Muchos cubanos tienen que destinar al menos el 80% de sus ingresos a la alimentación

Los cubanos tienen que destinar al menos el 80% de sus ingresos a la alimentación, es una de las informaciones incluidas en el Informe de País sobre Cuba publicado el jueves por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala además de la comida el tema de la vivienda entre los más complejos actualmente en la Isla.

Según el documento de la CIDH, el primero de su tipo sobre Cuba presentado en 37 años, se necesitará al menos medio siglo para eliminar el actual déficit habitacional, que se estima en 1.400.000 viviendas.

“Teniendo en cuenta que, según información estatal, hay un promedio nacional de 2,98 personas por unidad de alojamiento, el déficit afectaría alrededor de 4.200.000 de habitantes, o sea, el 37% de la población”, indica el informe.

Una de las mayores limitaciones respecto al derecho a la vivienda pasa por lo económico, pues ninguna persona con un salario estatal podría adquirir o construir un inmueble. A esto se deben sumar además las regulaciones vigentes “asociadas al tema de la propiedad de la vivienda, el financiamiento, los problemas demográficos y los subsidios”, explica el documento.

Sobre la alimentación, considera que en la Isla se ha reducido “el hambre y la desnutrición a menos del 5% desde 2005”, pero aun con este indicador resulta preocupante la calidad de los alimentos, que es imposible garantizar con los ingresos medios de una familia.

En numerosos casos, según los resultados del informe, se conoce que existen familias que destinan el 80% de su presupuesto solamente a la comida.

Uno de los entrevistados para el informe, que prefirió guardar anonimato, comentó que “la canasta básica ha disminuido totalmente, el Gobierno ha liberado muchos productos que no están en la libreta y el precio ha aumentado”.

Acerca de los derechos culturales el informe muestra inquietud especialmente en lo que respecta al Decreto 349 de 2018, que “prohíbe el desarrollo de actividades artísticas en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura y permite que autoridades estatales puedan suspender de inmediato una actuación o proponer la cancelación de una autorización concedida”.

La organización expresa que tomará nota “de las posibles consecuencias por la violación del decreto como son el apercibimiento, multa y comiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes”.

Añade sobre este tema que hay “pocas actividades culturales, poco acceso a bienes culturales, y los movimientos que tienen valores diferentes a los de la Revolución, no tendrían apoyo por parte del Estado”.

Respecto a los derechos sindicales, preocupa principalmente que “además de la Central de Trabajadores de Cuba, no se reconoce otra entidad representativa de los trabajadores y que el Gobierno sistemáticamente reprime los sindicalistas independientes”, advierte el documento.

Tampoco existen garantías para el derecho a huelga dentro de la legislación laboral vigente, lo que se suma a la falta de representividad de los sindicatos reconocidos por el régimen y la necesidad de afiliación a estos en la mayor parte de las ocasiones a riesgo de perder el empleo.

Otro tema importante es el relacionado con los derechos a la seguridad social, acerca del cual CIDH afirma haber recibido información “que resalta que desde 2011 la cobertura del sistema de seguridad social en Cuba no es universal pues las personas que tienen un familiar con empleo no reciben pensiones o subsidios”.

Por otra parte, se conoce que el monto de las jubilaciones no permite a las personas “comprar insumos para su supervivencia, pues la canasta básica mínima individual es de más de 50 dólares al mes, conforme a los precios del mercado interno”.

A esto se añade que “los subsidios para algunas personas con mayor necesidad como las madres solteras con hijos con discapacidad, personas mayores solas, madres solteras con hijos numerosos, viudos y accidentados de trabajo, serían de 8.68 dólares al mes”.

El derecho al trabajo también fue revisado por los expertos, resaltando como una de las principales dificultades “la necesidad que el Código del Trabajo defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta con base en la raza, la opinión pública y la ascendencia nacional”.

La existencia de una empresa estatal que funge como intermediaria entre las compañías mixtas o de capital extranjero y los trabajadores, reteniendo entre el 80% y el 96% del salario de estos, así como la discriminación laboral por opiniones políticas son otros de los problemas señalados en el documento.

Sobre el derecho a la Salud el informe indica que el Gobierno cubano invierte un 3,16% del PIB en este rubro según las cifras oficiales, lo que la coloca por encima del promedio regional.

Por otra parte, menciona la existencia de 66 brigadas en el exterior con 18.384 médicos, lo cual ha provocado quejas en diferentes sectores de la población pues ha influido en la ausencia de médicos y especialistas en muchos centros hospitalarios.

Se menciona además la existencia de hospitales “en condiciones sanitarias deplorables, sin la logística necesaria para el cuidado de los enfermos”, donde la comida que se ofrece a trabajadores y pacientes suele ser de mala calidad.

La escasez de medicamentos, la expansión de enfermedades como de zika, dengue y cólera y los bajos salarios de los médicos son otros de los problemas recogidos en el documento.

En el caso de la educación también se muestra una mayor inversión que el promedio regional, pero “las familias no tienen el derecho a transmitir a sus hijas e hijos los contenidos cívicos y las creencias políticas que consideran pertinentes y si los estudiantes no comparten las posturas políticas y religiosas del Estado no tienen acceso a la educación”.

Tampoco existe en Cuba “espacio para que la sociedad participe en el diseño, ejecución y control de las políticas publicas educativas”, cuyos contenidos siempre coinciden con “valores filosóficos, ideológicos y políticos del Gobierno”.

“Hay relatos que indican que la infraestructura de las escuelas está desvanecida, que los padres dan ‘regalos’ a los maestros para compensar los bajos salarios y que existe déficit de profesorado por el éxodo de profesionales para el sector no estatal”, añade el informe.

En lo relacionado con los derechos ambientales, “las personas entrevistadas por la CIDH manifestaron que existe un incumplimiento de las leyes sobre medio ambiente, que el manejo de los residuos es precario, que la recolección de basura no es adecuada, que no existe una cultura de protección al medio ambiente, que las playas y los ríos están contaminados y que no hay inversión suficiente para preservar los recursos naturales”.
A lo largo de su historia, la CIDH ha emitido siete informes país, cinco sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y dos sobre presos políticos y sus familiares en la Isla. El último de esos diagnósticos se presentó en 1983, aunque el organismo regional ha hecho seguimiento a la situación en la Isla.