Elías Amor Bravo, economista

Si en Finanzas y precios, la estatalización, los precios topados y el control vuelven con la “normalidad comunista”, en el ámbito de las políticas laborales, incluso es peor aún. En su turno de la Mesa Redonda, la ministra de Trabajo y seguridad social Marta Elena Feitó  explicó las medidas para la transición a la normalidad en su área de competencia, y dirigidas a las administraciones, los trabajadores y la población en general.

Nada nuevo que merezca ser destacado. Así, en la primera fase comenzará “de forma gradual y regulada la incorporación de los trabajadores a sus puestos”, sin más. Un retorno al escenario socio económico que existía anteriormente, con más controles. Como si fuera tan fácil.

Sin embargo, la ministra destacó algunas salvedades, como por ejemplo, que en la nueva etapa, se continuará fomentando el trabajo a distancia para todas las actividades que se justifiquen. Al respecto, valoró que en la actualidad el número de personas que trabajan a distancia ha alcanzado la cifra más alta hasta el momento en el país, pero desde luego, muy alejada de los niveles registrados en otros. Hace unos días, se señaló que el total de personas que trabajaban online representa una cifra muy alejada de los 4,5 millones de ocupados del país. Mucho queda por avanzar en este terreno, sin duda.

Por lo expuesto, la ministra pidió que las administraciones, los trabajadores y el sindicato contribuyan a que el trabajo a distancia no experimente retrocesos, sino que se valoren aquellos empleos en que se pueda mantener el trabajo a distancia o combinarlo con el trabajo en la entidad.

La ministra no quiso reconocer que realmente el problema no está tanto en la definición de los puestos, como en la calidad de las redes informáticas, la disponibilidad de equipos y la infraestructura complementaria para los servicios. Con los precios de Nauta, cualquier opción de teletrabajo puede suponer un coste inasumible para las partes. Como si todo ya estuviera decidido, la ministra insistió en la necesidad de poder medir el trabajo que se realiza, al tiempo que se pueda cumplir con las normas de seguridad del centro de trabajo.

Esta defensa del trabajo a distancia, que según la ministra “llegó para quedarse”, porque tiene ventajas evidentes para el ahorro de recursos y la combinación de intereses entre la administración y los trabajadores, se tiene que plasmar en pasos concretos. Es lo mismo de siempre, como cuando el inefable Machado Ventura pide a los agricultores que produzcan más y las cosechas no alcanzan para todos. Tampoco dijo la ministra nada relacionado con el coste del teletrabajo. Puede estar muy bien que el gobierno comunista haya decidido continuar incentivando la cultura del trabajo a distancia para aumentar la dimensión de la misma. Pero otra cosa muy distinta es que lo consiga en las actuales condiciones de la economía cubana.

En todo caso, la ministra anunció que la reincorporación al trabajo presencial sea gradual y el tratamiento laboral a la interrupción laboral se mantenga tal cual está diseñada la medida durante la 1ra y 2da fase. Las medidas concretas pasan por:

En materia de salarios, se mantienen de los sistemas de pago por resultados, y cuando no sea posible, se adoptará el pago del salario básico que es claramente inferior. De igual modo, los trabajadores en vigilancia epidemiológica cobrarán como hasta ahora el 100% del salario básico mientras dure el aislamiento lo que les supondrá una notable pérdida de poder adquisitivo. En particular, se mantiene un pago adicional de salarios a los trabajadores de servicios de lavandería y acondicionamiento mientras presten estos servicios.

En relación con los trabajadores por cuenta propia, continúa la protección del salario en aquellos casos que se acredite un descenso del nivel de actividad por causa de la pandemia, pero en este caso, ajustado al salario mínimo establecido. No todos obtendrán esa protección de salario y en todo caso, supondrá igualmente una grave pérdida de poder adquisitivo. En particular, y para las personas que son arrendadores de vivienda, espacios, etc, se establece que podrán seguir trabajando en los servicios de alimentación y otros, incluso cuando no tengan clientes. Una opción controvertida en el caso, por ejemplo, de personas de edad avanzada que no están en condiciones de realizar ese trabajo físico.

De modo que, para poner fin a las numerosas quejas de los trabajadores privados ante lo que supone un abandono por el gobierno de sus condiciones laborales, la ministra explicó igualmente, que las medidas aplicadas a los trabajadores por cuenta propia que cesaron su actividad por la COVID19 se mantendrán durante la 1ra fase y en la 2da, en tanto que en la 3ra fase se autorizará con excepcionalidad. En suma, que lo mismo que se aplique para trabajadores del sector estatal se aplicará en igualdad de condiciones para el sector no estatal.

En materia de protección a los trabajadores y familias, se establece que las entidades del sistema empresarial que funcionan como centro de aislamiento mantendrán a sus trabajadores bajo la protección laboral. Asimismo, continúa la protección laboral a las madres que no tienen quien cuide sus hijos y no pueden incorporarse al trabajo con licencia no retribuida. Además, la medida de mantener la protección a las personas que tienen problemas de ingreso familiar, continúa a nivel de administración de cada localidad. También se mantendrá la atención diferenciada a los núcleos familiares donde hay personas con discapacidad o adultos mayores que viven solos. Toda esta protección es un mayor gasto que presionará las deficitarias cuentas públicas del presupuesto.

En particular, se establece para todas las madres, padres o tutores al cuidado de los menores en la 1ra y 2da fase el mantenimiento de la medida de protección salarial hasta que reinicien las actividades docentes. Para las personas que tienen riesgo de patologías que pudieran agravarse ante el contagio de la enfermedad se evaluará por la administración en cada caso y se adoptará o no la medida adecuada.

En cuanto a la política de reubicación de trabajadores, se mantiene la medida de los trabajadores reubicados en ambas etapas, mientras que continúa pagando la entidad donde se encuentra laborando el trabajador. En particular, se establece que los trabajadores que no aceptaron de forma justificada la reubicación se mantengan sin garantía salarial, pero que se proteja su plaza garantizada. Ya en la 3ra fase se retoma lo que establece el reglamento del código de trabajo: 100% del pago durante el primer mes y si a continuación no se reincorpora, cesa su vínculo con la entidad laboral.

En cuanto a la seguridad social, la ministra explicó que se decidió mantener la prórroga de 6 meses del término de vigencia de la seguridad social durante la 1ra y 2da fase, mientras que en la 3ra esta fórmula deja de estar en vigor. En ningún momento se han planteado exoneraciones. Además, el pago de subsidios a trabajadores enfermos se mantiene vigente hasta la 2da fase cuando empiece a trabajar el servicio de peritaje de protección laboral. En particular, sobre los procesos laborales de disconformidad que se tramitan, se prevé que continuarán suspendidos en la 1ra etapa, pero procederán a la reanudación durante la 2da y 3ra fase.

Por último, la ministra explicó que en la tercera fase comenzará el funcionamiento de los servicios gastronómicos. Las instituciones religiosas podrán iniciar gradualmente sus servicios garantizando todas las medidas. El inicio del transporte llevará consigo la reanudación de las visitas a centros penitenciarios. Los talleres donde trabajan personas con discapacidad abrirán a partir de la 1ra fase. Se restablecerán los pases a los jóvenes en servicio militar desde la 1ra fase. Además se extiende la licencia no retribuida a partir de la solicitud de las personas que se encuentran fuera del país por la pandemia, y su plaza será reservada.

Una vez más, y por lo que respecta a trabajo y seguridad social, estas medidas plantean el retorno a la normalidad comunista, dominada por un sistema de relaciones laborales obsoleto y asimétrico, en el que los trabajadores estatales obtienen significativas ventajas con respecto a los que prestan sus servicios en el sector privado. Un sistema que priva a los cubanos la libre elección también en el ámbito del ejercicio profesional y del empleo.