¡Qué vuelva el pescado a Cuba!

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A pesar de ser una isla, en Cuba escasea el pescado. La familia Tartabull lleva más de una década sin probarlo, aunque reside en el poblado capitalino de Cojímar, cuya tradición pesquera fue incluso inmortalizada por el escritor norteamericano Ernest Hemingway.

Eugenio Tartabull, padre de dos hijos y esposo de Estela, reconoce que el pescado no falta en el mercado negro. Sin embargo, lamenta que su salario de obrero no le permita pagar el precio que piden los pescadores. “Tres CUC por una libra de ajuga, emperador u otra de las especies que habitualmente se capturan en esta zona”, dice.

Pero el mercado negro tampoco satisface la demanda. La pesca comercial para los cubanos ha sido ilegal durante décadas, lo que, unido a la escasez de peces en el mar, hace que la oferta sea poca y excesivamente cara.

El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en un artículo titulado “Ordenar la actividad pesquera”, afirmó que el consumo anual per cápita de pescado en Cuba se redujo de 16kg en 1989, a 4,3kg en 2014. Cifra muy por debajo de los 12kg que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Según ese artículo, el promedio de consumo mundial por persona es de 18kg, mientras que en América Latina y el Caribe es de 9kg, por debajo de lo recomendado pero más del doble de lo consumido en Cuba.

No obstante, dicho valor podría no reflejar realmente la carencia del pescado en la Isla. Si en este 4,3kg per cápita se contempló el concepto de “pollo por pescado”, la cifra real podría ser mucho más baja.

Distribuir pollo en lugar de pescado fue una medida tomada por el Estado cubano entre los años 1990 y 2017, para sustituir las seis onzas de pescado asignadas a cada cubano a través de la libreta de racionamiento por seis onzas de pollo. “Era como si nos dieran pescado, pero en realidad no lo veíamos”, comenta Estela.

“Ya el pollo por pescado no viene desde hace años. Hace poco estuvieron vendiendo jurel a 15 pesos la libra, pero para nosotros continúa siendo demasiado caro”, apunta su esposo.

El año pasado, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel dispuso la venta de jurel a 20 pesos la libra, de manera racionada. Al podrirse varias toneladas del producto debido al bajo consumo de esta oferta, pues al parecer el precio seguía siendo demasiado alto en relación a la cantidad y calidad del producto, decidió liberarlo y bajar su precio a 15 pesos. El coste aproximado de su importación —según el periódico Escambray— fue de unos 2.10 pesos cubanos por libra. Esta oferta desapareció con la llegada del nuevo año.

El salario mínimo fue fijado en 2019 en 1.067 pesos, unos 43CUC (moneda que el Gobierno cubano equipara al dólar). Para una familia humilde, que depende de lo que paga el Estado cubano, la única opción son las escasas ofertas en moneda nacional de red estatal Mercomar.

Sin embargo, en esos establecimientos el surtido se limita, muy ocasionalmente, a ejemplares de río como la tenca, la tilapia y la claria. Más esporádicamente y a mayor precio, hay pescados de mar como la rabirrubia, el patao y el bonito. En todos los casos, se trata de ejemplares demasiado pequeños. A menudo, lo que puede encontrarse en Mercomar son croquetas con un lejano sabor a pescado.

Los Tartabull son víctimas de la severa escasez que ha padecido el país durante décadas respecto a la producción pesquera. Durante muchos de esos años ha existido la tendencia a culpar a los pescadores locales de la merma de peces en la mar. Como resultado, su actividad está perseguida por las autoridades.

Con el objetivo de aliviar la escasez y de multiplicar las posibilidades para los pescadores, a principios de este año se puso en vigor una Ley de Pesca (129/2020). Pero la normativa ha llegado en medio de la pandemia de Covid-19, que entorpece su aplicación.

¿Dónde está el pescado de la televisión?

El Sistema Informativo de la Televisión Cubana (estatal) ha mostrado imágenes de cómo se mantienen las tareas de pesca en tiempos de cuarentena, pero no ha explicado claramente a dónde va a parar el pescado de primera calidad que anteriormente era destinado al turismo.

En su lugar, habla sobre la captura de pescado pequeño que se utiliza en la confección de croquetas. El precio de estas últimas se mantiene a 0.50 pesos por unidad, y las colas, como sucede con todo producto alimenticio en estos tiempos, suelen ser inmensas.

Por otra parte, la pesca individual, más allá del marco legal recientemente aprobado, continúa realizándose.

“Recientemente compré un paquete de pescado a los particulares. Fue en la zona de Baracoa (en La Habana). Yo sé que no cumplían con las medidas de seguridad contra el coronavirus, pero todo el mundo está comprando lo que encuentra. De hecho, los compradores le estaban arrebatando el pescado de las manos. Tanto, que no atiné ni a preguntar de qué especie se trataba”, dice Jorge Luis, vecino del municipio Playa.

La escasez del pescado en Cuba comenzó a hacerse visible a partir de los años 90, cuando el ya extinto Ministerio de la Industria Pesquera canceló sus contratos de pesca en aguas foráneas, y vendió gran parte de su flota por temor a perderla, oxidada en los muelles.

No obstante, diversas fuentes ubican el origen de la actual crisis en la sobreexplotación que el Estado cubano hizo de la plataforma insular cubana entre las décadas de los 60 y los 80, de la cual la fauna marina no se ha podido recuperar.

Según la agencia IPS, solo en el año 1985 la flota cubana capturó 78.000 toneladas en la plataforma, una cantidad casi diez veces mayor al promedio de importaciones anuales en el último lustro.

El impacto llega hasta hoy. El diario Granma asegura que la pesca de plataforma ha reducido sus capturas en un 70 por ciento en los últimos cinco años, con respecto a la etapa 1984-1988 (únicos años con datos disponibles).

IPS señala también como causas de la crisis el sobrecalentamiento y salinización de las aguas; además de la pesca ilegal, que no siempre se realiza con los medios adecuados.

Contaminación y turismo

Un estudio publicado por el Departamento de Geociencias de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, establece como mayores responsables de contaminación a las industrias azucarera, alimentaria, a los hospitales y los asentamientos humanos, así como la actividad minero-metalúrgica. Todos con un nivel deficiente de gestión del impacto ambiental.

Asimismo, la agricultura y la ganadería son responsables, según el propio estudio, de la salinización en áreas costeras e incluso de las aguas dulces en la desembocadura de algunos de los ríos más importantes de Cuba. Estas industrias tienen además el agravante de considerarse insostenibles, pues no siempre los volúmenes de entrega responden a las necesidades del país.

La nueva Ley de Pesca se fundamenta en la necesidad de regular la actividad pesquera para propiciar una recuperación de los recursos marinos, lo que contribuiría a una futura soberanía alimentaria del país. Pero tal soberanía es cuestionable si no se produce lo básico para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

Datos oficiales fijan en 8.000 toneladas —como promedio anual— las importaciones de pescado en los últimos cinco años. Esa cantidad representa aproximadamente un cuarto de lo que se importaba hasta 2007, según el propio Granma.

La distribución del pescado por parte del Estado ha sido cuestionable, ya que, aunque se oculta convenientemente la cifra exacta de toneladas destinada anualmente al turismo, la casi absoluta ausencia de este producto en puntos de venta asequibles a la población sugiere su traslado casi exclusivo a hoteles, restaurantes y centros administrativos estatales.

Una gran mayoría del pescado que se captura en mar abierto o se produce en la acuicultura, es procesado y convertido en croquetas. Por citar un ejemplo, el director del Departamento de Industria en la División Pesquera vaticinaba en 2014 el procesamiento de 10.000 toneladas de pescado. ¿Por qué la población cubana debe comerse el pescado en forma de croquetas?

Para el turismo y otros clientes extranjeros las opciones se abren como muestran slogans publicitarios como “Vive la aventura de la pesca deportiva en Cuba” y “La pesca en Cuba es simplemente única”.

Si bien es cierto que los cubanos ya podían pescar antes de la puesta en vigor de la Ley 129 sin necesidad de licencias, esta actividad se reducía al uso de medios simples como varas, carretes, cordeles, anzuelos, en botes pequeños, y no se permitía vender las capturas.

La única modalidad autorizada mediante licencia, que entregaba el desaparecido Ministerio de la Industria Pesquera, era la pesca deportivo-recreativa, que también prohibía la comercialización del pescado capturado. La pesca comercial era permitida solo a las personas jurídicas cubanas y extranjeras, así como a los turistas.

Mercado negro y pesca ilegal

En cuanto al suministro para personas de mayores ingresos —ya sean cuentapropistas, artistas internacionales, deportistas importantes o que cuenten con la ayuda de algún familiar en el extranjero—, se encargan los pescadores ilegales.

Estos usan principalmente artes de pesca mayor, como el palangre y el trasmallo, que permiten capturas masivas perjudiciales para el lecho marino, además de no discriminar entre pescados de mayor o menor tamaño. Los pescadores ilegales también usan métodos que consisten en el uso de explosivos, cloro y otras sustancias tóxicas.

Según cifras oficiales, en todo Cuba hay alrededor de 2.500 pescadores ilegales. Estos destinan sus capturas principalmente a los restaurantes privados y a ese sector de la población que puede pagar los precios del mercado negro.

“Yo no puedo vender barato —dice Aramis Sánchez—. Pescar así es muy molesto y cansón, aunque te guste. Es difícil salir todos los días porque no se aguanta, así que cuando te decides tienes que meterle duro, tratar de entrarle con todo porque estás pescando para ganancias de cuatro o cinco días y además debes compartirlo con los que te acompañan”.

Para el pescador ocasional, Juan Carlos Obregón, el problema está en la pesca irresponsable, la utilización de palangres, trasmallos, nasas y redes de arrastre, así como en la actitud de pescadores estatales que, “bajo el manto de la legalidad”, capturan especies protegidas y especímenes demasiado jóvenes.

Pero los pescadores ilegales se autoproclaman víctimas del sistema. Han elegido la pesca como un modo de supervivencia, pero al ser una ocupación fuera de la ley, a menudo se presentan situaciones que generan el uso de la violencia.

“A veces uno se busca una bronca porque cuando vas a revisar te encuentras que hay alguien metido abajo llevándote la carga. Tienes que ponerte guapo, porque todo aquí es dinero. Por eso hay gente que se dividió las zonas, pero no te creas, es a ojo de buen cubero y cuidado con trocarte con la zona, robar carga o hacer un levante que no es tuyo, te puede costar una jodienda fuerte, incluso de golpes y cuchillos”, explica Aramis Sánchez.

Este pescador ubica las principales zonas de pesca ilegal en los barrios capitalinos de Baracoa, El Salado, Bahía Honda y Cabañas, aunque no duda que en Santa Fe también ocurra. Se trata de localidades pertenecientes al municipio Playa, uno de los más solventes de la capital cubana.

Los cambios de la nueva ley

Entre los cambios de mayor relevancia que incluye la nueva ley está la autorización a cubanos a participar en la pesca comercial, la reorganización de las categorías de pesca autorizadas, los órganos encargados del control de esta actividad, etc. En opinión de Ariel Seijas, exasesor jurídico del antiguo Ministerio de la Industria Pesquera, el 164 era un decreto ley “bastante completo”. El abogado achaca a su incumplimiento la mayoría de problemas con el pescado en Cuba. “El tema de la pesca ilegal se distorsionó tanto en Cuba, que se le fue de la mano al Estado”, dice.

Respecto a la nueva Ley de Pesca, Seijas piensa que trata de poner coto a lo que se ha tornado ilimitado: la ilegalidad. “Considero que esta ley llega atrasada, puesto que de por sí no hará magia. Tendrá resultados si logra echar a andar otras legislaciones que sustancien lo que ella misma regula”.

Aunque aún es temprano para un diagnóstico de los efectos de la nueva Ley de Pesca cubana, algunas de las condiciones que generaron el actual estado de crisis persisten. Además, el país deberá superar la depresión económica que previsiblemente seguirá a la pandemia, después de tantos meses sin producción sostenida.

Dicha situación constituye un doble reto para el Estado cubano, que deberá garantizar la alimentación de la población y, a la par, perseguir las ilegalidades que se cometan en materia de pesca. Ello abarca también las embarcaciones estatales y el accionar de sus funcionarios.