La dualidad económica de Díaz-Canel

ORLANDO FREIRE SANTANA | La Habana

En lo concerniente al sector estatal, los gobernantes podrían clasificar como reformistas. El propio Díaz-Canel ha abogado en más de una oportunidad por eliminar las trabas que lastran el trabajo de la empresa estatal, y más recientemente se dio a conocer la próxima creación de las Empresas de Alta Tecnología (EAT), con el objetivo de promover el uso de la ciencia y la innovación en dichas entidades.

Las EAT recibirán beneficios tributarios y fiscales. Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplicará nuevas escalas de cargos y complejidades para que los trabajadores de las EAT accedan a salarios mayores que los del resto del sistema empresarial. Para la distribución de utilidades al final del año, los colectivos de las EAT no tendrán la cota máxima de cinco salarios medios que norma el desempeño de las demás empresas.

Sin embargo, semejante espíritu proclive a las reformas desaparece por completo en la política gubernamental hacia el sector no estatal. Lo mismo en el tratamiento a cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, y usufructuarios de tierras ociosas, el mandatario y su equipo son vistos como conservadores, o como suelen llamarlos algunos: talibanes de línea dura.

Durante la asamblea de balance del Ministerio de Finanzas y Precios se dijo que la descentralización en la formación de los precios había tenido “un camino torcido”. En consecuencia, y en aras de contrarrestar lo anterior, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, presente en dicha reunión, se inclinó por la proyección de una política de precios única e inclusiva, y no en función de los tipos de propiedad. Además, agregó que “el Gobierno tiene el derecho y el deber, en beneficio del pueblo, de dictar políticas de precios que guíen tanto al sector estatal como al no estatal” (Granma, edición del 24 de febrero).

Hasta ahora, la acción gubernamental en la fijación de precios en el sector no estatal —comúnmente conocida como el tope de precios— se había limitado a algunos renglones en los mercados agropecuarios de oferta-demanda, y últimamente a las tarifas que aplican los transportistas particulares.

Mas, de prosperar la sugerencia del ministro Gil Fernández, prácticamente desaparecerían los espacios del mercado en nuestra economía, ya que las autoridades se arrogarían la potestad de fijar los precios de cuanta actividad de cuentapropistas y cooperativistas les venga en ganas. Y no hay que olvidar que la propia Constitución de la República, en su artículo 18, reconoce la existencia de esos espacios.

Tampoco podemos pasar por alto las veladas amenazas del presidente Díaz-Canel contra los usufructuarios de tierras ociosas, proferidas durante la reciente vista gubernamental a la provincia de Cienfuegos. Ante la evidencia de que el territorio no cumplía con el plan gubernamental de producir mensualmente 30 libras per cápita de viandas, el mandatario se limitó a cuestionar la labor que desempeñan los referidos usufructuarios.

Con respecto al pretendido “beneficio del pueblo” que traerían los precios topados, ahí están los mercados agropecuarios desabastecidos, y la desobediencia de muchos taxistas privados —casi siempre negados a recorrer los tramos completos— a aplicar las tarifas máximas que les han fijado. El resultado: menos alimentos y menos taxis para el ciudadano de a pie.

Debido a la creciente importancia que la gestión no estatal va cobrando en el panorama económico de la Isla, es difícil imaginar que el país pueda avanzar de mantenerse la ojeriza gubernamental hacia ese emergente sector. Ello será así aun en el hipotético caso de que avancen las reformas en el sector estatal.