MARTES DE DIMAS LA CLASE MEDIA TIENE QUE SER RESTAURADA DIMAS CECILIO CASTELLANOS MARTÍ | 7 JULIO, 2020

Martes de Dimas

Surgida en la Inglaterra del siglo XVII, la clase media se desarrolló y expandió con los adelantos científicos y tecnológicos. Su versión moderna debutó en Estados Unidos en el siglo XX con la producción en línea, que al abaratar el costo de los artículos y aumentar los salarios, propicio el aumento del nivel de vida de una capa de trabajadores que por su modo de vida pasó a integrarla.

La clase media ocupa una posición intermedia entre los trabajadores y la clase alta. Como no dispone de capital suficiente para vivir de los intereses, participa activamente en la gestión del mismo.

En Cuba sus raíces están en la entrega de haciendas circulares para la cría de ganado y la autorización para crear sitios de labor en los espacios entre haciendas (realengos), que comenzó desde la colonia; pero fue en el siglo XIX y especialmente cuando quedó formada una clase con miles de propietarios y profesionales de diversas esferas.

Después de 1959 comenzó un proceso de estatización para liquidar la clase media. Con las dos leyes de reforma agraria el 70% de la tierra se estatizó. Se expropiaron las grandes empresas norteamericanas, los bancos y toda la industria nacional con más de 25 trabajadores. Seguidamente se intervinieron las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías. Y en 1968, con la “Ofensiva Revolucionaria”, se eliminaron las 55 636 micro empresas de producción y de servicios que quedaban en manos de particulares. Los dueños fueron desalojados y sustituidos por funcionarios, jefes y administradores.

Una vez liquidada la clase media cubana, el siguiente paso del Gobierno cubano fue evitar su resurgimiento.

En 1961 creó las Cooperativas de Créditos y Servicios sin personalidad jurídica. En 1962 las cooperativas cañeras fueron convertidas en empresas estatales. En 1977 se establecieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria, pero su actividad productiva se integró a los planes de producción estatal y la comercialización a cargo de la Empresa de Acopio. Y en 1993 las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, creadas en tierras del Estado. Un proceso, durante tres décadas, contrario a la definición de cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional: asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática.

El fracaso en el intento de producir todo desde el Estado obligó a promulgar el Decreto- Ley 259 de 2008 para entregar parcelas infestadas de marabú, pero conservando la propiedad. El fracaso obligó a sustituir el Decreto-Ley 259 por el 300 de 2012, y en 2014 a modificar este último con el Decreto-Ley 311.

De forma similar ocurrió con el trabajo privado, bautizado como trabajo por cuenta propia. En 1993 se autorizaron 117 actividades. En 1994 se amplió hasta 157. En 1997 se permitió el arriendo de viviendas en La Habana. En 2010 se aumentaron las actividades permitidas y la contratación de fuerza de trabajo. Los paladares pasaron de 12 a 20 plazas. En 2011 se amplió la actividad de arrendamiento de viviendas, se aumentaron otras tres actividades, se autorizó a vender productos y servicios a entidades estatales y se aumentó de 20 a 50 sillas en los paladares. Luego el número de actividades se amplió hasta llegar a 201, se les permitió contratar fuerza de trabajo, recibir créditos, operar con cuentas corrientes y establecer relaciones con el sector estatal mediante contratos. Con esas medidas el sector privado se convirtió en el de mayor crecimiento y el mayor generador de empleos.

A pesar de todas esas legislaciones fue imposible evitar que brotaran gérmenes de clase media, que el Gobierno respondió con nuevas medidas restrictivas. En 2017 se toparon los precios, se confiscaron mercancías y equipos de transportistas privados y vendedores ambulantes, se suspendió la emisión de nuevas licencias y se redujeron las actividades permitidas de 2001 a 123. En 2018 se dictaron nuevos impuestos; se limitaron las licencias a una autorización por persona, se impuso la obligatoriedad de una cuenta bancaria fiscal para las principales operaciones financieras, se eliminó la exoneración del pago de impuestos por la contratación de hasta cinco trabajadores y se suspendieron las licencias para las actividades que más utilidades reportaban al cuentapropismo.

Aunque la decisión de conservar la propiedad en manos del Estado e impedir el resurgimiento de la clase media condujo a un desabastecimiento creciente, en la Constitución de 2019 se reafirmó a la empresa estatal socialista como la forma principal en la economía, mientras la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas es regulada por el Estado, sin precisar los límites de dicha concentración.

La terca realidad demostró que es imposible la eficiencia económica en ausencia de una clase media nacional; un sector que no se construye, pero que tampoco se puede destruir sin causar grandes perjuicios a la sociedad. Su erradicación, y la decisión de impedir su resurgimiento, están entre las causas principales del retroceso sufrido en las últimas seis décadas. Su formación y existencia es tan natural y necesaria, que a pesar de que el jefe de la revolución llamó a: coger el toro por los cuernos y no podemos permitir la formación de una clase media en Cuba, ésta asoma su cabeza ante la menor grieta.

Su embrión permanece expectante en los trabajadores privados del campo y de la ciudad, en los integrantes de las cooperativas, en profesionales de todas las esferas y en cubanos, que gracias a sus cuyos vínculos con familiares en el extranjero, cuentan con posibilidades de participar como inversionistas. Lo que se requiere es dotarlos de personalidad jurídica, de derechos y libertades para vender sus productos, comprar insumos, relacionarse con otros productores internos y externos, acceder a Internet y asociarse para la defensa de sus intereses. Sin embargo los obstáculos continúan como lo demuestra la existencia de una ley de inversiones extranjeras.

En 2014 se dictó la Ley 118, la cual define al inversionista como: persona natural o jurídica, con domicilio y capital en el extranjero.

En una intervención acerca de la ley 118, en el año 2014, el ministro de Comercio Exterior e Inversión extranjera, Rodrigo Malmierca, declaró: “Cuba no irá a buscar inversión extranjera a Miami. La ley no lo prohíbe, la política no lo promueve”. Ante la agudización de la crisis, el mismo ministro ha planteado recientemente en dos oportunidades que los cubanos residentes en el exterior pueden ser inversionistas en Cuba. Es decir, donde dije digo, digo diego, sin embargo, sus palabras no son una señal de cambio; pues esos cubanos, al tener domicilio y capital en el extranjero, quedan impedidos de ser parte de esa clase media.

A pesar de la vocación totalitaria y de la firme decisión de impedir su existencia, la clase media en Cuba tendrá que ser restaurada.

La Habana, 27 de junio de 2020

• Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
• Reside en La Habana desde 1967.
• Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
• Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
• Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
• Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
• Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).