Elías Amor Bravo, economista

En Granma culpan al bloqueo de EEUU de la grave situación del transporte. Nada nuevo. Este es un ejercicio que tiende a repetirse un día y otro también, pese a lo alejado que se encuentra de la realidad.

La instantánea que ilustra la información publicada en el diario oficial comunista da cuenta de las penosas colas en las paradas de las guaguas. Colas que, conviene recordar, que los cubanos sufren para todo tipo de bienes y servicios, incluido el transporte, porque es la esencia del sistema de planificación central de la economía, que es incapaz de producir y servir con eficiencia la demanda. En los países de economía de mercado libre es difícil encontrar estas colas, por algo será.

No contentos con justificar las colas como resultado del embargo, lo cual no es cierto, por las razones expuestas, el artículo de Granma va más allá y señala, entre otros, una presunta “persecución demencial a las embarcaciones que se atrevan a trasladar combustible al país o las restricciones para la adquisición de equipamiento que lleven componentes estadounidenses, hasta las presiones sobre los inversionistas extranjeros para que den marcha atrás a los contratos”.

Recordar brevemente que las presiones al transporte de combustible se ejercen solo sobre los petroleros procedentes de Venezuela. Si Cuba se aprovisionase en otros mercados, no tendría problema alguno para recibir el crudo en las cantidades solicitadas. El problema es el régimen de Venezuela que se ha convertido en una amenaza global, y por ello, las medidas aplicadas para poner fin a las agresiones a los venezolanos afectan a Cuba, dada la estrecha vinculación con aquel país.

En cuanto a la posible compra de componentes y equipamientos de EEUU, conviene recordar que en muchos países del mundo con los que Cuba comercia libremente se producen estos bienes intermedios y no existe problema alguno para su adquisición. Bueno, si que hay un problema, que es su coste. Si la economía cubana es insolvente, y no puede comprar estos productos en Inglaterra, Francia o Italia, ni siquiera con los convenios de desarrollo obtenidos por las condonaciones de las deudas del Club de París, el problema no tiene nada que ver con el embargo, el problema es suyo.

Y por último, las presuntas amenazas de EEUU a inversores extranjeros parece que no están teniendo el éxito que dice Granma, si se observa, por ejemplo, como se mantiene inalterada la presencia de rusos, chinos, españoles, canadienses en sus negocios en Cuba, que incluso los han ampliado en los últimos años. Hay que señalar, en tales condiciones, que estos presuntos “obstáculos al desempeño del sector transporte” que menciona Granma, simplemente no se pueden justificar.

El problema del transporte, como el resto de los sectores de la economía cubana, hay que ir a buscarlo a otro sitio y dejarse de demagogia y propaganda. De hecho, el diagnóstico ofrecido por el ministro del ramo Rodríguez Dávila, en su comparecencia en el programa mesa redonda, al que se refiere Granma, es realmente alarmante, empezando por “las insuficiencias que persisten en temas como las violaciones de los precios, la falta de información a los pasajeros, las indisciplinas de algunos chóferes, las malas condiciones de paradas y estaciones, y el incumplimiento de los itinerarios”, entre otros. Como subrayó, “un desafío perenne para los más de 200.000 trabajadores del sector”.

Sin embargo, el ministro se olvidó de estos graves problemas y dedicó la mayor parte del tiempo a volver sobre las medidas del gobierno de EEUU que, en su opinión, atentan contra los servicios de transporte en Cuba. La nómina se concretó en cinco puntos.

Citó en primer lugar, la reducción al 10% (anteriormente se admitía hasta un 25%) del máximo de componentes estadounidenses en un equipo para su adquisición por una entidad cubana. Segundo, la finalización intempestiva de los contratos con un fabricante de aviones de transporte. Tercero, el abandono por parte de una compañía internacional de un proyecto para la modernización de los principales talleres ferroviarios por temor a la aplicación de la Ley Helms-Burton. En cuarto, la prohibición de los viajes de cruceros a Cuba. Quinto, las limitaciones en la llegada de vuelos comerciales y charter desde Estados Unidos al interior del país provocando congestión en el aeropuerto José Martí de La Habana y un incremento en el tráfico interno por carretera para trasladar a todas esas personas.

Nada que no tenga solución, y que al final, tiene su origen en el problema antes citado de falta de combustible por la situación existente en Venezuela y la imposibilidad de Cuba de aprovisionarse de petróleo en los mercados mundiales. En tales condiciones, el ministro calificó la situación como “compleja realidad” que ha provocado en 2019 un “descenso significativo en el transporte con relación al año anterior, unido al eterno incumplimiento de los planes. Este es el punto que merece atención: los planes que, en materia de transporte, nunca han sido los adecuados para atender las necesidades de la población.

Y mucho menos en la coyuntura actual. El ministro identificó el mes de septiembre como el momento más crítico para el sector, y añadió que desde entonces no se ha producido la esperada recuperación, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno para contrarrestar los efectos de esta situación, provocada por la escasez de combustibles. Una de esas medidas implementadas en aquel momento, “como la indicación de que los vehículos estatales debían contribuir al traslado de pasajeros”, según dijo el ministro, “se han resquebrajado”.

Citó como ejemplo, que muchos vehículos que usan combustible administrativo, pasan vacíos y no tienen la conciencia de apoyar a esos otros cubanos que están en las paradas. Medidas de parcheo que no van al núcleo del problema y que provocan las insoportables colas del transporte público. En vez de aumentar la oferta y flexibilizar la prestación por parte de la iniciativa privada, el ministro anuncia que para “dar solución a este problema, las autoridades han incrementado la cantidad de inspectores y se realizan análisis con el máximo rigor con aquellos chóferes indolentes”. Justo lo contrario de lo que se tiene que hacer, situación que mantiene abierto un contencioso entre los transportistas privados y el gobierno comunista.

Y poco más dio de si la intervención del ministro salvo algunos datos sueltos, como “la incorporación en la capital de unas 400 Gazellas, la puesta en marcha de 80 coches ferroviarios de pasajeros, 131 triciclos fabricados en el país, y la distribución de 320 ómnibus Diana, la fabricación de 88 semiómnibus para las zonas rurales, el arrendamiento de dos catamaranes para reforzar el transporte con la Isla de la Juventud y los avances en el programa de rehabilitación de la flota aérea”, sin precisar más. Actuaciones administrativas que se suman a la compra de pasajes a través de internet a partir de abril, y el lanzamiento de una nueva aplicación para facilitar los precios a la población en el caso de los servicios ruteros. Realmente cuesta entender un ministerio para atender este tipo de cuestiones que afectan al conjunto de la población cubana.

Cabe concluir que el bloqueo de EEUU tiene poco que ver con el drama del transporte en Cuba. Su situación está relacionada con la falta de inversiones públicas (La Habana o Santiago no tienen un metro como otras ciudades de dimensión similar), el transporte privado se encuentra excesivamente regulado y presionado por el gobierno, no se ha potenciado el ferrocarril para las mercancías, el transporte aéreo depende en exceso del turismo, y lo más grave, el consumo de energía depende de un petróleo que no se tiene y que solo se puede comprar en un país que está sometido a inspección internacional por sus graves incumplimientos de derechos humanos. Ante este tipo de circunstancias, ni bloqueo ni plan, el transporte en Cuba precisa un giro de 180º para salir de la grave crisis estructural en que se encuentra. Los cubanos deben saber que otra política económica es posible.