El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) ha pedido una vez más a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Cuba para que permita una investigación sobre la muerte no aclarada de Oswaldo Payá Sardíñas (1952-2012).

La petición, que habían enviado a la funcionaria en noviembre de 2018 y de la cual aún no han tenido respuesta, ha sido publicada en la plataforma pública Change.org.

La petición fue entregada inicialmente en Ginebra por el abogado Juan Carlos Gutiérrez y enviada en noviembre y en marzo al correo electrónico de la Oficina de DD.HH de ONU, explica una nota publicada por el MCL, grupo fundado por Payá.

“No hemos tenido respuesta, ni siquiera acuse de recibo”, dijo este viernes en entrevista con Radio Martí, Carlos Payá, hermano de Oswaldo y firmante de la carta a Bachelet.

La misiva resalta que Payá Sardiñas fue uno de los más importantes líderes políticos de Cuba, distinguido con el Premio Sájarov por el Parlamento Europeo y nominado al Premio Nobel de la Paz.

También recordó que el líder opositor “asumió posiciones críticas al gobierno cubano, lo cual generó persecuciones y amenazas de diversa índole, y muy lamentablemente falleció en circunstancias aún no aclaradas en fecha 22 de julio de 2012 en la ciudad de Granma (Cuba) presuntamente como consecuencia de un “accidente automovilístico”, según la información pública de las autoridades del Estado de Cuba”.

Carlos Payá denuncia en la carta que ningun miembro de la familia ha tenido acceso al expediente del caso creado por autoridades policiales y judiciales de Cuba y que desconocen “la real causa de su muerte según el contenido del protocolo de autopsia forense, los detalles del sitio del suceso y demás evidencias recolectadas y analizadas durante el proceso penal, o si intervinieron otros automóviles durante el evento”.

“Durante el desarrollo del proceso, no le fue permitido a la familia asistir a las vistas del juicio, ni incorporar la evidencia de que disponemos para esclarecer los hechos, y menos aún, contar con la intervención de asesores legales y expertos forenses que representaran los derechos e intereses de la familia como víctimas indirectas. Tales restricciones generan graves dudas respecto a objetividad e imparcialidad de las autoridades involucradas en el caso. Tal opacidad ha sido el mecanismo de la injusticia”, critica Carlos Payá.

La carta a la funcionaria de Naciones Unidas insiste en que “la única forma de llegar a la verdad por las vías jurídicas idóneas y confiables” será a través de una investigación “transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias”.

[A partir de un comunicado del MCL y entrevista realizada por Ivette Pacheco]