LA HABANA, Cuba.- El programa social llamado Sistema de Atención a la Familia (SAF) consiste en fondas o comedores comunitarios para los sectores vulnerables de la población: jubilados, ancianos sin amparo familiar, embarazadas con alto riesgo, personas discapacitadas y casos sociales críticos, con insuficiencia de ingresos y carentes de “familiares obligados en condiciones de prestar ayuda”. Para acceder al sistema, primeramente, se hace la petición ya sea al trabajador social de la comunidad, al delegado del Poder Popular, en la dirección de la Juventud y el Partido o en los propios comedores. Una vez recibidas las solicitudes, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) somete cada caso a un riguroso análisis.

Antes del 31 de diciembre de 2020 el precio de cada comida en estos programas oscilaba entre 1 y $2.50 pesos, para lo cual el beneficiario recibía la suma de 45 pesos mensuales, independientes de su pensión. Desde el 1º de enero de 2021 este supuesto beneficio cuesta 806 pesos mensuales ($13.00 por almuerzo y $13.00 por comida, en un mes de 31 días, sin incluir desayuno). En caso de ser aprobada la solicitud, se verifica, con la intervención del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social (MTSS), si la persona cuenta con los recursos económicos para costearse la asistencia. De no tenerlos, se aprueba una subvención mensual para aquellos declarados insolventes.

En muchos de estos lugares la higiene es tan deficiente que difícilmente se cumple el principio básico de la inocuidad de los alimentos. Una vez completados los trámites, los infortunados ancianos que acuden al SAF se ven enfrentados a un rancho de escaso valor nutritivo, mal condimentado y mal elaborado, apenas preferible a la alternativa de morir de hambre. El arroz se cocina sin limpiarlo, los frijoles frecuentemente quedan duros, y la comida en general está desabrida. Los comensales prefieren llevarse sus dos raciones diarias de una vez para evitarse el viaje, que a su edad ya no es fácil, pero principalmente para intentar mejorar los guisos en casa.

Para colmo, una gran cantidad de estos comedores carecen de las condiciones idóneas. Son locales sucios y deprimentes, improvisados en antiguos bares o cafeterías que nunca fueron debidamente acondicionados ni son reparados con regularidad. Más de una vez los propios medios oficialistas han expuesto además otros fallos como su insuficiente capacidad para acomodar a todos los censados, la escasez de combustible, ollas y demás utensilios de cocina, el desabastecimiento de condimentos y la irregularidad en el suministro de vegetales frescos. En ocasiones no hay bandejas, platos o cubiertos, por lo que los ancianos tienen que traer los suyos (claro está que algunos eligen hacerlo debido a la inadecuada higiene).

A esto se suma que la ración fue reducida. Una fuente que solicitó el anonimato aseguró a CubaNet que acostumbra a comprar “por la izquierda” arroz cocinado para sus mascotas en una de esas fondas. Nos mostró el último que había conseguido, lleno de cáscaras e impurezas. “Antes me cobraban 4 pesos, ahora 6”, se queja. “También me sirvieron menos, y cuando reclamé, la vendedora me contestó que les habían mandado a recortar la ración”.

Rafaela es una anciana que vive sola. Recibe de la Seguridad Social una pensión de 1200 pesos. Pasa trabajos para comer, pero no sabe si acogerse al SAF o no. “Si tengo que pagar 806 pesos mensuales por almuerzo y comida, 180 por la balita de gas (más los 30 pesos que cobra el mensajero), solo me quedaría dinero para los mandados de la bodega, sin incluir el pollo y los huevos. ¿Con qué pago entonces la electricidad, el agua, mis medicinas? ¡Y ni hablar de condimentos, vegetales, viandas, detergente, jabón o pasta de dientes! Ahora estoy peor”.

Sin embargo, aunque los precios del SAF hayan aumentado en el marco de la Tarea Ordenamiento, ello no significa que el gobierno haya dedicado recursos a mejorar sus condiciones. No los reparan, no los abastecen, no amplían su capacidad ni aumentan el volumen de inscripciones. No hay quien garantice la seguridad de los ancianos, ni mecanismos que obliguen a los dirigentes y empleados a cumplir con rigor las buenas prácticas. Quienes deberían velar por ello se dedican en cambio a perseguir a los cuentapropistas.

El SAF fue creado con la finalidad de amparar a los desvalidos. Hay que tener en cuenta que las personas que necesitan de ese servicio viven por lo general en la indigencia extrema. No puede ser casual que a raíz de la aplicación de los nuevos precios muchos censados hayan dejado de acudir a estos comedores en las provincias donde la situación epidemiológica no requiere implementar la entrega a domicilio.

La función del Estado es la de servir a los ciudadanos, y no a la inversa como los dirigentes cubanos pretenden hacernos creer. Pero aun si no lo fuera, los ciudadanos desvalidos sí son obligación ineludible del Estado. La verdadera muestra de voluntad gubernamental de favorecer a los más necesitados sería que, como parte del proceso de revisión emprendido en el marco de la Tarea Ordenamiento, el Sistema de Atención a la Familia fuera gratuito.

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Gladys Linares

Gladys Linares. Cienfuegos, 1942. Maestra normalista. Trabajó como profesora de Geografía en distintas escuelas y como directora de algunas durante 32 años. Ingresó en el Movimiento de Derechos Humanos a fines del año 1990 a través de la organización Frente Femenino Humanitario. Participó activamente en Concilio Cubano y en el Proyecto Varela. Sus crónicas reflejan la vida cotidiana de la población.