Hace unos días, las titulares de Finanzas y Precios y del Banco Central de Cuba comparecieron en el programa televisivo Mesa Redonda para dar a conocer las acciones a impulsar por ambos organismos. De toda la exposición, ha llamado la atención el reclamo a diversificar la participación en la financiación de los déficits presupuestarios, por medio de la emisión de deuda pública a las empresas y personas naturales.

En la Mesa Redonda, la ministra, dijo que “en cuanto al Sistema de Crédito Público, se procederá a la instrumentación del mercado de deuda pública, autorizando la participación de las empresas en la adquisición de Bonos Soberanos de la República de Cuba, así como la incorporación paulatina de personas naturales”, para añadir a continuación que “el objetivo es diversificar la participación de los actores económico en la financiación de los déficit presupuestarios y contribuir a la sostenibilidad fiscal”.

Por su parte, la presidenta del Banco Central señaló que “otras medidas son la implementación del mercado de deuda pública, así como el diseño de un mercado cambiario en la medida en que el peso cubano alcance un mayor nivel de convertibilidad. A mediano plazo, aparece también el surgimiento de un fondo de reservas internacionales que permita respaldar el esquema cambiario establecido en cada momento”.

Lo cierto es que, de la información ofrecida en la Mesa Redonda, poco más se puede añadir al respecto, ya que no se avanzaron detalles de las medidas. No obstante, convendría plantear una serie de reflexiones sobre lo que significa un mercado de deuda pública en un país como Cuba.

¿De dónde puede salir la financiación para la deuda pública?

En primer lugar, ¿de dónde puede salir la financiación para la deuda pública? La ministra señaló el origen en las empresas y las personas naturales. Entre las primeras, debió pensar en las que ganan dinero, fundamentalmente las que se encuentran orientadas a la economía abierta (turismo, minería), ya que las empresas estatales dirigidas al mercado interno, subsidiadas y con precios topados, presentan muy bajos niveles de capacidad financiera. Además, sobre ellas recae la mayor parte de la denominada fiscalidad no tributaria, que constituye el sistema de extracción de valor que practica el Estado comunista sobre sus empresas, lo que las deja en una situación de clara debilidad financiera.

Otra fuente serían las personas naturales, y aquí hay un problema: el bajo nivel de ahorro que existe en la economía cubana. Según datos de la ONEI, en 2016 el porcentaje del ahorro bruto sobre el PIB era del 11,5%. Otro dato, en la composición de la liquidez total de la economía, el ahorro representa el 54% del total, en tanto que el efectivo en circulación alcanza un 46%, un porcentaje que multiplica por cuatro la media de otros países.

Las razones son conocidas. Los cubanos perciben salarios muy bajos, con un poder adquisitivo muy limitado, lo que reduce su capacidad de ahorro. Los depósitos bancarios son inexistentes, salvo casos concretos. Esta falta de financiación interna en la economía, provocada por la ausencia de un marco jurídico de respeto para los derechos de propiedad privada, ha sido, por ejemplo, uno de los obstáculos más citados por los empresarios extranjeros para implementar proyectos de inversión en la Isla.

En tales condiciones, será muy difícil, tanto para las empresas como para la población, comprar los títulos de deuda. Se podría pensar en el caso de los receptores de remesas, que no parece que vayan a destinar los fondos que reciben a la compra de los títulos del Gobierno, por cuanto los destinan a necesidades mucho más concretas de alimento o vestido. De todo ello, cabe concluir que las posibilidades de financiar la deuda pública emitida por el Gobierno, al menos a corto plazo, son bastante escasas.

Más allá de la financiación

En segundo lugar, para que las empresas y los ciudadanos en general puedan comprar deuda pública, no solo se requiere financiación, sino que los recursos sean canalizados de forma adecuada hacia los títulos del Gobierno; es decir, se necesita que existan instituciones especializadas en inversión que, al menos en Cuba actualmente, no existen. Hablamos de instituciones que, además, ofrezcan sus servicios, previo pago, a los clientes. Los bancos podrían encargarse de estas operaciones y ofrecer la adquisición de los títulos, pero tendrán que cobrar comisión por las transacciones, y el cliente no estará probablemente de acuerdo con ello. Además, la operatoria de los bancos estatales cubanos se encuentra atrasada y no parece que pueda afrontar las funciones de mercado, primario y secundario, para títulos de la deuda pública.

En tercer lugar, la propia vida de los títulos hace difícil la gestión en Cuba. Se puede pensar en los títulos de deuda pública adquiridos en un momento preciso. Si alguien compra los títulos pagará su precio en el momento de la emisión, y asume la espera para obtener la devolución de los mismos al vencimiento (un año, cinco, o lo que estime conveniente el emisor). A veces, los gobiernos incentivan la compra de los títulos de deuda con un descuento, que posteriormente, cuando se devuelve el importe de la inversión, se realiza por la totalidad. En este caso, el cliente obtiene la rentabilidad por anticipado, si bien lo normal es el abono mensual o trimestral de intereses.

¿Está aceptando ese enriquecimiento del cliente el Gobierno comunista que se inspira en una constitución que prohíbe la riqueza? Los intereses de un título de deuda tienen la misma naturaleza que un arrendamiento de una vivienda a un particular, y eso en Cuba está proscrito. Se puede pensar en otra opción, en concreto, que el propietario del título decida venderlo a otra persona antes del vencimiento, porque puede necesitar liquidez. Entonces percibirá un precio por el título que estará en función del tipo de interés y de la importancia que otorgue el comprador a tener dicho título. Es decir, deberá existir ese mercado de deuda pública al que se refiere la ministra. Pero lo destacable de este supuesto es que plantea otro escenario de posible beneficio (en la ganancia por la venta del título) que atenta contra el enunciado de la Constitución. Y así sucesivamente.

Para que haya deuda pública y se consolide un mercado, hay que ir olvidándose de la penalización del enriquecimiento en Cuba, ya que es un supuesto contradictorio con la vida de los títulos. Además, y muy importante, si un cubano, persona natural, compra títulos de deuda, acumula patrimonio casi de la misma forma que si decide comprar viviendas. Y ya sabemos que, en Cuba, esto se encuentra igualmente prohibido. Es decir, o cambian las cosas, o el mercado de la deuda puede ser eliminado por algún dirigente comunista reaccionario antes de nacer.

En cuarto lugar, un aspecto incluso peor. Si el Estado compite con otras entidades, por ejemplo cuentapropistas, por conseguir la financiación asociada al nivel de ahorro existente en la economía, que ya se ha dicho que es escaso, con el ánimo de colocar sus títulos de deuda, estará expulsando al sector privado de esta financiación, un proceso que se denomina crowding out y que es bien conocido por los economistas, ya que supone que muchos proyectos privados de inversión no se puedan ejecutar por la escasez de fondos o la ausencia de los mismos.

Lógicamente, en un país con una economía en crecimiento, esto no sería un problema, pero en Cuba, con los bajos ritmos de crecimiento económico a largo plazo, la competencia del Estado por la financiación dejaría en una posición de marcada debilidad al sector privado.

De lo expuesto, cabe concluir que, si el Estado cubano decide recurrir a la deuda pública para colocar sus bonos soberanos, porque el Banco Central ya no tiene capacidad para comprar más, que es lo que parece que está ocurriendo, deberá cambiar muchas cosas para que estas sencillas operaciones que se realizan en cualquier país del mundo, tengan lugar.

Bienvenida la emisión de deuda pública, a pesar de los problemas que acarrea para la financiación privada. Que la economía cubana avance hacia una progresiva normalización con las instituciones y organismos que existen en otros países del mundo, y que funcionan bien, es una decisión de las autoridades que debe ser bien acogida.