temor a la aplicación de la Ley Helms-Burton”.

Según el ministro, su Gobierno tuvo que llegar a “comprar un barco completo con el combustible dentro ante la negativa del armador de atracar [en puerto cubano] con el carburante”.

Asimismo, Rodríguez Dávila usó las prohibiciones de los viajes de cruceros a la Isla, que eran una “fuente de trabajo” para las instalaciones portuarias y de “ingresos en divisas para las aspiraciones de desarrollo del sector”, para justificar la crisis del transporte en Cuba.

También, mencionó la prohibición de los vuelos comerciales y de compañías chárter a todas las provincias cubanas excepto a La Habana, una medida que habría empeorado la “compleja realidad” del transporte en la Isla.

Rodríguez Dávila informó que en 2019 la transportación de pasajeros decreció con respecto al año anterior. “Septiembre del 2019 fue el momento más crítico, se transportó menos del 70% de los pasajeros que se debía y aún no nos hemos recuperado”, especificó.

El funcionario también declaró que “la afectación no fue mayor” por las medidas tomadas por su Gobierno y la cooperación del pueblo “para contrarrestar los efectos” de tal situación.

También, reconoció que la indicación gubernamental de que los vehículos estatales debían contribuir al traslado de pasajeros en las paradas y puntos de recogida (los llamados “amarillos”) se había “resquebrajado”.

“El transporte público continúa con restricciones. Sin embargo, muchos vehículos que usan combustible administrativo, pasan vacíos y no tienen la conciencia de apoyar a esos otros cubanos que están en las paradas”, dijo.