SANTIAGO, Cuba. – El pasado 12 de marzo el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba debió entregar la sentencia contra José Daniel Ferrer García y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) detenidos desde el 1 de octubre de 2019.

Sin embargo, ya han pasado cinco días desde esa fecha y, aunque no han faltado evasivas para intentar justificar el retraso, cada día aumenta más la incertidumbre sobre el caso.

Para muchos activistas y analistas, no solo se trata de un síntoma de inseguridad del régimen, que titubea para emitir una sentencia contra el líder de la UNPACU, respaldado por el Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y las más importantes instituciones democráticas, sino también de una clara infracción de la ley.

Así lo asegura Julio Ferrer Tamayo, abogado del independiente Centro de Información Legal Cubalex, que ha seguido de cerca el caso del líder opositor y sus tres compañeros.

Según Ferrer, el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Penal impone que las resoluciones y diligencias judiciales se dictan y practican dentro de los términos señalados para cada una de ellas.

“No caben dudas que la diligencia de notificación de la sentencia a José Daniel Ferrer García, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilan Zárraga Ferrer, todos sujetos a la medida cautelar de prisión provisional, no fue practicada en la fecha señalada”, afirma el abogado.

“El párrafo último del artículo 31 prevé que la infracción injustificada de lo dispuesto en este artículo será corregida disciplinariamente según la gravedad del caso, sin perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la indemnización de daños y perjuicios y demás responsabilidades que procedan”.

Según Ferrer Tamayo, sobre los jueces que integraron el tribunal a cargo del juicio del líder de la UNPACU pende una corrección disciplinaria por tal infracción o incumplimiento de la fecha señalada para notificar la sentencia.

“Claro que eso no preocupa para nada a los jueces, pues se saben impunes toda vez que nuestro sistema de enjuiciar no franquea ninguna vía legal a los acusados, mediante la cual puedan exigir responsabilidad disciplinaria y reclamar indemnización por daños y perjuicios”, afirma el abogado.

“La impunidad de la que gozan es tal que ni por respeto al postulado previsto en el artículo 1 de la Ley Procesal ―la justicia penal se imparte en nombre del pueblo de Cuba― las autoridades judiciales dan a los acusados y a sus familiares una satisfacción, una disculpa por la no notificación de la sentencia en la fecha señalada”, concluyó el jurista.

Por su parte, José Daniel Ferrer Cantillo (hijo del líder opositor) aseguró que se presentaría este martes 17 de marzo en el Tribunal de Santiago de Cuba para entrevistarse con su presidenta y pedir explicaciones.

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