Las contradicciones de Díaz-Canel

ORLANDO FREIRE SANTANA | La Habana

¿Será acaso esa decisión del benjamín del poder una resultante de aquella misteriosa reunión de Raúl Castro con los principales dirigentes del Partido y el Gobierno, de la que la televisión solo ofreció imágenes sin audio?…

Sea de una u otra manera, el caso es que un acercamiento de Díaz-Canel a lo estipulado en la Conceptualización,  específicamente en lo referido a los cambios económicos, implicaría una rectificación de algunas de las políticas implementadas por el mandatario. No en balde muchos lo califican como un exponente de la línea dura —antirreformista— dentro de la nomenclatura castrista.

Por ejemplo, el acápite 94 de la Conceptualización plantea que “La presencia de diferentes actores de propiedad y gestión forma parte de los elementos que condicionan la necesidad objetiva del reconocimiento del mercado”. Sin embargo,  todo lo realizado por Díaz-Canel apunta a reducir los espacios que el mercado tenía en la economía cubana cuando él tomó las riendas del Gobierno.

En ese contexto se enmarcan los topes de precios establecidos a varias actividades en las que se desenvuelven los trabajadores por cuenta propia, como los transportistas y los mercados agropecuarios de oferta-demanda (bueno, si es que todavía puede llamárseles de esa manera).

A propósito, esa directiva de topar precios del agro ha provocado que se ahonde la actual escasez  de alimentos que afronta el cubano de a pie en estos tiempos de coronavirus. En el mercado agropecuario del poblado habanero de Santiago de las Vegas, por citar un solo caso, han desaparecido la carne de cerdo y los frijoles.  ¿El motivo?  Pues que los vendedores no pueden ofertarlos a los precios topados fijados por las autoridades, ya que apenas les reportarían ganancias.

Algo parecido encontramos si nos remitimos a los acápites 102 y 226 de la referida Conceptualización. En ambos  articulados se establece que la regulación de la economía por parte del Estado debe combinar los elementos de dirección directos o administrativos, y los instrumentos indirectos  o económicos.

Y para nadie es un secreto que Díaz-Canel se ha olvidado de los segundos, y únicamente ha acudido a los instrumentos directos o administrativos. Es decir, al uso de la fuerza. Así lo constatamos en la política que piensa seguir el Ministerio de la Agricultura en su afán por que los productores vendan todas sus cosechas a la Empresa Estatal de Acopio.

Podía utilizarse un instrumento económico, que consistía en pagarles a los productores un precio de acopio más estimulante. Pero no. El señor Díaz-Canel prefiere aplicar un método administrativo, que consiste en enviar a sus funcionarios a cada finca para  comprobar qué y cuánto siembran los campesinos y otros tenedores  de tierras, y así impedir que les vendan partes de sus cosechas a comercializadores privados.

Ahora mismo anuncian que piensan reunirse con los 10.000 productores de arroz que existen en el país. Se dijo que en las reuniones se orientará “aplicar variantes ante la no existencia de fertilizantes y plaguicidas que requiere el cultivo en sus tecnologías”.  Sin embargo, ante la escasez de arroz que se aprecia en el mercado nacional, y considerando que en la pasada época de frío se dejaron de sembrar 22.000 hectáreas de ese cultivo, no es difícil imaginar las presiones que recibirán los arroceros para que se lo vendan todo al Estado.

Por supuesto que un productor presionado tiende generalmente a quedar por debajo de sus posibilidades. A la postre serán los pobres consumidores quienes paguen las consecuencias.