LA HABANA, Cuba.- La imparable ofensiva contra las llamadas ilegalidades no ofrece garantía alguna de que mejoren las paupérrimas condiciones de vida que enfrentan la mayoría de las familias en Cuba.

El desabastecimiento, lejos de mitigarse, se agudiza. No se trata de terminar con delitos fomentados por el mismo sistema que convirtió la palabra producir en una entelequia y racionar en un decreto, y que ha mantenido sus esencias a través del tiempo.

Las exaltaciones mediáticas en torno a las incautaciones que son presentadas cada semana, como el principio de la solución a la crisis socioeconómica, agravada con los efectos del coronavirus, son burdos entretenimientos.

Los más de 2 000 vendedores furtivos y acaparadores cogidos in fraganti, y sancionados con multas y cárcel en los últimos tres meses, representan una cifra ridícula frente a la masificación del robo y la especulación, en gran parte de las empresas y centros fabriles del estado.

Definitivamente hay que saltarse las disposiciones legales para atenuar el hambre y resolver otras urgencias del día a día.

El robo y las remesas de algún familiar o amigo radicado fuera de la Isla son las únicas tablas de salvación en el océano de penurias, ahora más agitado que de costumbre a causa de la pandemia.

Trabajar en Cuba es un sinsentido. Una realidad que explica los motivos de la involución, que va más allá de la falta de oportunidades para alimentarse de manera razonable.

La codificación de la miseria es la fuente principal de las taras sociales que se observan en cada rincón de la Isla.

La escasez permanente y la falta de espacios para reducirla, a través de medios legales, explican la tendencia a la vagancia, la corrupción, entre un sinnúmero de actitudes que alimentan la decadencia, en el más amplio sentido del término, de todos los cubanos que han crecido bajo las presuntas bondades de un sistema de rancia estirpe estalinista.

La exagerada criminalización de personas que se buscan la vida como pueden hay que asumirla como una cortina de humo tras la cual se agazapan los que se oponen, en las altas esferas del poder, a darle un vuelco al modelo económico, que a falta de productos genera montones de problemas.

Sin lugar a dudas, los verdaderos culpables de haber convertido el país en una finca con su dote de esclavos son los que aún son capaces de entonar las notas de La Internacional en cualquier tribuna, y más tarde disfrutar de una variada representación de placeres burgueses en privado.

La ira gubernamental contra los que considera los causantes de las penurias ha provocado un mayor auge del desabastecimiento.

El estado no puede asumir el reto de mantener llenos los estantes de los centros comerciales, ni tampoco las tarimas de los agromercados. Es oportuno recordar que una parte significativa del consumo nacional se cubre con millonarios desembolsos en los mercados internacionales.

Sin dinero suficiente para sufragar tales compras, y con el parque industrial autóctono semiparalizado y lamentablemente anclado a perpetuidad en el lodazal de la improductividad y la ineficiencia, no hay manera de paliar una situación que se deteriora a un ritmo vertiginoso.

Los alardes policiales continuarán con muchas penas y sin glorias.

A la gente lo que le preocupa es que la escasez se torna peor, los precios minoristas siguen cuesta arriba y una notable cantidad de trabajadores solo están cobrando el 60% de sus magras mensualidades en el desvalorizado peso cubano (CUP), debido al cierre de decenas de centros laborales y la paralización del transporte como parte de las medidas para detener el avance de la COVID-19.

La irracional postura del gobierno de Cuba ante un escenario de máxima complejidad obliga a pensar en un final catastrófico.

El colmo de la irresponsabilidad.

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