La economía cubana cierra 2019 con un ejercicio especialmente complicado.

Durante los primeros meses del año, la evolución de la economía se vio condicionada por las prioridades políticas derivadas de la celebración del referéndum para aprobar el nuevo texto constitucional que se había estado elaborando meses antes. Un texto que, básicamente, deja inalterado el vigente de 1976, con referencias concretas a la inversión extranjera y un reconocimiento parcial de la propiedad privada, por vez primera desde 1959. En esencia, nada cambia para que todo siga igual, en línea con la doctrina raulista que se instaló en el país tras el relevo de Fidel Castro.

De este modo, la nueva norma legal arrojaba por la borda las aspiraciones de implementar un cambio en el ordenamiento jurídico legal del país para acercar la economía cubana a los estándares existentes en el resto del mundo. Por el contrario, se refirmaron las leyes de reforma económica impulsadas durante el mandato de Raúl Castro y poco más. Miguel Díaz-Canel se ha encargado del resto.

El texto aprobado mantiene al Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad”, el carácter irrevocable del socialismo, y ratificó el comunismo como aspiración, pese a que este término se había eliminado en el primer borrador. La inclusión de la propiedad privada no sirve para garantizar un marco jurídico estable, ni se autoriza la acumulación de riqueza, el ejercicio de la libertad de empresa privada, la libre elección, o el respeto a los derechos de propiedad generados en el mercado, como instrumento de asignación de recursos.

Esta situación, unida a las condiciones de participación social y la ausencia de debate plural y democrático, llevaron a la Organización de los Estados Americanos a calificar el referéndum constitucional como “ilegítimo” y que solo introduce una reforma “lisiada de origen porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista”, sin más cambios.

De modo que con una continuidad en las estructuras, la constitución de 2019 en lo relativo a la economía mantuvo el esquema tradicional de dirección estatal, propiedad estatal de los medios de producción, intervención y control en la actividad privada, a la que se proscribe la acumulación de riqueza. Más de lo mismo, lo que generó cierto malestar, porque se habían abierto expectativas de cambio que no llegaron a fructificar.

La atención a los asuntos económicos llegó en marzo, cuando los acontecimientos críticos en Venezuela eran seguidos con enorme atención por el cubano de a pie y la opinión pública mundial.

La crisis abierta en el sistema político del país bolivariano era de grandes dimensiones. Los castristas, aliados del régimen de Maduro, pusieron en marcha todas las armas de propaganda a su disposición para dar voz internacional a los chavistas, a la vez que se alimentaba el rechazo a los opositores de Maduro. Por primera vez, en 20 años del experimento “Cubazuela”, puesto en marcha por Fidel Castro tras la llegada al poder de Hugo Chávez, desde Cuba se empezó a percibir que el apoyo económico y financiero procedente de Venezuela, que había ido en descenso desde 2016, podía llegar a su fin definitivamente.

Las autoridades comprendieron que la relación “especial” de La Habana con Caracas, basada en el intercambio de petróleo barato por servicios profesionales, se podía esfumar con graves consecuencias para la economía castrista.

El primer problema estaba en los médicos y profesionales suministrados por Cuba. Desde 2000, miles viajaron a Venezuela a cambio del petróleo que necesitaba la isla, eso sí, a precios subvencionados. La razón, Cuba no podía acceder a los mercados mundiales de petróleo por los altos precios, y sobre todo, el acceso a la financiación. Venezuela llegó a enviar 50.000 barriles diarios a la isla. Pero esos tiempos pasaron y la profunda crisis económica del régimen de Maduro obligó a reducir el intercambio, ya que Caracas no podía hacer frente a la drástica caída de su producción petrolera.

Cuba se vio en la necesidad de reducir la venta de servicios médicos a Venezuela y buscar otros países para realizar ese comercio, y a cambio incrementó los servicios de inteligencia y contrainteligencia de forma más discreta. El apoyo de los agentes cubanos resultó vital para la estabilidad de Maduro, a la vez que hizo muy difícil determinar con exactitud el número de funcionarios que prestaban tareas de asistencia de este tipo, porque los cubanos tienen presencia en las áreas de inmigración de Venezuela y cuentan con una terminal habilitada en el aeropuerto de Caracas, un escenario preocupante para la estabilidad política continental.

El control político e institucional del régimen de Maduro ejercido desde La Habana, con su plasmación en la represión que ejerce sobre la población, continuaba siendo una fuente de ingresos para la isla, aunque inferior a la que se venía obteniendo en años anteriores.

Llegó entonces el cambio de política de Estados Unidos hacia el régimen de La Habana, con la activación del Título III de la ley Helms Burton, cuya aplicación se había venido suspendiendo por los presidentes norteamericanos desde 1996. La norma permite a ciudadanos norteamericanos y cubanos residentes en EEUU establecer reclamaciones en tribunales contra las empresas que trafican con las propiedades nacionalizadas a sus legítimos propietarios por el gobierno revolucionario en los años 60. Simultáneamente, se publicó un listado de más de 200 empresas y entidades cubanas, fundamentalmente de titularidad del ejército y seguridad del estado, prohibiendo las relaciones de cualquier ciudadano de EEUU con ellas.

Desde el régimen castrista, se atacó duramente las medidas porque suponían un salto de calidad en la hostilidad hacia Cuba y aunque atribuyó un alto componente simbólico a las mismas, lo cierto es que se empezó a temer su impacto real sobre las entidades del listado.

La inversión extranjera empezó a frenar su dinamismo hacia la isla. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba aprovechó la oportunidad para condenar la “nueva escalada en la conducta agresiva de los Estados Unidos” contra el país. La Habana insistió que las nacionalizaciones cubanas fueron legales y que en su día se compensó a los perjudicados de otros países como España, pero que Estados Unidos rechazó. Al mismo tiempo, observando el freno de las inversiones extranjeras, el régimen aprovechó para comprometerse con las empresas internacionales en Cuba, a fin de garantizar las inversiones y los proyectos conjuntos.

Sin embargo, EEUU no detuvo su plan de acción. A partir del mes de junio, nuevas medidas prohibieron los viajes a Cuba de cruceros, yates, aeronaves privadas y corporativas, así como los viajes de intercambio “pueblo a pueblo” y viajes individuales que suponían un notable aumento de los ingresos por turismo para las arcas del régimen castrista.

Seguidamente, se procedió a establecer un límite en el envío de remesas a Cuba por importe de 1.000 dólares al trimestre, una cuantía que sigue siendo elevada para los estándares de la isla, y al mismo tiempo, se incrementaron las sanciones a las empresas dueñas de los barcos tanque que transportasen el escaso petróleo venezolano que todavía llega a Cuba a precios subvencionados. Todas estas medidas tenían su impacto sobre una economía que, realmente, ya estaba causando un menor crecimiento desde 2016.

Y las autoridades castristas sin reaccionar.

Por otra parte, la situación económica internacional se fue deteriorando durante los primeros meses del año como consecuencia de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, y el aumento de los tipos de interés en el primero, para fortalecer el dólar y atraer inversiones extranjeras. Un entorno que genera incertidumbre, pero que golpea solo parcialmente a la economía cubana, que ha permanecido en mayor medida afectada por sus problemas internos.

En tales condiciones, el desempeño de la economía cubana durante el primer semestre del 2019, en el que las autoridades han otorgado prioridad a los asuntos políticos, ha estado marcado por un tenso comportamiento financiero y falta de productividad interna Poco a poco los indicadores de funcionamiento de la economía empezaron a mostrar una evolución desfavorable conforme avanzaba el ejercicio.

Fruto de este comportamiento ha sido la continuidad del proceso de reducción del número de empresas de la economía, que se ha situado a finales de septiembre en 1.774, una cifra que es inferior en un 27,3% a las empresas que existían en 2011 a comienzos de la década. Esto significa que el régimen ha hecho desaparecer, en esta reestructuración silenciosa del aparato productivo, a casi el 30% de las empresas existentes en la economía cubana, lo que indica el proceso de estrechamiento de la economía que se deriva de ello.

El anuncio de una revisión en profundidad del modelo realizado a comienzos de febrero indica que el régimen sigue buscando una estrategia para favorecer el desarrollo de la actividad empresarial estatal en Cuba. La constatación de los impagos en la economía por parte de la Contraloría no hace otra cosa que confirmar esa falta de organización del ámbito empresarial de la economía cubana que ni las OSDEs [Organización Superior de Dirección Empresarial] han conseguido resolver.

Otro ejemplo, la construcción de viviendas experimentó un comportamiento favorable durante el primer semestre del año, pero no a gusto de las autoridades dadas las necesidades existentes en la población, ya que solo se construyeron 20.512 unidades, el 62% del plan anual. No obstante, el cambio de tendencia del segundo semestre derrumba los objetivos. La construcción por esfuerzo propio ha desaparecido de los registros por la falta de recursos económicos, y la estatal se encuentra constreñida por la limitación de ingresos.

En cuanto a las ventas de productos agropecuarios en las distintas “formas de comercialización” entre enero y septiembre, se observa un aumento del 2,9% respecto al mismo período del año anterior, si bien hay una intensa reducción de las ventas en los mercados agropecuarios de oferta y demanda, -14,6%, y una situación de práctico estancamiento en las tiendas estatales. Este dato combinado es importante, ya que estas dos formas comerciales concentran el 54,3% de las ventas totales, de modo que la diversificación hacia otras formas, como los “puntos de venta” o los “mercados arrendados”, las “cooperativas no agropecuarias” e incluso los “carretilleros”, tropieza con los problemas que el estado pone a estas entidades para consolidar sus posiciones en la distribución minorista.

Por ejemplo, el comercio exterior se redujo un 22% en las exportaciones de bienes y servicios y algo menos, un 19,4%, en las importaciones entre 2013 y 2018. Y estos datos, a pesar que cambiaron durante los primeros seis meses del año 2019, con un crecimiento del 3% en las exportaciones y del

10,4% en las importaciones, no fueron suficientes para modificar la tendencia de medio plazo. Las exportaciones de los principales productos, como níquel, cobalto, o azúcar se han visto afectados todo el año por las condiciones de la economía mundial y los problemas técnicos internos, respectivamente.

La evolución de los ingresos por turismo y la venta de servicios profesionales han seguido una pauta similar. En el caso del turismo, el plan de alcanzar 5,1 millones de visitantes en 2019 no se ha podido alcanzar, y a lo largo del ejercicio se ha observado un descenso de los viajeros con respecto al año anterior.

Las dificultades del sector radican en las limitaciones del régimen al crecimiento y desarrollo de la oferta privada, y el impacto negativo de la evolución de las principales monedas sobre el poder adquisitivo de los turistas que llegan a la Isla. En cuanto a la venta de servicios médicos y profesionales, los ingresos también descienden en 2019 como consecuencia de la retirada de los médicos cubanos de diversos países, como Brasil o Bolivia.

La escasa capacidad exportadora ha vuelto a actuar como freno a las importaciones, que se han limitado a alimentos para paliar situaciones de escasez de la oferta productiva interna. Arroz, trigo, frijoles, y en menor medida pollo, configuran las principales partidas. El combustible se ha visto sometido a tensiones por la escasa capacidad financiera para acudir a los mercados internacionales.

El débil saldo de la cuenta corriente con el exterior y su reducción respecto 2018 a prácticamente la mitad, actúa como una restricción al dinamismo de la economía, creando consecuencias financieras negativas para la misma que se han dejado sentir de forma especial en el primer semestre. Una actuación de las autoridades ha sido forzar a la baja las importaciones, sobre todo a partir de las duras medidas de ajuste adoptadas en la antesala del verano.

Tampoco se han podido evitar los atrasos en el pago de la deuda externa, ya producidos el año anterior, destinando 70 millones de dólares para cumplir con el programa de pagos pactado con el Club de París. Sin embargo, las deudas de corto plazo pendientes de liquidar al cierre del 2018 se estimaron en una cuantía muy superior de 1.500 millones de dólares, existiendo escasa transparencia del régimen respecto de estos datos.

El deficiente comportamiento de la cuenta exterior y la escasez de financiación interna han impedido, además, conseguir oportunidades relacionadas con la inversión extranjera. El objetivo de 5.500 millones de dólares entre abril del 2014 y 2018 no se corresponde con la meta definida de 2.000 millones por año, sino que es prácticamente la mitad, lo que se puede calificar de fracaso, como la zona del Mariel. Los recursos obtenidos por esta vía no están a la altura de las necesidades. Desde esta perspectiva, 2019 vuelve a ser un año perdido para la política de atracción de capital internacional.

Ante la falta de inversiones y oportunidades de negocio, el régimen ha reforzado su política de atracción de ayudas y créditos estatales, en buena medida logrados por Díaz Canel en su periplo por una serie de países. Destacan los 260 millones de dólares anunciados por Rusia para la modernización de los ferrocarriles, las siderúrgicas y las plantas termoeléctricas. A ello se sumó otro crédito ruso por 2.000 millones de euros para los ferrocarriles a 7 años vista. China concedió una cifra menor, 124 millones, para la compra de equipos de construcción para el turismo, y 40 millones para fuentes renovables de energía, junto a una donación por 129 millones para ciberseguridad. Francia ha concedido 212 millones. España otros tantos con vistas al desarrollo económico. La nómina de países es extensa. Falta ver la concreción de todas estas iniciativas.

Sin embargo, lo peor de la economía en 2019 -además de los desabastecimientos de productos básicos que obligaron al régimen a recurrir a las medidas clásicas de racionamiento y control- llegó justo en la antesala del verano, y tuvo varios hitos que merecen ser destacados, ya que obligó a las autoridades a abandonar la escasa atención prestada a los asuntos económicos hasta entonces.

En el mes de junio, y sin previo aviso, Díaz Canel decidió incrementar los márgenes de la política fiscal en un intento de recuperar la débil demanda interna. Los sueldos de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, un total de 1.470.736, fueron elevados un 68,3. Además, se aumentaron las pensiones de los jubilados que cobran cifras inferiores a 500 pesos mensuales, lo que beneficia a 1.281.523 personas, en tanto que se mantiene la pensión mínima en 242 pesos y la prestación mínima de la asistencia social en 217 pesos a partir de los aumentos decretados en el 2018.

Diversas estimaciones situaron el costo del aumento salarial en 7.050 millones de pesos, mientras que los aumentos de las pensiones de seguridad social alcanzan los 830 millones. Es decir, el esfuerzo expansivo de política fiscal inyectó 8.000 millones de pesos en la economía, casi el 8% del PIB. Las autoridades dijeron que el aumento de salarios y pensiones debía realizarse sin aumentar el déficit presupuestario, por medio de un incremento de impuestos y la reducción y redistribución de determinadas partidas del gasto público.

No existen informaciones que justifiquen esos rediseños de las cuentas públicas. Lo cierto es que tras la subida salarial se toparon los precios, en un intento de evitar la inflación de demanda, pero las tensiones alcistas de costes unitarios del trabajo en la economía ya se habían producido. Del tema no se habló en la mesa redonda de la televisión estatal organizada al efecto.

A comienzos de septiembre Díaz-Canel anunció por sorpresa que hasta el 14 de dicho mes no habría combustible en la isla, al tiempo que se adoptaban duras medidas de ajuste y ahorro destinadas a paliar la situación, a la espera de la llegada del “próximo buque [petrolero] el día 14”. Los cubanos se sobresaltaron ante este anuncio y pensaron en lo peor: un nuevo “período especial” de consecuencias mucho peores. Al mismo tiempo, el régimen adoptaba “medidas coyunturales” para minimizar el impacto en los servicios básicos a la población, garantizar el ahorro y asegurar la atención en áreas claves de la sociedad consecuencia de la falta de petróleo.

Los analistas y observadores no podían comprender cómo era posible que Cuba se hubiera quedado sin un stock mínimo de seguridad de petróleo, anunciando al mundo su debilidad estructural. Sin poder identificar a los suministradores, las autoridades se resignaban a esperar la llegada de buques a la isla. Y aunque se precisó que los contratos para garantizar el abasto de combustible en octubre estaban garantizados, tampoco se citó a los proveedores.

Por el contrario, las autoridades insistieron que en la isla no había desabastecimiento, al tiempo que se anunciaban afectaciones en la distribución de mercancías, el transporte de trabajadores, el servicio eléctrico en las horas de más demanda, la venta de medicamentos. Para acabar de arrojar más confusión a la situación de la economía, Díaz-Canel anunció un plan de información en caso de que hubiera que aplicar apagones eléctricos, si bien dijo que nunca serían tan prolongados como durante el “período especial”, a principios de la década de 1990.

En definitiva, los dirigentes del régimen volvían al mensaje raulista de orden, disciplina, austeridad y ahorro, tan propio de la “economía cuartelera” que dispuso el hermano de Fidel Castro nada más llegar al poder, estableciendo un control absoluto de los medios de transporte. El uso de la tracción animal volvió a aparecer de nuevo allí donde era posible para ahorrar combustibles. Se paralizaron actividades no esenciales en numerosos sectores de la economía y fueron eliminados gastos innecesarios de combustible. Se detuvieron algunas inversiones, y canalizaron recursos solo al programa alimentario y el turismo.

La economía cubana, que hasta entonces había mostrado un perfil de crecimiento de 0,5% anual, según las estimaciones realizadas por CEPAL, entraba en una profunda recesión a la vuelta del verano, pese a la intensa expansión fiscal provocada por los aumentos de salarios. La recesión forzosa tuvo un impacto notable en el uso del transporte público, con reajustes en los horarios de salida; del transporte de combustibles, alimentos, las operaciones portuarias y aeroportuarias, y hasta la canasta familiar normada.

Se estableció que durante los días con falta de combustible se llevaría a cabo una reordenación del transporte público, con prioridad a los servicios de transporte de hospitales y centros asistenciales. Díaz-Canel insistió en que la situación coyuntural podría continuar en el futuro, situando una vez más la responsabilidad de todo en EEUU.

Y justo en el momento en que más se intensificaban los efectos del ajuste (colas en gasolineras, paralización de fábricas y envío de trabajadores a sus domicilios) el régimen anunciaba otra medida singular que volvió a provocar gran revuelo, por inesperada. Los cubanos podrían acceder en breve a la compra de electrodomésticos y un gran número de artículos de origen diverso en una serie de establecimientos comerciales del estado. El pago sería con tarjetas electrónicas que tuvieran como respaldo una cuenta en dólares o cualquier otra divisa, abierta en una serie de bancos estatales.

Con esta medida, el régimen entraba directamente en el negocio informal de las llamadas “mulas” y ponía fin a una actividad que se venía ejerciendo por ciudadanos que daban respuesta a necesidades muy extendidas en la población. La sorpresa es que el régimen interviniese en este negocio, hasta entonces privado, y la respuesta vino de la urgente necesidad de drenar todas las fuentes de divisas que pudieran entrar en la economía.

Los cubanos, poco acostumbrados a la operatoria bancaria, no tuvieron más remedio que acatar las nuevas normas y abrir cuentas en bancos estatales para poder acceder a la compra de los necesarios equipamientos domésticos. La realidad es que al poco tiempo de empezar la comercialización de los mismos, las tiendas empezaron a mostrar el desabastecimiento, consecuencia de la falta de reposición de artículos.

Tan solo unos días más tarde, y de forma experimental, el régimen anunciaba otra decisión económica importante al establecer que el vuelto en la compra en efectivo con CUC se realizaría en CUP en determinados establecimientos comerciales, si bien con el objetivo de proceder a su extensión en el resto de comercios que venden en CUC y CUP. La medida se identificó como un indicador de los planes para la unificación monetaria iniciados en 2011.

Las autoridades habían elegido el peor momento para iniciar un proceso que es necesario para estabilizar la economía. Por ello, las consecuencias pueden ser imprevisibles, sobre todo para aquellos ciudadanos que tienen depósitos en CUC y observen una rápida depreciación de la moneda en los mercados informales de cambios. Los dirigentes del régimen han iniciado una vía para la unificación de la moneda que nada tiene que ver con un proceso de rigor, supervisado por un Banco central de Cuba independiente del ejecutivo. Lo que ocurra a partir de ahora es incierto, pero las repercusiones sobre la economía no serán favorables.

Así las cosas, en diciembre se publicó el informe de CEPAL “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019”, con estimaciones para 2019 y previsiones para 2020, que arroja un jarro de agua fría sobre las autoridades de la economía cubana, ya que sitúa el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 en un magro 0,5% en cada uno de los años (posiblemente, los datos de 2019 no se han revisado, atendiendo a los cambios producidos después del verano en la economía que combinan medidas expansivas con otras de carácter restrictivo).

En cualquier caso, las estimaciones y previsiones de un 0,5% sitúan a la economía cubana en los puestos más bajos del conjunto de países de América Latina y Caribe, cerca de los países con peor comportamiento, como Venezuela (-14%), Nicaragua (-1,4%) y ahora Argentina (-1,3%). El conjunto de países de la región crecerá en 2020 a una media de 1,3% según CEPAL, y lo harán en un entorno de mayor volatilidad e incertidumbre. En ese marco regional, el crecimiento previsto para la economía cubana es prácticamente la mitad, un 0,5%, una cifra que resulta más grave cuando se tiene en cuenta que el conjunto de países del Caribe presentan tasas de crecimiento del 5,6%, y la República Dominicana un 4,7%.

La última es una década perdida para aprovechar las potencialidades de la economía cubana por medio de una profunda transformación de su base jurídica y de organización. El modelo social comunista está agotado y no consigue mejorar las condiciones de vida y prosperidad de los cubanos, porque ni favorece la productividad, ni la motivación, ni la libre elección, ni tampoco la competitividad de la economía.

Los cubanos deben saber que otro modelo de política económica es posible.