Elías Amor Bravo, economista

Me refiero a un artículo de Granma titulado “Racionalidad económica y justeza”. Un binomio complicado para los dirigentes de la economía castrista que no han sido capaces de activarlo en 60 años de mal funcionamiento de un modelo que está en las últimas. Además, llevar esta idea a la vivienda en Cuba me parece un disparate si cabe aún mayor. Veamos por qué.

Todo viene de que a partir del Acuerdo 8641/2019, publicado el pasado 29 de agosto en la Gaceta oficial, “cada vez que el consejo de la administración aprueba la asignación de una nueva vivienda a personas jurídicas y naturales, conforme a la legislación vigente, se debe incluir el precio que ha de pagar por el inmueble”. La pregunta inmediata es, ¿pero acaso esto no se venía haciendo antes? ¿Cómo puede funcionar una economía sin los precios de los activos?

Cierto es que en un país en el que el racionamiento, la “canasta normada”, la “jabita” y la entrega por el estado de bienes y servicios a la población, han sustituido el poder de asignación libre del mercado, no regular el precio de la vivienda que se trasmite es un despropósito. Y lo es, si se piensa cómo han tenido que afrontar los cubanos, durante décadas, la situación de la vivienda en Cuba, donde todavía se puede recordar a aquellos ciudadanos que, arriesgando su situación procesal, “paseaban” por el Prado habanero y bajo mano formalizaban las transacciones de vivienda en venta o alquiler, al margen del control y represión de las autoridades. Simplemente porque estaba prohibido hacerlo, a los comunistas no les gustaba, ni les gusta, que funcione el mercado libre de la vivienda. Complejos.

Como consecuencia de ello, la vivienda y su regulación de inspiración estalinista ha sido un rotundo fracaso de la economía. Por eso, ahora 60 años después, anunciar que se debe poner el precio legal de las nuevas viviendas que se construyen y el de las acciones de conservación o reconstrucción ejecutadas por el estado, no se si llega a tiempo pero lo que tengo muy claro es que va a servir para resolver un problema que afecta, según algunos estudios, a más de 1 millón de ciudadanos.

Además, la absurda y lamentable intromisión del estado en materia de vivienda va a suponer, a la larga, más problemas que soluciones. Cómo si no interpretar el mandato oficial que “el costo presupuestado de la construcción, calculado a partir del sistema presupuestario de la construcción vigente” sea el que determine el precio de la vivienda, y además, “se proponga la eliminación de los subsidios que existían hasta el momento”. ¿Por qué el coste de producción y no otro indicador de precios?¿Que subsidios se eliminan y por qué?

Conclusión, este sistema nuevo ni racionalidad económica ni tampoco justeza, como dice Granma.

La reducción del subsidio, que es una decisión en la línea correcta, debe afectar al conjunto de la economía y no solo a determinados activos, porque en caso contrario, causará distorsiones graves en los precios relativos. Es lo ocurrido cuando se anunciaron los precios de los autos Peugeot, diez veces más caros que en cualquier país europeo. Un despropósito castrista.

La reducción de los subsidios no es una medida equivocada, pero no se puede aplicar si previamente no se establecen los salarios nominales que realmente corresponden a la población. Es decir, si se pretende que los precios legales de la vivienda funcionen en la economía sin subsidios, y el resto de precios igual, lo primero que tiene que hacer el estado es reducir su peso en la economía, eliminando la extracción de la productividad del trabajo y del capital que realiza actualmente, y que supone que el trabajador cubano promedio cobre un salario de un 40% o menos de la productividad de su trabajo (777 CUP de salario medio, frente a 1.859 CUP de productividad laboral). Aproximar el salario al valor de la productividad es una línea necesaria si se pretende aumentar la eficiencia. No hacerlo o dilatar la decisión está en el origen de un problema mucho más grave que limita la capacidad de la economía cubana para elegir libremente, crecer, prosperar y desplegar sus potencialidades.

Está bien quitar los subsidios, pero esta medida, aislada, va a generar graves problemas de asignación y justicia. Actualmente, el poder adquisitivo de los salarios es insuficiente y salvo que se reciban remesas del exterior, el acceso a la compra de una vivienda o la reforma, estará muy limitado para la mayoría de la población, y no digamos para los colectivos con dificultades para los que, vaya no cabe pensar en otra cosa, se mantienen los subsidios.

Desmontar el sistema comunista estalinista que rige la economía cubana desde los tiempos de los Castro no es tarea fácil, pero hay que actuar. El problema de la vivienda en Cuba no se arregla con medidas administrativas de precios, sino con una progresiva liberalización de la oferta, que permita a la demanda afrontar la elección en condiciones de calidad y precio. Por la vía del subsidio, se ha llegado a la situación en la que se encuentra la economía: escasez de vivienda, con una demanda en aumento. El estado malgasta sus recursos en apoyar la construcción, pero no logra sus objetivos, lo mismo que cuando “topa” los precios de los alimentos, y al cabo de pocos días los mercados se vacían a continuación. Alguien debería explicar a los dirigentes comunistas que el peso del estado en la economía, abrumador y desproporcionado, es el obstáculo que paraliza, traba y distorsiona los mecanismos de eficiencia que necesita la economía cubana para volver a esa “racionalidad” de la que habla Granma.

En ningún país del mundo, los consejos municipales de administración deciden quién puede comprar o arreglar su vivienda. Este sector se rige por las decisiones privadas de demanda y oferta. Cuando el estado interviene en la regulación, los problemas se disparan. La situación de Cuba es un ejemplo más que evidente.

Ni subsidios, ni precios en función de costes, ni estímulos para la compra de la vivienda o facilidades desde el estado funcionan. Todos los días nos encontramos con informaciones sorprendentes de esta economía enloquecida en la que, según Granma, cuando “una persona no es solvente para pagar mensualmente la cuantía del precio de la vivienda que le corresponde, entonces se pueden hacer adecuaciones a su contrato; ya no sería un contrato que implica propiedad, sino un contrato con venta a plazos en el que la propiedad se adquiere cuando se termina de pagar el inmueble”.

Es decir, la fórmula hipotecaria, que lógicamente está prohibida en el régimen comunista desde sus primeros tiempos revolucionarios, y que permite a millones de ciudadanos de todo el mundo ser titulares de sus activos, resulta que en Cuba no da derecho a la propiedad, sino una “venta a plazos” que ya se verá si se termina o no. ¿Cómo puede funcionar una economía en estas condiciones, es realmente más un milagro que una maldad castrista?

No me queda más que señalar lo mismo que al principio. Si las autoridades económicas creen que con medidas como esta se va a conseguir la racionalidad económica, para colocar los recursos allí donde son más necesarios, se equivocan. Para sacar a la vivienda del caos en que se encuentra en Cuba, una opción es la vuelta al mercado y a los derechos de propiedad. Es un camino que habrá que recorrer en algún momento, lo mismo que para otros sectores de la economía. La cuestión es que el tiempo se echa encima.