| Tanto, 872 días hizo el 31 de marzo. Ese es el tiempo que el periodista Osmel Ramírez lleva sin poder salir de Cuba. Las fronteras del país son barrotes, la Isla una prisión a cielo abierto. Está regulado.
En noviembre de 2017 agentes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) registraron su casa en Mayarí y decomisaron los medios con que reporta para DIARIO DE CUBA y otros medios independientes. Lo encarcelaron 72 horas.
Días después recorrió 900 kilómetros en ómnibus hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Chequeó sin contratiempos su boleto a Perú, adonde debía viajar para un taller de periodismo, pero en la caseta de control de frontera le dijeron que no podía. Artistas, religiosos, comunicadores, activistas… 245 residentes en Cuba han estado o están regulados desde enero de 2019 por motivos políticos.
“Te regulan y no sienten obligación de comunicarlo. Es una violación tajante al derecho a la libre circulación”, dice Ramírez en referencia al Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que defiende la libertad de salir de cualquier país, incluso el propio, y poder regresar.
La ley cubana prohíbe dejar el país por estas causas: purgar sanción o estar en medio de un proceso penal, durante el Servicio Militar, por razones de Defensa y Seguridad Nacional, por ser parte de fuerza laboral sensible para el desarrollo social y científico técnico, o por “razones de interés público”. Sin embargo, desde hace poco más de una semana, todos los cubanos tienen regulada su salida, no por motivos políticos, sino por el avance del Covid-19, pandemia que al cierre de esta nota llevaba 212 casos positivos.
En tiempos normales y ante la falta de independencia de los tribunales pocos denunciaron la arbitrariedad. Ramírez sí lo hizo. Denunció e insistió cuando fingieron “que la queja se había extraviado”. Y consiguió una respuesta de la Fiscalía General de la República. “Dos fiscales la leyeron. Se negaron a dármela para no dejar pruebas”, sostiene. “El documento, evidentemente entregado por el Departamento de la Seguridad del Estado, decía que ‘por la naturaleza del delito’ no podían devolver mis medios de trabajo ni resolver la regulación”.
El periodista preguntó cuál era su delito. “No he sido juzgado ni se me ha informado”. Y ripostaron las fiscales: “Este no es el marco apropiado para responder esa pregunta”. Luego la policía política lo citó varias veces para “negociar” la regulación; lo dejarían salir si firmaba “un compromiso de ser agente encubierto, primeramente, o al menos de no participar en política opositora”.
La izquierda democrática, en que milita Ramírez, es un movimiento ilegal. “Según ellos, soy un líder potencial, y no pueden arriesgarse conmigo”, apunta. “Debe ser una estrategia, elevarte el ego para entrarte y que firmes. Como no acepté, sigo regulado indefinidamente”.
La “lista negra” de los regulados
Ramírez siente “gran impotencia” por “lo desprotegidos que están los cubanos frente al Gobierno y su policía política. No hablan de ley, derechos o libertad, solo de amenazas y coacción”. Y pocos conocen esto como Yoaxis Marcheco. Desde el exilio Washington, Estados Unidos, roba tiempo a su periodismo, al pastorado y a ser madre de dos adolescentes para actualizar “la lista negra” de regulados, mes tras mes. Escruta noticias y aprovecha la amplia red de colaboradores del Instituto Patmos, una ONG defensora de los derechos humanos, que fundó y coordina junto a su esposo, aun tras partir de Cuba en 2016.
La paciencia de ambos ha dado frutos: su directorio de regulados lo utilizan medios y entidades dentro y fuera de la Isla. En 2018, cuando empezaron, la lista fue entregada el 13 de julio al Departamento de Estado de EEUU. “Aquella primera versión incluía 52 nombres para ser expuestos en conversaciones bilaterales con representantes de Cuba, los mismos que se negaban a escucharnos directamente”, cuenta Marcheco. “Incorporamos nombres, al menos un apellido, y lugar de procedencia del regulado”. Un año después, en julio de 2019, la lista casi se triplicó: tenía 130 casos.
Al empezar, Marcheco pretendía llevar una lista en tiempo real, que sumara y retirara nombres según fuera aplicada o retirada la restricción. “Pero es un trabajo complicado y mi tiempo es complicado también —dice—, todo lo que hago por Cuba es de forma voluntaria”. Entonces abrió el espectro.
La lista vigente recoge a aquellos regulados, al menos una vez, en 2019 y hasta marzo de 2020, y a los que llegaron en tal condición de años anteriores. Ese inventario, completado con las ocupaciones y ámbitos donde fueron reguladas las víctimas, ofrece un mapa revelador del fenómeno.
245 casos recogidos por Yoaxis hasta marzo de 2020 fueron verificados independientemente para este reportaje. Del total, la mayoría (96) está en La Habana. Ni sumando las siete provincias que le siguen se llega al número de la capital.
Asimismo, los hombres (145) sufren las regulaciones más que las mujeres (100). Entre las ocupaciones, los activistas políticos (150) son el blanco principal de la medida represiva, después están los comunicadores (61), y los líderes religiosos (15). Para José Raúl Gallego, académico cubano residente en México, es lógico que tanto activistas políticos como periodistas sean mayoría entre los enlistados. Cree que “son los dos sectores que de manera más abierta se enfrentan al poder, que más incómodos le resultan”.
El comunicólogo e investigador de temas como libertad de expresión y constitucionalidad en el castrismo, subraya que “en el caso de los comunicadores constituyen una amenaza para un sistema totalitario que necesita controlar el flujo de información, y este grupo de personas se lo están disputando”. |
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