LA HABANA, Cuba. – Para estas fechas, pensé que podría estar escribiendo sobre el juicio celebrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara. La inesperada suspensión de ese acto procesal, realizada “hasta nuevo aviso”, me impide hacerlo y me obliga a referirme a otros aspectos de este turbio asunto.

Ante todo, hay que señalar que la detención y el actual encarcelamiento de Otero han despertado merecida atención de la opinión pública dentro y fuera de Cuba. Las redes sociales y el “potro salvaje del Internet” (¡ay, Ramiro Valdés!) han permitido que este episodio represivo concite el interés de un número significativo de personas.

Por el caso del líder del Movimiento San Isidro se han pronunciado, incluso, personajes destacados de la “intelectualidad orgánica” del castrismo. Entre ellos cabe mencionar al cantautor Silvio Rodríguez y el artista plástico Alexis Machado (Kcho), quien, en su momento, formó parte del flamante “órgano supremo del poder estatal”: la inoperante Asamblea Nacional.

¿Qué motivaciones habrán tenido estos “revolucionarios” para interceder por el colega perseguido? ¿Por qué solicitar enfoques más creativos a la hora de solucionar este “problema”? ¿Obedecerá esta nueva actitud a una rectificación honrada de ideas anteriores? ¿O estaremos en presencia de una maniobra oportunista para desmarcarse del castrismo en estos tiempos en que el régimen hace aguas de forma evidente?

No creo poder contestar con objetividad esas preguntas. Y considero que la respuesta a ellas no es lo más importante. Lo verdaderamente trascendental es la prudente distancia que personajes de esas características toman de la línea trazada por los más obtusos representantes del régimen, que pretenden solucionar cualquier cuestionamiento con acoso, represión y cárcel.

Y pienso que es justo que les agradezcamos esa actitud. Tenían la posibilidad de permanecer en silencio o de emitir meros “susurros”. Pero, en esta ocasión, han optado por explicitar sus objeciones y hacerlo de manera pública y audible.

Según informó este diario digital, “para el Movimiento San Isidro, la suspensión de la vista oral contra el artista es una movida para distraer a la opinión pública que ha seguido el caso”. Ésa es una posibilidad, pero no cabe excluir otras diferentes.

En tiempos recientes, el régimen ha optado por juzgar y sancionar a otras personas que se le oponen. Ahí está el juicio a José Daniel Ferrer y sus colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) para demostrarlo. Es probable que eso refleje el grado de desesperación que sienten los grandes responsables de la catástrofe nacional. Pero durante años se han preferido otras modalidades represivas.

Una de las predilectas consiste en privar de libertad a los ciudadanos, pero sin acusación formal ni juicio. El mismo autor de estas líneas, en su segunda prisión política (de año y medio), recibió un buen día el anuncio de su excarcelación. “Y aquí no ha pasado nada”, supongo que pensarían los “segurosos” actuantes.

Este modus operandi presenta la indudable ventaja de no dar pie a objeciones jurídicas concretas. El afectado permanece entre rejas, pero no hay argumento legal alguno que pueda esgrimirse para desvirtuar una imputación o una sentencia. Y ello por una sencilla razón: Éstas no existen.

Claro que, si la suspensión del juicio de Otero Alcántara obedeciera a este motivo, ello pondría de manifiesto la chapucería de los represores y el influjo de la opinión pública, que se habría revelado capaz de torcer los propósitos iniciales de policías y fiscales. En lugar de una sentencia “edificante”, habría sólo un encarcelamiento arbitrario.

Pero, como jurista, preferiría que la suspensión del juicio tuviera otra explicación, que también cabe dentro de lo posible. Hemos visto ya que “intelectuales orgánicos”, que no tienen por qué explicitar una postura sobre el tema, han optado por hacerlo para pedir moderación. ¿Por qué no cabe esperar una actitud similar de los jueces?

Éstos sí están obligados a pronunciarse sobre el asunto. ¡Y de qué manera tienen que hacerlo si desean satisfacer las expectativas del régimen! Son ellos quienes tienen que rechazar las pruebas que desvirtúen la acusación (como lo hicieron quien juzgaron a Roberto Quiñones en Guantánamo). Son ellos mismos los que, al final del proceso, ponen sus nombres y sus firmas en la sentencia injusta.

Imagino que, por muy comprometidos con el régimen que estén los miembros del tribunal al que le corresponde enjuiciar a Luis Manuel, por muy satisfechos que se sientan con los sueldazos que les pagan para que repriman, no debe resultarles grata la perspectiva de tener que imponerle años al artista plástico contestatario.

¡Y hacerlo —además— por una causa huérfana de cualquier sustento legal! No se olvide que el delito por el que se iba a juzgar a Otero Alcántara es el de “ultraje a los símbolos patrios”. Basta enunciar los actos imputados para comprender el carácter grotesco de la acusación: ¡Enarbolar la bandera nacional en una acción de protesta antigubernamental! ¡Algo que sucede todos los días en cualquier país, sin consecuencia alguna para los autores!

Resulta oportuno recordar, en este contexto, el emblemático caso de Pánfilo. Me refiero no al simpático personaje del programa Vivir del Cuento, sino a aquel hombre, no menos ocurrente y veraz, que años atrás, en un video memorable, demandó al castrismo comida, y lo hizo con el sinónimo popular de origen africano: “¡Jama!”.

En aquella ocasión, el gracioso dipsómano fue procesado, y una corte ¿de justicia? decretó su encierro. Días después, ya declarado preso de conciencia (¡y claro que lo era!) y convertido en celebridad por sus represores, el mismo tribunal (que era el competente para ello) revocó su anterior decisión y mandó a ponerlo en libertad.

En la situación catastrófica que impera hoy en Cuba, cuando el régimen naufraga a ojos vista, imagino que sus jueces (o, en cualquier caso, los menos obtusos de ellos) eviten hacer papelazos como ése, y opten por eludir comprometimientos enojosos, que alguien pueda echarles en cara mañana. ¡Tal vez más pronto de lo que muchos suponen!

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