Irritación y rechazo provocaron entre los habaneros las recientes críticas que la prensa estatal descargó contra la población, obligada a salir a la calle y aglomerarse durante horas en grandes colas para conseguir alimentos y artículos de aseo personal en medio de la cuarentena.

De “incumplidores e irresponsables” ante las medidas de aislamiento social decretadas para evitar el incremento de contagios por Covid-19 en la Isla, catalogó Granma a los cubanos, “olvidándose de mencionar las promesas incumplidas por el Gobierno de acercar a los consejos populares los alimentos y productos de primera necesidad”.

“La culpa de estas colas y de las aglomeraciones que, ciertamente, facilitan el contagio de coronavirus, no es nuestra. Es indignante que Granma solamente señale parte de la realidad [la indisciplina social] y no reconozca que también hay un incumplimiento por parte del Gobierno”, dijo José Carlos Vera, trabajador del sector de Comercio.

Los habaneros consultados coincidieron en que subsiste la indisciplina ciudadana, y en que las autoridades correspondientes deberán endurecer las penalizaciones contra quienes incumplan las restricciones de aislamiento social. Pero también concordaron en que la prensa estatal no reconoce la incapacidad del Gobierno para distribuir adecuadamente los productos necesarios para evitar los desplazamientos y las aglomeraciones.

“Una cosa es la indisciplina de las personas y otra cosa bien distinta es que estamos obligados a patrullar las tiendas diariamente, en busca de asegurar un plato de comida para nuestras familias”, señaló Dalia Gutiérrez, trabajadora de una empresa de Comunales.

“Irrita que la población siempre tenga que cargar, con pandemia o sin pandemia, las culpas ante problemáticas que solo puede solucionar el Gobierno y no el pueblo. Entonces, cabe preguntarse ¿quién realmente está difundiendo noticias falsas?”, fustigó Gutiérrez refiriéndose a otro artículo publicado en Granma.

A inicios de este mes de abril, el órgano oficial del Partido Comunista recordó en una publicación que, en su apartado segundo, el Artículo 103 del Código Penal establece sanción de uno a cuatro años de privación de libertad para quien “difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población, o desorden público”.

La estrategia que ha utilizado el Gobierno cubano para aplacar las críticas ante el incumplimiento de sus promesas se manifiesta en la retransmisión de reportajes televisivos donde de muestra el abastecimiento de alimentos y productos de aseo personal en algunas localidades del país.

“Son hechos aislados, para la gran pantalla, no es la generalidad. Por tanto, se le está mintiendo a la población”, criticó Alexis, administrador de una bodega en un consejo popular del Cerro. Aseguró que a su establecimiento solo ha llegado el pollo y el pescado, este último por concepto de dieta.

“Las protestas de los consumidores son diarias porque se sienten engañados. Lo que se anuncia en el Noticiero o en la Mesa Redonda no es lo que ocurre en la vida real, porque aquí la gente viene todos los días preguntándome si ya llegó lo que se nos promete cada día. Granma debería ajustarse a la verdad: los incumplidores e irresponsables no somos nosotros, el pueblo”, añadió este administrador.

No son pocos los habaneros que echan de menos a los carretilleros [que comercian productos agrícolas] y vendedores de panes y galletas ambulantes, uno de los servicios del sector privado más hostigados por el Gobierno y más criticados, a su vez, por la población.

“Una de las soluciones que debería asumir el Gobierno, en vez de criticarnos y culparnos, es utilizar a los carretilleros y vendedores ambulantes de panes y galletas que puedan acercarnos a las comunidades los productos. No tienen que inventar nada, sino utilizar lo que existe, darle oxígeno a los cuentapropistas que serían de un aporte imprescindible en medio del confinamiento”, sugirió Marta Peñalver, vecina de Los Sitios.

Tito vive en Habana Vieja y es trabajador de una panadería ubicada en el municipio Cerro. Desde el pasado sábado 11 de abril, cuando entró en vigor la medida de cerrar el transporte público, ha tenido que ir y regresar del trabajo a pie “porque parece ser que los panaderos no estamos incluidos en las actividades priorizadas”.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció que la paralización del transporte público urbano se decidió como parte de las medidas para frenar el contagio de Covid-19. Según las declaraciones del funcionario, solo los trabajadores de actividades priorizadas podrían acceder a los vehículos a través de un mecanismo de identificación.

“Pero Granma obvió ese otro detalle y se limitó a culparnos, incluso a quienes prestamos un servicio tan valioso como el de los médicos”, apuntó Tito, quien tiene que trabajar más de 12 horas diarias “porque las dos dependientes de esta panadería fueron liberadas: una es diabética y la otra tiene 60 años de edad”.

“En lo que a mí respecta, reconozco que indisciplina social sobra, pero gran parte de que el pueblo se aglomere durante horas, lo mismo en un mercado, tienda o panadería, exponiéndose al contagio de coronavirus, es responsabilidad absoluta del Gobierno. Y eso no me lo cuenta nadie, lo vivo a diario”, concluyó Tito.