MIAMI, Estados Unidos. – Este 25 de marzo, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de Estados Unidos, acusó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de su país de delitos de terrorismo y narcotráfico.

Además de la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida a la persona que facilite información relacionada con las actividades de narcotráfico de Nicolás Maduro, el Departamento de Estado ofreció 10 millones en los casos de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ilegítima); el general retirado Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general (retirado) del Ejército de Venezuela; y Tareck El Aissami, actual ministro de Industria y Producción Nacional.

“El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo, y que no participe en el tráfico ilícito de narcóticos”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

“Mientras mantenían posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos” del país, agrega el comunicado.

No es la primera vez que el Gobierno de los Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar “un régimen corrupto y brutal” ni de proteger acciones de narcotráfico.

Washington encabeza la lista de países que respaldan al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país sudamericano.

La medida fue anunciada este jueves por William Barr, fiscal general de EE. UU. Además de Maduro, la acusación Washington también afecta a otros cuatro altos funcionarios venezolanos, incluido el ministro de Justicia del país.

El Programa de Recompensas invocado por Washington contra Maduro  fue establecido por el Congreso en 1986 como una herramienta para facilitar al Gobierno de EE. UU. la identificación de los principales infractores de las leyes antinarcóticos y someterlos a un proceso penal.

El programa otorga al Secretario de Estado la autoridad legal para ofrecer recompensas de hasta $ 25 millones por información que conduzca al arresto o condena de los principales narcotraficantes que operan fuera de la nación norteamericana, especifica el propio Departamento de Estado en su página web.

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