MIAMI, Estados Unidos. – Mientras que la mayoría de los cubanos se mantienen confinados en sus casas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el Departamento de la Seguridad del Estado no ha dejado de poner en práctica sus métodos de hostigamiento contra los opositores pacíficos.

En el transcurso de abril más de 10 miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de Cuba Decide han recibido citaciones de las autoridades represivas, y han sido víctima de multas y detenciones.

Justo el 1ro de abril la Seguridad del Estado usó una supuesta citación del Correo provincial de Santiago de Cuba para sacar de su casa al activista Ovidio Martín Castellanos. En esa ocasión, el coordinador de la UNPACU fue arrestado, pese al aislamiento que mantenía junto a su esposa e hijos pequeños.

Además, otros dos activistas fueron detenidos el 4 de abril, Alexeis Pérez Lescailles y Roberto Pérez Rodríguez. Los dos recibieron la amenaza de ser encarcelados si continuaban su trabajo como defensores de los derechos humanos.

El pasado 10 de abril también fueron detenidos Pablo Moya Dela e Isaín López Luna. El primero de ambos fue llevado hasta la Oncena Unidad Policial del municipio San Miguel del Padrón y luego fue trasladado al Centro de Clasificación El Vivac, ubicado en Boyeros, donde espera ser deportado hacia Santiago de Cuba por órdenes de la Seguridad del Estado.

A Moya Dela lo acusan por una supuesta deuda con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), pese a que el activista entregó su licencia de cuentapropista hace varios años y no posee deudas con este organismo, asegura su esposa.

López Luna, por su parte, fue arrestado en la vía pública en horas de la noche y trasladado en una patrulla a la unidad policial de Cuba y Chacón, ubicada en el municipio Habana Vieja. Más tarde, fue conducido hacia Picota, otra unidad policial del mismo municipio.

Alexeis Pérez Lescailles, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide (Foto: Cortesía)

Maykel Herrera Bonnes, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide (Foto: Cortesía)

Roberto Pérez Rodríguez, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide (Foto: Cortesía)

Según sus familiares, la Seguridad del Estado tiene la intención de acusarle del supuesto delito de “atentado” pero, hasta el momento, el órgano represivo ha evitado ofrecer detalles.

En Santiago de Cuba, el pasado 12 resultó arrestado violentamente en la puerta de su vivienda Yuselin Ferrera Espinosa. Actualmente se encuentra detenido y acusado del presunto delito de “atentado” en la Primera Unidad de Santiago de Cuba conocida como La Motorizada. Este jueves se cumplen 96 horas de su detención; no obstante, el órgano instructor solicitó a Fiscalía la medida cautelar de prisión domiciliar, que aún no ha sido aprobada, denunciaron familiares del activista.

Mientras, en Cienfuegos, la joven activista Keylilli de la Mora Valle fue detenida el mismo día y golpeada por un oficial de la Policía. La joven fue liberada luego de más de 24 horas con una acusación por el delito de “resistencia”. Actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria, y asegura que el motivo real es su activismo y la campaña que ella y sus compañeros han liderado en Cienfuegos a favor de la libertad de José Daniel Ferrer y los presos políticos.

Por su parte, este miércoles en horas de la noche fue arrestado el activista habanero Maykel Herrera Bonne mientras realizaba una protesta pacífica en las afueras de su vivienda, donde exigía el restablecimiento del fluido eléctrico en su zona.

A esta ola represiva tampoco escapan los que pagan el mayor precio por ser opositores en Cuba: los presos políticos. El pasado 14 de abril, los activistas Yoan Ricardo Llerena y su esposa Disnelbys Vidal se ofrecieron para entregarle alimentos y otras provisiones a la prisionera política Aimara Nieto Muñoz, que en marzo fue trasladada desde la prisión de La Habana hacia Las Tunas como medida de castigo.

Al llegar a la prisión de mujeres de Las Tunas, luego de caminar más de 28 kilómetros debido a la paralización del transporte, oficiales de la Seguridad del Estado le ocuparon la bolsa de alimentos a la pareja alegando que procedía de Estados Unidos. De acuerdo con ambos activistas, los agentes pretendían que firmaran un documento donde constara que habían entregado esos artículos voluntariamente, como donación a un hogar de ancianos. Aunque se negaron, de todas formas los agentes decomisaron la bolsa con todos los productos de primera necesidad destinados a Nieto Muñoz.

Por otro lado, las multas injustificadas también hacen parte de este entramado de mecanismos represivos. Los opositores Rafael Puentes, Ovidio Martín, Henry Couto y Niover García resultaron multados este 15 de abril por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado. Los tres últimos están obligados a pagar cuotas de 3 000 pesos (CUP) por “violar” el Decreto-Ley 370, que regula el uso de internet en Cuba.

En medio de la actual pandemia que azota a la Isla, el régimen cubano mantiene e incrementa el control y la represión contra sus opositores pacíficos. Las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) no han dejado de sacar de sus casas a los activistas y romper el aislamiento social ordenado por las autoridades sanitarias, aunque así aumenten los riesgos de propagación del nuevo coronavirus en el país.

Al respecto, Carlos Amel Oliva Torres, miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, declaró a CubaNet: “Es muy cuestionable en medio de la crisis económica que viene atravesando el país desde los años noventa, que se ha agravado desde finales de 2018 y que producto a las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19 puede alcanzar niveles que aún no se han calculado, el gobierno cubano mantenga una gran disponibilidad de personal y recursos destinados a reprimir a disidentes pacíficos”

“Esta actitud contrasta con las exigencias que realiza la Plaza de la Revolución a Washington de levantar el embargo si tenemos en cuenta que una de las exigencias de EE.UU. al régimen de la isla para normalizar relaciones ha sido siempre que respete los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Solo la falta de legitimidad del Gobierno castrista puede justificar este proceder. En otras palabras, no pueden dejar de reprimir porque se saben impopulares, porque saben que solo se mantienen por el terror” sentenció el joven opositor.

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