Díaz-Canel pide consejo a los economistas y los economistas lo complacen

ROBERTO ÁLVAREZ QUIÑONES | Los Ángeles

Solo el cash que llega de EEUU en remesas, paquetes y visitas se mantiene más o menos estable, que sumaron unos 7.000 millones en 2019.  Pero eso no basta para mantener a flote una economía que no es capaz ni de sustentarse a sí misma. Los cubanos de a pie viven cada vez peor.

Se trata de la etapa final del modelo comunista estalinista que suprimió en el país la libertad económica y  la racionalidad que rige el mercado en el mundo normal. Sanciones económicas y pretextos aparte, lo cierto es que corriendo ya el año 1962 de la “revolución” la economía cubana se ubica entre las más pobres de Occidente.

¿Ante semejante panorama qué hacen los gobernantes “revolucionarios” para que los cubanos no vivan tan mal?  Nada. O sí hacen, lo empeoran todo. Como ellos viven como ricos potentados y no carecen de nada, insisten en que el modelo de economía estatal es superior al de libre mercado y que solo hay que hacerle algunos ajustes técnicos y burocráticos para perfeccionarlo.

Para hacer dichos ajustes Miguel Díaz-Canel pidió su concurso a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC). Les solicitó propuestas para la renovación de la economía estatal con vistas a promulgar una  Ley de Empresas.

Esa Ley de Empresas, de la que se viene hablando hace años,  será  la “idiotización” institucional completa ya del castrismo en materia económica. Cuando es historia antigua que 33 de los 35 países (menos Cuba y Corea del Norte) comunistas en el siglo XX tiraron el sistema de economía estatal centralizada a la basura por inviable, el régimen cubano no solo se niega a desmontarlo, sino que lo pretende afianzar. No importa que el país ya está en ruinas a causa de ese sistema.

La ANEC, que representa a unos  82.000 economistas y contadores (¿para qué tantos si no pueden aportar nada útil a la economía?) complació a Díaz-Canel  y presentó sus propuestas, a imagen y semejanza del dictador Castro II y la elite político-militar.

Son sugerencias que juegan con la cadena pero no tocan al mono: el modelo económico estatista. Se basan en subterfugios tecnocráticos. No van al fondo del problema, que es la necesidad de desmantelar el modelo de economía centralmente planificada.

Para “hacer más eficiente” el sector estatal, los economistas oficialistas entre otras cosas recomiendan separar las funciones estatales y empresariales; descentralizar el comercio exterior —claro, no proponen que el sector privado pueda también importar y exportar—; así como mayores incentivos financieros para la sustitución de importaciones; que el sistema bancario del Estado apoye más a las empresas estatales (¿aunque registren millonarias pérdidas?).

El cálculo económico no salvó al socialismo

También sugieren mayor autonomía empresarial, que las entidades estatales puedan definir sus proveedores y clientes, precios, salarios, y otras menudencias  técnicas que tantas veces se han manoseado  durante décadas, desde que en 1976 se implantó el llamado cálculo económico que se aplicaba en la Unión Soviética desde la muerte de Stalin.

Según dicha modalidad económica, que no salvó de su extinción al socialismo, las empresas soviéticas estatales tenían bastante autonomía y obtenían un porcentaje de las utilidades si cumplían el plan trazado. Las empresas decidían los surtidos a producir y las inversiones a realizar. Y los trabajadores recibían primas en dinero y obtenían parte de las ganancias si lograban reducir los costos de producción, o lo mantenían bajo.

En Cuba el cálculo económico, al que el “Che” Guevara se oponía visceralmente porque lo consideraba una variante del capitalismo, recibió el burocrático nombre de Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). Castro puso al frente de ese sistema a Humberto Pérez, un profesor de Economía Política marxista formado en Moscú, a quien nombró presidente de la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), que era algo así como el ministerio estalinista de Economía.

La aplicación del SPDE coincidió con el aumento de los subsidios soviéticos a Cuba. Se abrieron los mercados libres campesinos, se les dio cierta autonomía a las empresas para autofinanciarse y para entregar estímulos monetarios a los trabajadores en vez de banderitas y diplomas. La producción de bienes y servicios se recuperó un poco y la población sintió un pequeño alivio con el llamado “mercado paralelo” estatal.

Pero al final todo aquello fue un “engañabobos”, pues se siguió asfixiando a las fuerzas productivas e impidiendo el desarrollo económico y social del país. Y al comenzar la perestroika de Gorbachov, Castro I se espantó, regresó al estalinismo clásico y lanzó el “Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, en 1986. Desmanteló el SDPE, acusó a Humberto Pérez de traidor al socialismo y lo expulsó del Buró Político y del Comité Central del Partido Comunista.

La economía entró en recesión, y no hubo hambruna solo por los subsidios soviéticos. Al desintegrarse la URSS en 1991, Cuba cayó en la más devastadora crisis económica de toda su historia republicana. El Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó en un 35% (algo nunca visto hasta entonces en el mundo en tiempos de paz), y vino el “Periodo Especial”.

Ello obligó al dictador al legalizar la circulación del dólar, los mercados campesinos, resucitó el cuentapropismo y abrió un poco la mano de nuevo hacia el cálculo económico soviético, que se volvió a aplicar esta vez en 767 empresas, el 32% de todas las existentes.

Pero en 2002, al comenzar el flujo de petrodólares de Hugo Chávez a La Habana, Fidel ordenó otra vez un regreso a la centralización estalinista-guevarista. Y, al traspasar el mando en 2006 a su hermano, de nuevo se fue regresando al cálculo económico, que ahora se quiere “perfeccionar”  con la ayuda de los economistas oficialistas.