¿Cómo denunciar al régimen cubano ante los mecanismos de la ONU?

DDC | La Habana

Los esfuerzos del Gobierno no han conseguido impedir que los cubanos tengan más acceso a leer y publicar reportes de violaciones de derechos humanos en la Isla. Gracias a los medios independientes y a las redes, el mundo sabe cada vez más sobre la represión en Cuba. Pero sin la debida denuncia, esas violaciones no existen para organismos como la ONU.

Al respecto, Moisés Leonardo Rodríguez y Lázaro González Valdés, director fundador y representante internacional, respectivamente, de la ONG Corriente Martiana, ofrecieron sus experiencias a DIARIO DE CUBA.

“La ONU, en su Resolución 1.503, establece claramente que: ‘Las comunicaciones anónimas son inadmisibles, al igual que las basadas únicamente en informes de los medios de comunicación'”.

“No hacer la comunicación de las violaciones deja el camino libre a la oficialidad del régimen y a funcionarios de diversas instancias de la ONU que lo admiran, para decir ‘en Cuba no pasa nada, se respetan los derechos humanos de forma ejemplar’. Aunque vieran los reportes de la prensa independiente y revisaran las redes sociales, no están obligados a tomarlos como fuentes de información fidedigna, según el reglamento de la ONU”.

“Otro aspecto a considerar es que las comunicaciones de violaciones de derechos humanos depositadas (correctamente) en el sistema de la ONU podrían devenir en el primer archivo de denuncias debidamente presentadas, de conformidad a las normas internacionales, que quizás se use en el sistema jurídico de una Cuba democrática para impartir la justicia que hoy se les niega a tantas víctimas”.

Poco después de su fundación, en 1991, la Corriente Martiana comenzó a presentar comunicaciones a la ONU sobre violaciones de derechos humanos en la Isla, conforme a las normas y procedimientos de esa organización internacional. Hoy continúa haciéndolo, pero ha ampliado el trabajo y envía copias de todos los casos a otras organizaciones internacionales como People in Need, Front Line Defenders, Amnistía Internacional, Artículo 19 y Civil Rights Defenders.

Las denuncias pueden realizarse por teléfono a los números +53 59122070 y +53 53351152. También pueden enviarse a la dirección de correo electrónico: corrientemartiana2004@gmail.com.

El pasado 20 de mayo, la Corriente extendió sus servicios a cubanos radicados en el exterior. Este servicio está a cargo de Lázaro González Valdés, exprisionero de conciencia refugiado en Estados Unidos.

La organización recibe denuncias de nacionales impedidos de entrar al país por motivos políticos y personas a las que les fueron expropiadas bienes sin haber sido compensadas por el régimen cubano. También los cubanos que buscan asilo en otros países y sufren violaciones de sus derechos a manos de otro Estado pueden hacer denuncias ante la ONU a través de la oficina internacional de la Corriente Martiana. Las víctimas pueden enviar sus denuncias a [email protected], o visitar el sitio web habilitado para este proceso.

Otras organizaciones, como el independiente Centro de Información Legal Cubalex, realizan también desde hace años el trabajo de recopilar las denuncias y presentarlas ante los organismos internacionales bajo los estándares requeridos.

Tanto los cubanos radicados en el exterior como los que residen en Cuba podrían recurrir directamente a los mecanismos de denuncia de la ONU. Sin embargo, explican Rodríguez y González, existe mucho desconocimiento sobre las normas y procedimientos. Por eso, además de ejercer la defensa de los derechos humanos al comunicar esas violaciones, la Corriente tiene como misión la promoción de esos derechos a través de la educación presencial y a distancia, para que más ciudadanos conozcan y puedan utilizar esos mecanismos sin depender de las ONG.

“Ejemplo de lo anterior es que a consecuencia del taller que brindamos desde 2007, y con mayor énfasis desde 2017, se han entrenado y ya hacen sus propias comunicaciones algunas organizaciones y actores individuales de la auténtica sociedad civil, como por ejemplo la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y el Centro de Análisis de Políticas Públicas”.

La falta de compensación a las víctimas por parte del Gobierno cubano podría llevar al desaliento en cuanto a la utilidad de las denuncias ante los organismos internacionales. Sin embargo, tanto el director como el representante internacional de la Corriente resaltan la utilidad de continuar denunciando.

“La obligación de compensar a sus víctimas la tienen todos los violadores, pero no se conoce de caso alguno de compensación a víctimas mientras duran estos regímenes totalitarios o post totalitarios como los denominó Vaclac Havel. De eso se encargan los tribunales de la justicia transicional y para ellos serán muy útiles las comunicaciones que hoy podrían parecer a algunos una pérdida de tiempo, porque no hay compensación inmediata. Debemos recordar que el tiempo de la Historia es muy diferente al tiempo de vida de una persona”.

“Los procedimientos especiales, que son independientes (…) han criticado públicamente violaciones como las del Decreto 349 contra el arte. Otro ejemplo es que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ha declarado como ilegales a muchas detenciones”, señalan Rodríguez y González.

“En el último Examen Periódico Universal al que se sometió al régimen cubano en 2018, la sociedad civil tuvo una participación notable, como se puede comprobar en el informe final. La Corriente Martiana envió su informe individual y asesoró a otras organizaciones a hacerlo, y además elaboramos un informe en coalición con 15 organizaciones de la Isla, algo sin precedentes, y el impacto fue positivo”.

“La presión se ejerce de forma acumulativa, aunque la decisión de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba este ahora en manos de la cúpula dirigente, que solo cede cuando las circunstancias la obliga”.

“No comunicar las violaciones de derechos humanos por no recibir la recompensa inmediata, tan natural en los humanos, nos haría cómplices, aunque no sea nuestro deseo, de la impunidad de los violadores, y eso los estimula a aumentar sus abusos”, consideran.

“Comunicar las violaciones contribuye en alguna medida a causar costo político y eso sí le interesa a la cúpula, a pesar de su desprecio por la dignidad de las personas”.