Asistimos por estos días a una gran cobertura en los medios oficialistas en torno a la discusión de las cifras del plan de la economía para 2020 en las empresas y entidades del país. Comoquiera que ese proceso se desarrolla en medio del intento por otorgar mayor autonomía a la empresa estatal, las autoridades han insistido en que esta vez los planes no serán tan impuestos desde los niveles superiores, sino que en su confección tendrán un mayor protagonismo las instancias de la base.

Sin embargo, una información reciente aparecida el pasado 17 de febrero en el periódico Trabajadores da cuenta de algunos cabos sueltos en el actual proceso asambleario de discusión del plan. Es tan solo la punta del iceberg de una anomalía de mayor alcance.

En primer término, abundan los directivos empresariales que aún desconocen la importancia de que los colectivos obreros participen con sus criterios en la confección de los planes. Es decir, que persisten en mantener el sistema de ordeno y mando que, al menos en teoría, los sindicatos oficialistas dicen combatir.

Por otra parte, la enorme burocracia existente en Cuba, de la que no escapa el engranaje de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), hace que demore la desagregación de los planes ya aprobados. Por tal motivo muchas empresas y unidades presupuestadas se enteran de cuáles son sus planes en el tercero o cuarto mes del año, con el probable maratón posterior para poder cumplir las directivas de las instancias superiores. Y por supuesto que  el incumplimiento del plan por una entidad no es cualquier cosa, pues ello casi siempre conduce a una merma en el salario de sus trabajadores, y a la imposibilidad de acceder a las utilidades que la entidad hubiese podido retener a su nivel.

Las Unidades Empresariales de Base (UEB), el verdadero eslabón primario de la economía —se subordinan a las empresas—, se mantienen sin potestad alguna en materia de planes y firmas de contratos. Existe un clamor en el seno de los colectivos de las UEB para que las empresas nacionales no sigan suplantando a estas entidades de base en tales funciones.

Otra inquietud obrera se refiere a que, una vez aprobado el plan por los niveles superiores, las entidades están obligadas a cumplirlo, aun en el contexto de la obsolescencia tecnológica que afecta a un buen número de empresas, así como a la carencia de materias primas que lastra muchos procesos productivos.

Tampoco se tiene en cuenta el hecho de que alguna inversión planificada, con incidencia directa en el plan asignado a la entidad, a la  postre no se haya ejecutado por los niveles centrales de la economía.

A propósito, en las asambleas efectuadas hasta el presente ha salido a relucir el deficiente estudio de factibilidad con que se acometen buena parte de las inversiones en el país. Con frecuencia se invierte en obras que después no tienen una respuesta productiva para explotarlas al máximo y, en consecuencia, la inversión no se recupera en el tiempo previsto.

Debemos agregar que las inversiones no solo fallan por los malos estudios de factibilidad, sino también en el elemento cuantitativo. Hace poco una Mesa Redonda de la televisión cubana informaba que, una vez más, fue incumplido el plan anual de inversiones en el país. Al cierre de 2019 las inversiones solo llegaron al 80% de lo planificado.

Por último, existe una interrogante que constituye el meollo de la tan cacareada democracia participativa que la maquinaria del poder afirma que preside toda la vida nacional, y por supuesto también el movimiento obrero: ¿pueden modificarse por parte de los trabajadores, por motivos de fuerza mayor, las cifras del plan ya aprobadas por los organismos superiores de la economía?

Sería bueno que el señor Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, diera alguna respuesta a esto.