SAN JUAN, Puerto Rico.- Desde sus comienzos el régimen castrista se ha caracterizado por la represión, la censura y la discriminación de quienes se le oponen. El país está regido con mano de hierro por una minoritaria casta híper-privilegiada que mantiene al pueblo de Cuba sufriendo una atroz tiranía totalitaria desde hace seis décadas.

En este contexto, hace varias semanas el dictador-testaferro Miguel Díaz-Canel hizo amenazantes expresiones declarando que “las calles son para los revolucionarios…”. En otras palabras, recalcó una vez más que a los opositores se les niega el derecho a circular libremente por las calles del país, en total contravención a La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su artículo 13, inciso 1, el cual establece que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de su Estado”.

Las declaraciones de Díaz-Canel no solo constituyen una violación a los derechos humanos de los ciudadanos que no comparten las ideas del régimen y se oponen a la dictadura castrista, sino que, además, demuestran claramente, una vez más, el carácter dictatorial, exclusivista y discriminatorio del castrismo.

El hecho de que en estos momentos el régimen haya hecho énfasis en negarle al pueblo el derecho a expresar su descontento en las calles, de manera pública y colectivamente, denota que la cúpula gobernante tiene miedo a que la oposición se desarrolle y crezca. Más aún, teme a que el pueblo se sacuda el miedo inducido por el terror del estado y se produzca una explosión social. Un miedo que se ha incrementado a raíz del desastre económico y alimentario que afecta al país tras la pandemia de la COVID-19.

En estos momentos la frustración y el descontento del pueblo cubano es palpable, y el malestar también se percibe en muchas personas que hasta ahora eran partidarias del régimen. De ahí la razón para el aumento de la represión contra opositores y ciudadanos que se manifiestan por distintos medios contra el régimen.

Es evidente que estamos en presencia de una fisura en el control social del gobierno sobre el pueblo, situación favorable para la lucha libertaria que no debe dejarse pasar por alto, y que nos augura la proximidad del momento para que el pueblo reclame en las calles, desde San Antonio hasta Maisí, las libertades y derechos conculcados por la dictatorial casta gobernante. La explosión social en pos de la libertad del pueblo hay que impulsarla, como ruta ineludible hacia el logro de un cambio total en Cuba.

Del mismo modo, y simultáneamente con las protestas pacíficas, deben denunciarse con nombres y apellidos ante los organismos internacionales a todos los agentes policiales, jefes de unidades de policía y militares que ordenen y/o ejecuten acciones represivas y/o violatorias de los derechos humanos contra ciudadanos cubanos.

Además, para garantizar el éxito de la lucha, todos los cubanos amantes de la libertad y la democracia, tanto los de adentro de Cuba como los exiliados, debemos trabajar juntos, unidos y solidariamente en pos de esa explosión social.

Se trata de poner en práctica el derecho humano que tienen los cubanos de exigir y conquistar su legítimo reclamo de libertad, justicia y respeto a la dignidad humana, a través de la expresión pública y masiva de las demandas por un cambio total en lo político, en lo social y en lo económico.

Todo el pueblo tiene el derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, “a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”; y en el artículo 20, inciso 1, el cual dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

Cuando impera la opresión, es legítimo que el pueblo luche por su liberación hasta lograrla. De hecho, la Declaración de la ONU, en su artículo 28, reconoce como un derecho que las personas instauren un orden social que verdaderamente respete los derechos humanos allí consagrados. “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.

Así mismo, en el Preámbulo de la Declaración de Naciones Unidas se reconoce el derecho a la rebelión de los pueblos oprimidos por tiranías: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

Se trata del mismo derecho, en pos de un nuevo orden social de libertad y democracia, que ejercieron los polacos bajo el Movimiento Solidaridad, o los checos durante la Primavera de Praga, o los alemanes cuando provocaron la caída del Muro de Berlín.

Es el mismo derecho que hoy ejercen los bielorrusos contra el dictador Alexander Lukashenko, o los ciudadanos de Hong Kong contra la ocupación del régimen dictatorial de Beijing. Es el derecho que aplican los venezolanos contra la dictadura de Nicolás Maduro, o los nicaragüenses contra Daniel Ortega.

Y en Cuba es el mismo que ejercen las Damas de Blanco y los opositores de la UNPACU, entre otras tantas organizaciones, cuando lanzan sus protestas a las calles de la Isla, solo que estas hay que desarrollarlas e intensificarlas para que abarquen, simultáneamente, todo el territorio nacional.

El cambio por un nuevo orden social en Cuba, que garantice los derechos proclamados internacionalmente, es el pueblo quien debe exigirlo masivamente, pues ante el carácter tiránico del régimen castrista los cubanos estamos compelidos al supremo recurso de la rebelión.

El derecho del pueblo a rebelarse contra la opresión está contenido en la verdadera y legítima Constitución de Cuba de 1940, en su artículo 40 del párrafo segundo, en el que se reconoce la legitimidad de la resistencia del pueblo (Ius Resistendi): “Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente”, precepto que, además, es acorde con las enseñanzas del apóstol José Martí, que aseguró que cuando los opresores nos conculcan nuestros derechos, estos “… se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan”.

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”, dijo también Simón Bolívar.

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