HOLGUÍN, Cuba.- A sus 85 años, Francisco González tiene que caminar casi seis kilómetros todos los días, cojeando y apoyándose en un rústico palo que usa como bastón, para poder subsistir.

Pese a su avanzada edad, aún tiene que trabajar vendiendo jabas de yarey que él mismo confecciona durante las tardes y noches en su casa, después de una agotadora jornada de venta ambulante bajo el intenso sol y el sofocante calor de esta ciudad del oriente cubano.

Su andar es lento, pues además del improvisado bastón que agarra con su mano izquierda, sostiene una vara sobre el hombro derecho de donde cuelga las jabas que vende a 20 y 30 pesos, según el tamaño.

Sale de su casa poco después del amanecer y regresa pasada la una de la tarde, en ocasiones sin lograr vender ni una jaba, que son bolsas hechas de hojas de palma, ideales para cargar.

“La doctora me dijo que no saliera a la calle”, cuenta González, que también sufre sordera en ambos oídos. “Por mi avanzada edad tenía que mantenerme en casa, pero la necesidad me obliga”.

El anciano pertenece al amplio grupo de personas que en Cuba siguen trabajando después de jubiladas, pues la pensión que recibe del Estado es de 310 pesos cubanos al mes, unos 12 dólares que no le alcanzan para sobrevivir los 30 días.

Como él, miles de adultos mayores tienen que buscar un ingreso adicional para poder vivir dignamente en la Isla, y lo hacen asumiendo trabajos informales en la calle, o vendiendo golosinas y periódicos, lo que los expone a contagiarse con el nuevo coronavirus.

Desde que estalló la pandemia de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que la edad es el factor de riesgo más importante de contagio del virus. En Cuba, siete de cada diez fallecidos por la pandemia hasta la fecha tenían 65 años o más, según reportó el diario oficialista Granma.

Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), afirmó que el rango de edad de las personas fallecidas a causa de la COVID-19 está entre los 60 y 89 años, con predominio de los hombres.

Sin embargo, la necesidad de trabajar de muchos adultos mayores pesa más que el miedo al contagio, y su presencia en las calles pone de relieve la precaria situación que enfrenta un grupo poblacional que, sin embargo, es uno de los más numerosos: la quinta parte de la población cubana tiene al menos 60 años.

Los ancianos cubanos dependen de pensiones exiguas y programas de asistencia social mucho más débiles que el sistema de salud de la Isla.

Por eso, quienes no cuentan con ayuda familiar o parientes que les envíen dinero del extranjero deben trabajar exponiéndose a una enfermedad latente en el país, con recientes rebrotes y muertes en La Habana y Artemisa.

González, por ejemplo, se encuentra divorciado, tiene tres hijos y vive solo. “En la casa cocino, lavo y hago todos los quehaceres”, asegura.

En un país en el que 2.3 millones de personas tienen más de 60 años, solo algo más de la mitad (1.2 millones) recibe su pensión.

Los demás reciben un tipo de subsidio no contributivo llamado “asistencia social”, aún más bajo, que va de los 217 a los 260 pesos mensuales (entre 9 y 11 dólares), una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas cuando se sabe que medio kilo de arroz cuesta 30 pesos (1.2 dólares). Esto es poco incluso en comparación con los reducidos salarios estatales cubanos.

En 2018, el salario medio mensual fue de 777 pesos (32 dólares), según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Así, la mayoría de los adultos mayores se ubican por debajo de lo que las instituciones internacionales como el Banco Mundial consideran el umbral de la pobreza: ingresos de menos de 1.90 dólares diarios.

Ante esta situación, el gobierno tuvo que tomar varias medidas para que jubilados y personas dependientes del sistema de asistencia social puedan comer todo el mes. Una de ellas fue permitir que quienes ya se jubilaron (65 años en los hombres y 60 en las mujeres) se reincorporen a un puesto de trabajo y puedan devengar al mismo tiempo pensión y salario.

Muchos hombres son contratados como vigilantes nocturnos en almacenes o instalaciones estatales. Esto ha propiciado una escena que cada noche se repite en muchos lugares de Cuba: ancianos que abandonan sus casas para hacer sus turnos de trabajo mientras el resto de la familia descansa.

Francisco Gonzalez. Foto Fernando Donate.

Anciana con cartilla racionamiento. foto Fernando Donate

Anciano busca comida. Foto Fernando Donate

Felipe Hernández, de 71 años de edad, trabaja desde la noche hasta el amanecer del siguiente día cuidando un mini restaurante estatal perteneciente a la Empresa Municipal de Gastronomía y los Servicios de Holguín.

Junto a otro compañero, de edad similar, comparte dos noches de trabajo y dos noches de descanso por un salario básico de 235 pesos, más 20 pesos de nocturnidad que suman un total de 255 pesos mensuales (10 dólares).

“Mi pensión de 310 pesos no rinde para comprar las cosas básicas que necesito y hace dos años trabajo aquí”, dice Hernández, que vive con su esposa, dedicada a los quehaceres hogareños, y es jubilado del sector de la Educación.

“Nuestros dos hijos nos ayudan en lo que pueden, pero no es mucho, porque ellos tienen una familia que mantener”, afirma el anciano.

Otra de las políticas adoptadas para completar pensiones y subsidios fue crear el Sistema de Atención a la Familia (SAF), surgido el 28 de diciembre de 1998, que consiste en una red de comedores en los que pueden alimentarse las personas más vulnerables.

Además, en Cuba existen 155 hogares de ancianos y 295 casas de abuelos en las que se presta atención a los mayores, según datos del Anuario Estadístico de Salud de 2019.

Estas políticas públicas adolecen de lo mismo que muchos de los servicios estatales en Cuba: carecen de la suficiente financiación, al igual que el sistema sanitario que en 2020 recibió una inversión de 12 740 millones de pesos.

Sin embargo, el presupuesto de otras políticas sociales es mucho menor. En los subsidios y otros programas de asistencia social como los hogares de ancianos, en 2018, Cuba gastó 300 millones de pesos cubanos, según se registra en las Cuentas Nacionales que lleva la Oficina Nacional de Estadísticas.

Esto provoca que programas como el SAF y otros semejantes, destinados a los adultos mayores, disten de ofrecer una cobertura universal, convirtiéndolos en foco constante de quejas por sus deficiencias.

En toda la provincia de Holguín la red de comedores SAF tiene unos 5 800 afiliados, de los cuales más de 3 000 son personas de edad avanzada, según han publicado medios estatales. Sin embargo, los mayores de 60 años son casi 210 000, de acuerdo a datos oficiales.

Fuera de su escaso alcance, estos programas también son criticados por deficiencias en el servicio. Debilidades reconocidas por las propias autoridades.

La contralora provincial, Irma Sánchez Cruz, en reiteradas ocasiones ha calificado de ineficiente la gestión de la Empresa de Gastronomía del territorio, encargada de suministrar los alimentos a los comedores.

Aníbal Carrizo, un vecino de Holguín, de 79 años, explicó que acude a una de estas instalaciones desde hace cuatro años. Allí recoge el almuerzo y la cena. “La comida es poca y de mala calidad. Este problema lo hemos planteado al gobierno, pero la situación persiste”, dijo.

Róger Hidalgo, asiduo comensal del SAF, situado en el Distrito Lenin de la ciudad de Holguín, dice que “los alimentos no tienen higiene por mala manipulación”, así como otras violaciones de las normas más elementales de bioseguridad en momentos de pandemia.

Con pensiones bajas y las deficientes políticas públicas, el bienestar de los ancianos cubanos suele depender del apoyo familiar. Los que carecen de asistencia de parientes son los más desfavorecidos, y los que se ven obligados a trabajar.

En Holguín es común ver a personas mayores realizando todo tipo de trabajos en las calles. Jorge Rodríguez, de 80 años, revende cajas de cigarros que compra en establecimientos estatales a ocho pesos para sobrevivir.

“Vendo la caja a 12 pesos a granel, a 1 peso cada uno”, dijo. “No es mucho lo que gano, pero con eso voy ‘tirando’ (sobreviviendo)”.

Rodríguez recién regresó a su casa después de comprar un antihistamínico en una farmacia distante. Cojea debido a una fractura en la pierna derecha causada por el impacto de una motocicleta.

“Me jubilé en 2001”, dice mientras apoya en su axila derecha una muleta que produce un sonido seco cada vez que toca el piso. “Al principio cobraba una pensión de 270 pesos, pero ahora me la subieron a 320. Si compro un litro de aceite gasto los 50 pesos que me incrementaron. Sé que corro el riesgo de enfermar por coronavirus. Pero vivo solo y mis hijos nunca me han ayudado ni tan siquiera a comprar un medicamento”.

A los 32 años Oscar quedó ciego por un desprendimiento de retina. Trabajó en un taller de artesanías donde obtuvo una jubilación de 320 pesos. También paga un crédito bancario que le facilita la compra de materiales de construcción para reparar su casa.

El dinero no le alcanza, por eso hace siete años vende pasta de maní que elaboran varios integrantes de la familia. “Unos tuestan el maní, otros lo envuelven y yo vendo cada pastica a cinco pesos”. Oscar asegura que vende un promedio de 100 pasticas diarias que le reportan una ganancia de 40 centavos cada una.

Para ello sale de la casa a las 9 de la mañana y regresa pasadas las 3 de la tarde. Camina más de 10 kilómetros diarios para ganar solo 40 pesos (1.60 dólares).

Romárico Aguilar, con 81 años, realiza desde hace 40 un oficio casi en extinción: afilador callejero de tijeras y cuchillos.

En cuanto comenzó la desescalada post coronavirus en Holguín lo primero que hizo fue salir a trabajar.

“Estoy obligado a salir porque la vida está muy cara y tengo que seguir trabajando”, dice Aguilar, que vive en el reparto Pueblo Nuevo y para llegar al centro de la ciudad camina dos kilómetros empujando su rudimentario taller.

De pocas palabras, y de hablar casi en susurros, a Aguilar se le nota un leve temblor en la mano derecha causado por la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, logra sujetar con firmeza las tijeras cuando las afila.

“La tijera está muy deteriorada”, le dice amablemente a una clienta mientras con un martillito da unos golpes precisos para ajustar el remache. Después saca un retazo de tela y comprueba el filo. El precio de cada tijera afilada es de 5 pesos.

Finalizado el trabajo, recoge la polea y convierte el afilador en una carretilla que empuja. A medida que se aleja, con pasos lentos pero firmes, Aguilar comienza a sacarle melodía a una pequeña armónica que anuncia su presencia.

En las calles de Holguín también es común ver a los adultos mayores vendiendo ristras de ajo o agua, que es lo que hace Jacinto Leyva, de 77 años, en los repartos Vista Alegre y Piedra Blanca.

Su pensión de 320 pesos lo obliga a realizar esta agotadora labor. Para llegar a sus clientes recorre un kilómetro desde un pozo estatal. Conduce una carretilla de cuatro ruedas donde carga diez bidones con agua que después vende a cinco pesos cada uno.

La venta de periódicos es otro de los oficios dominados por los adultos mayores. Uno de ellos es Miguel, quien ha ubicado su negocio en un tramo del bulevar de la ciudad.

Trata de protegerse del sol debajo de una reducida sombra proyectada por la pared de un local, pero el resplandor reflejado en el piso de granito hace mella en su rostro.

Sin embargo, no se mueve del sitio porque “es una esquina buena para vender rápido los periódicos”, dice, mientras sostiene un ejemplar del diario Granma, que vende por el valor de un peso.

Miguel no quiere que su identidad se revele porque padece de la presión alta, una de las enfermedades que más comúnmente se ha asociado a los casos graves y fatales de la COVID-19.

Tiene 66 años y trabajó como ayudante de mecánico en los talleres de la empresa de transporte hasta su jubilación por problemas de salud. Ahora recibe 280 pesos mensuales. “Lo que me pagan es una mierda”, dice.

“Al principio de mi jubilación vendí maní, pero era muy trabajoso y la salud no me acompañaba. Ahora vendo periódicos. Si no lo hago paso más hambre”.

A pocos metros, su colega Gerardo no le hace competencia porque, a diferencia de Miguel, su negocio es vender periódicos viejos “que la gente usa cuando va al baño porque no hay papel higiénico”, dice en tono burlón.

Muy cerca de allí, casi frente a una parada de ómnibus en la calle Aguilera, entre las calles Libertad y Maceo, Mercedes Calzadilla Estrada también vende periódicos y revistas.

Ella ha improvisado su puesto de venta en el escalón que da entrada a un local cerrado. “Mientras esté viva todos los días venderé periódicos y revistas en este lugar”, asegura la mujer, de 79 años.

 

Oscar. Foto Fernando Donate.

Romárico Aguilar. Foto Fernando Donate

Anciana caminando. Foto Fernando Donate

Calzadilla compra la mercancía en los establecimientos estatales, donde los periódicos cuestan 20 centavos y las revistas un peso. “Después yo revendo los periódicos a un peso y las revistas a cinco”, dice.

La holguinera se protege con una mascarilla y es consciente de que en la calle está expuesta a enfermar con la COVID-19. Pese a ser más propensa a sufrir complicaciones derivadas del nuevo coronavirus por padecer diabetes, problemas de circulación y tiroides, ella tiene que seguir trabajando.

Se jubiló como costurera en la fábrica textil “Lidia Doce” y su pensión de 200 pesos no es suficiente para pagar los gastos del hogar donde vive con una hermana enferma de 68 años.

“Siento que ya no tengo la fuerza de antes. No sé qué será de nosotras cuando ya no pueda trabajar”, dice afligida.

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