El régimen cubano sigue engordando sus arcas a costa del Decreto-Ley 370

La coordinadora del Comando Cívico Leoncio Vidal, Yanisbel Valido, fue multada con 3.000 pesos cubanos (CUP) por “violar” el Decreto-Ley 370, que regula el uso de internet en Cuba. La joven activista fue citada el pasado viernes por la Seguridad del Estado para que se presentara el sábado en la Quinta Unidad Policial de Santa Clara, donde reside.

“En primer lugar me sacaron de mi casa, sin motivo real alguno. Uno trata de cumplir las medidas de aislamiento social y la Policía viene a tu casa y te obliga a salir”, declaró Valido a CubaNet.

“Me entraron a una oficina donde no se podía mantener la distancia de seis pies, y allí me estaba esperando un mayor de la Seguridad del Estado que dijo que también se llamaba Daniel, y me enseñó unos papeles con fechas de mis publicaciones en las redes sociales”, contó.

Según Valido, fue un funcionario del monopolio estatal de las telecomunicaciones en la Isla (ETECSA) quien aplicó la multa.

“Dicen que yo estaba usando mi cuenta en Facebook para promover cosas contrarias al orden social”, relató la activista.

En la estación policial se encontraban decenas de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que no cumplían con las medidas higiénicos-sanitarias.

“Ellos sí pueden violar, pero utilizan su poder para acosar a la población y multar a las personas que están desesperadas en las calles arriesgándose a enfermar por tratar de conseguir algo de comida”, denunció.

La semana pasada 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron en un comunicado la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del Decreto-Ley 370, instrumento legal que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 la policía política ha utilizado para reprimir a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil, por criticar en las redes sociales la situación del país.

Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo por difundir sus opiniones en redes sociales, y una veintena ha sido víctima de la imposición de multas de 3.000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente.

El Decreto-Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención, la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.