GUANTÁNAMO, Cuba.- El principio de legalidad está indisolublemente vinculado a la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, según el artículo 156 de la Constitución, es el órgano que tiene como función fundamental, además de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.

Como ente principal encargado de velar por el respeto a la ley, la FGR deja mucho que desear. A más de un año de promulgada la nueva Constitución de la dictadura no se aprecian prácticas concretas de esa institución, atemperadas al espíritu de tan importante documento y tendentes a demostrar que este no correrá la misma suerte que su precedente.

Se reiteran los abusos y la posición impositiva que asumen los órganos de la administración central del Estado en sus relaciones jurídicas con los ciudadanos. A pesar de que el Código Civil establece que ambos sujetos jurídicos concurren a esas relaciones en un plano de igualdad, en la práctica no es así, pues a las personas naturales se les vulneran constantemente sus derechos y frente a esa práctica obtienen poquísimas veces una tutela jurídica efectiva. Lo más grave es que no se avizora la existencia de una norma jurídica que asuma como objetivo el control de la ciudadanía sobre quienes la dirigen y sobre quienes están encargados de defender la institucionalidad del país. Tampoco existe una norma que regule el ejercicio del derecho de queja, tan vulnerado por la Fiscalía y demás instituciones del Estado. En fin, el soberano carece de empoderamiento real.

Los cubanos somos objeto de cotidianas escuchas ilegales de nuestras conversaciones telefónicas,  intercepciones de nuestra correspondencia, procesos judiciales amañados, coacciones, amenazas, detenciones ilegales, golpizas y chantajes por parte del Ministerio del Interior y la seguridad del estado sin que podamos obtener de la FGR una tutela jurídica efectiva. A muchos se nos impide viajar libremente por nuestro propio país, o salir de él y regresar, acciones que son ejecutadas con total impunidad por las entidades mencionadas con la complicidad de la FGR. Todas esas acciones violan la Constitución y constituyen delitos previstos y sancionados en el Código Penal.

La última modalidad de la Fiscalía en Guantánamo consiste en que cuando un ciudadano se queja de la actuación del MININT o la Seguridad del Estado, responde que no tiene jurisdicción para responder a su queja, aunque técnicamente hablando la frase correcta sería que carecen de competencia, lo cual también es falso. Esa respuesta oral se la ha brindado en varias ocasiones a este periodista, colocándome en total estado de indefensión frente a los robos de mis bienes personales, ejecutados por la seguridad del estado el 5 de octubre del 2015 y en julio del 2018; frente a las detenciones ilegales que he sufrido, frente a la golpiza inhumana y cobarde, hallándome esposado, que sufrí el 22 de abril del 2019 y frente a la vergonzosa farsa judicial donde fui sancionado a un año de trabajo correccional con internamiento, convertido en un año de privación de libertad por negarme a ir a trabajar a un campamento de trabajo forzado de la dictadura, máxime cuando no cometí delito alguno. Esas respuestas de la FGR vulneran lo establecido en el artículo 156 de la Constitución y desmienten rotundamente la afirmación oficialista de que en Cuba se respeta la institucionalidad de la propia dictadura.

En realidad se trata de una práctica que se basa en la acepción de personas. Aquí se ejerce una discriminación política descomunal contra los ciudadanos que defendemos un proyecto de país diferente al estéril y desacreditado que han impuesto los comunistas. Ninguna de las quejas que he presentado ante el delegado del MININT de Guantánamo, ante el departamento de atención a la ciudadanía del MININT y la Fiscalía Militar de la Región Guantánamo, han sido respondidas. Tampoco ha respondido a mi queja, presentada el 10 de diciembre del 2018 ante el Consejo de Estado, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien tanto ha hablado en público sobre el deber de responder a tiempo las quejas de los ciudadanos. Conste que mi caso no es el único.

Los medios informativos de la dictadura critican mucho a los EE.UU. por cometer actos de violencia policial  contra sus ciudadanos. Cuando allá fallece alguien luego de una trifulca con la policía, aquí califican el suceso como abusivo. Sin embargo, cuando un policía cubano ultima a balazos a un ciudadano, como ocurrió recientemente en Artemisa, esos medios afirman que el hecho fue ejecutado en defensa propia, aunque el policía haya podido dispararle a los pies al presunto agresor. Ese maniqueísmo mediático constituye una ofensa a la inteligencia.

Por lo menos en los EE.UU. los ciudadanos pueden protestar libremente en las calles, demandar a la policía, al gobierno de la ciudad o del Estado y hasta al mismísimo presidente del país y obtener una adecuada compensación económica por el daño o perjuicio causado, así como la reparación moral ante la sociedad.

Aquí no existe siquiera la posibilidad de que una queja sea atendida con decencia y profesionalidad, mucho  menos que muertes como la del ciudadano de Artemisa, o las de Laura Pollán u Oswaldo Payá Sardiñas, sean investigadas profundamente por la prensa mercenaria de los comunistas o por la prensa independiente, con todas las garantías que ese trabajo requiere.

Los delitos y abusos del MININT quedan impunes gracias a la complicidad de la Fiscalía General de la República y a la ausencia de una inequívoca voluntad política de la dictadura comunista, tendente a empoderar de forma eficaz a la ciudadanía.

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