MIAMI, Estados Unidos.- La policía política cubana arrestó y amenazó con llevar a la cárcel al activista villaclareño Yoel Bravo López, quien la pasada semana había revelado en redes sociales el aumento de casos de la COVID-19 en un hogar de ancianos de Santa Clara, informó Radio Televisión Martí.

El hostigamiento y las amenazas con “ir a parar en prisión como José Daniel Ferrer” fueron emitidas por los oficiales del régimen “si continúa difundiendo información que el gobierno considera “contraria al interés social”, dijo.

Poco después de las nueve de la mañana del lunes “fui arrestado por el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Villa Clara con un grupo de oficiales más y un operativo escandaloso”, aseguró a Martí.

En el operativo “le quitaron su teléfono celular, lo llevaron a la Tercera Unidad, y de allí a Instrucción, donde le abrieron un expediente por desacato, según le informara un teniente coronel e instructor identificado como Osmani. Luego fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas, ‘a ofensas y amenazas’, y le aplicaron una multa de tres mil pesos; ‘una multa injusta que no voy a pagar’,” le contó el activista a Martí.

Según el texto, Bravo López, que encabeza el Movimiento Opositor “Juventud Despierta” e integra el Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, compartió información que parece haber sido “motivo de una campaña ‘de información oportuna’ y de una ofensiva desatada por las autoridades sanitarias de Villa Clara y del país para contrarrestar la crisis en el Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara”.

“Esa información no se la habían dado al pueblo; dijeron que eran 11 ancianos, y nosotros publicamos en redes sociales que eran 22 confirmados, y que Tele Cubanacán estuvo allí en el asilo y, sin embargo, la televisión cubana, el Ministerio de Salud Pública, el régimen, no autorizó sacar imágenes del asilo por las malas condiciones, infrahumanas, en que viven esos ancianos”, dijo.

Los oficiales de la Seguridad del Estado que amenazaron a Bravo López le aplicaron el Decreto 310, no el 370, pues, según la abogada Laritza Diversent, como el régimen ya ha puesto varias multas por el Decreto 370, “al parecer ahora van a empezar a ponerlas por el 310”, que amplía los procesos en los tribunales municipales y eleva hasta tres años la posibilidad de privación de libertad sin llegar a la vista judicial.

Así mismo, el domingo, dos días después de que Bravo López diera a conocer los números reales de infectados con la COVID-19 en el hogar de ancianos, le hackearon su cuenta.

Bravo López aseguró a Martí que obtuvo la información del número de contagios en el Hogar de Ancianos No. 3 gracias a información obtenida “por simpatizantes nuestros y por vías confiables, como también dimos el primer caso de la COVID-19 aquí en Villa Clara”.

Bravo López le aseguró a Martí que “el arresto, el expediente y el caso por desacato y la multa fue por publicar la semana pasada los datos sobre el asilo, por otras cosas más que ellos saben que tenemos información, y por repartir almuerzo y comida a ancianos y a niños enfermos como parte del proyecto Armando Sosa Fortuny”.

“Me dijeron que no iban a permitir nada de eso y que en [mi] caso iba a parar en una prisión como José Daniel Ferrer; que para eso me tenían el expediente [de desacato] preparado, que lo iban a dejar abierto y que me iban a imponer la multa de tres mil pesos”.

El activista confirmó que “las autoridades sanitarias de Santa Clara establecieron otro centro especial de aislamiento en la Escuela Especial Marta Abreu, frente a la fábrica INPUD; que está militarizado por completo con brigadas especiales y cerrado con cintas amarillas y con unas casas de campaña que son dos hospitalitos militares”.

“Este es el último nuevo centro de COVID-19 que han hecho en Santa Clara porque todo está colapsado: el Hospital Militar [Manuel Fajardo] está colapsado, la sala del hospital nuevo está colapsada; [la escuela de] Trabajadores Sociales está colapsada”, aseguró Bravo López.

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