MIAMI, Estados Unidos. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó información al régimen cubano sobre el caso de Keilylli de la Mora Valle, activista de 27 años condenada a un año y seis meses de prisión para la que la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) ha pedido una medida cautelar.

La dirigente opositora cubana Rosa María Payá, directora ejecutiva de FDP, dijo a la agencia EFE que la CIDH les comunicó hoy que envió la solicitud al canciller cubano, Bruno Rodríguez, y le dio un plazo de tres días para responder, a partir de la fecha de recibo.

“Keilylli de la Mora Valle, a sus 27 años de edad, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, sus derechos a la vida y a la integridad personal están en grave riesgo”, según la solicitud de medidas cautelares hecha a la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Payá resaltó que la CIDH recientemente emitió su primer informe país sobre Cuba en 37 años, “muy crítico” con la situación de los derechos humanos en la isla, y elogió la labor del nuevo relator para Cuba, el guatemalteco Stuardo Ralón Orellana.

A juicio de la dirigente opositora “la represión se ha vuelto loca” en Cuba, país que pertenece a la OEA pero no participa en ese organismo desde 1962.

“El Gobierno está usando la COVID-19 y la cuarentena para meter presa a nuestra gente”, indicó Payá, hija del disidente Oswaldo Payá, que murió en 2012 en un accidente de tráfico que ella y su familia consideran que fue provocado por agentes del Gobierno.

Según Payá, en los últimos tres meses más de 3 000 personas han sido acusadas de delitos relacionados con la COVID-19, entre ellos opositores como de la Mora Valle, quien fue acusada de “propagación de epidemia por llevar el nasobuco (tapabocas) mal puesto”.

La joven, que hizo una huelga de hambre de 12 días en prisión y debió ser hospitalizada, es integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotora de Cuba Decide, organización dirigida por Payá que promueve la celebración de una consulta popular para que el pueblo cubano diga qué sistema político quiere.

Payá organizó para esta noche un foro virtual con el relator para Cuba de la CIDH, en el que se analizarán las conclusiones del informe país junto a Tania Bruguera, directora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, y Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral.

Payá habló también del caso del activista ambiental cubano y ex prisionero político Ariel Ruiz Urquiola, que está en huelga de hambre y sed desde hace tres días frente a la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y se preguntó dónde está la alta comisionada Michelle Bachelet.

El científico disidente pide una audiencia de las Naciones Unidas para tratar su denuncia contra las autoridades cubanas, a las que acusa de haberle transmitido el virus del sida cuando estuvo en prisión.

“Acabo de hablar con Ariel, y estoy muy preocupada de que él se niegue a recibir atención o cuidados médicos”, dijo la activista.

Payá hizo responsable de la vida de Ruiz Urquiola a Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“El régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel infectó a Ariel con el virus del VIH en Cuba, y él solo pide ser escuchado”, subrayó.

En junio de 2018 Amnistía Internacional declaró a Ruiz Urquiola como un prisionero de conciencia.

EFE

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