LA HABANA, Cuba. – Nunca conocí al joven Luis Alberto Sánchez Valdés, quien era conocido cariñosamente como “Lilipi”. Tampoco lo conoceré, pues murió como resultado de un trauma craneal. Su tragedia se produjo en la cabecera provincial de Pinar del Río, luego de que tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) le pidieran el carnet de identidad.

Según la versión oficial del infausto suceso, publicada hace algunas horas, “de forma repentina el ciudadano Sánchez Valdés cae de sus propios pies y, como resultado de la caída, se golpea en la cabeza con el pavimento”. En consecuencia, sufrió “fractura de bóveda y base del cráneo”.

Pienso que el comentario más agudo que cabe hacer con relación a estos hechos es el formulado en Cibercuba por Rafael Cortuya. Este forista se hace una pregunta que parece inocente, pero, al hacerlo, pone el dedo en la llaga: ¿Por qué ese ciudadano “se viene a morir cuando más cerca tenía a los policías?…”.

La versión del Ministerio del Interior (MININT) sitúa a los agentes de la autoridad en el lugar de los hechos, pero casi que como simples testigos, como meros espectadores de la caída que sufrió el infortunado “Lilipi”. Ni siquiera medió en el hecho un simple empujoncito proveniente de los uniformados.

La “historia oficial” de la muerte de Luis Alberto se une así a otras similares ocurridas en turbias circunstancias. Un ejemplo fresco es el deceso de Hansel Hernández Galiano (también joven, también afrodescendiente), acaecido hace apenas medio año. Según la versión de la policía, Hernández recibió un tiro por la espalda mientras atacaba a los agentes.

En el caso de “Lilipi”, los gendarmes estaban allí, pero solo atinaron a observar cómo este caía “de sus propios pies”.

En el origen de la actual tragedia subyace una práctica viciosa que, de manera indebida, es vista como algo normal en la desdichada Cuba actual: que los uniformados pidan el carné de identidad a un ciudadano por su simple deseo, sin que exista indicio alguno de la posible comisión de un delito por parte del requerido al efecto.

Recuerdo la indignación que me embargó hace años al presenciar a un policía que, en forma conminatoria y hasta descompuesta, exigía la exhibición del carné de identidad a un ciudadano (también joven, también negro) que deambulaba normalmente en pleno día por una calle de mi barrio. Entonces, ¿por qué le pidieron a Lilipi que se identificara!

En películas, recordamos escenas en que la Gestapo hitleriana irrumpe en un centro gastronómico y exige a los parroquianos: “¡Documentos! ¡Papeles!”. Pero esto sucedía no en Alemania, sino en países ocupados y, además, en medio de una guerra. En Cuba no. Nuestra Patria está en paz y no hay tropas extranjeras, pero igual un simple policía se siente en el derecho de demandar a cualquier ciudadano que se identifique”.

¡Y lo más triste es que las propias víctimas ven este atropello como algo normal! Recuerdo que, durante una de las temporadas en que fui huésped de los castristas en una de las islas del “Archipiélago DGP” (Dirección General de Prisiones del mismo MININT) traté de explicar este asunto a mis compañeros de infortunio. Vano intento: no percibían nada incorrecto en que cualquier policía les exigiera identificarse.

Pero en la actual tragedia, más allá del arbitrario pedido que les sirvió de inicio, debemos prestar atención a su nudo: un golpe (por sus efectos, más parece que hubieran sido varios) que provoca “fractura de bóveda y base del cráneo”. Y ese impacto —dicen ellos— se produce cuando la víctima “cae de sus propios pies” y “se golpea en la cabeza con el pavimento”. (Los plumíferos castristas, en su infinita torpeza, ni siquiera sitúan al desdichado Lilipi impactándose contra un contén, sino contra el asfalto).

Como ya dije, la actual tragedia se suma a otros atropellos similares. Como la muerte del opositor pacífico Juan Wilfredo Soto García (“El Estudiante”) hace casi veinte años en Santa Clara, a resultas de una golpiza policial. O como otra tunda que, por fortuna, no implicó la pérdida de una vida, pero sí un atropello análogo: el sufrido hace poco más de un año por el colega Roberto de Jesús Quiñones Haces en Guantánamo.

En cualquier caso, los corchetes del MININT parecen empeñados en ganar “la simpatía popular” para el impresentable régimen del cual constituyen la cara visible. Perpetran sus abusos a la vista de múltiples ciudadanos, en pleno día y en sitios céntricos: en el caso de “El Estudiante”, en el Parque Vidal santaclareño; en el de Quiñones, frente al Tribunal Municipal de Guantánamo; y ahora, en el de Lilipi, en la calle Martí, frente a una tienda que vende un producto deficitario y codiciado.

Después, cuando la prensa independiente y las redes sociales denuncian el abuso (sólo entonces) dan su versión interesada y mentirosa. Encubren así cualquier posible —y aun probable— exceso policial. Pero los hechos ocurrieron ante decenas de testigos, que repiten su verdad a familiares y amigos. Y de ese modo la mentira —una más— queda desenmascarada.

¡Que descanse en paz el joven “Lilipi”, a quien nunca conocí ni conoceré! En su caso, la palabra la tienen ahora las decenas de pinareños que presenciaron el incidente que desembocó en su muerte. Y que tienen el deber de hacer saber su verdad.

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René Gómez Manzano

(La Habana, 1943). Graduado en Derecho (Moscú y La Habana). Abogado de bufetes colectivos y del Tribunal Supremo. Presidente de la Corriente Agramontista. Coordinador de Concilio Cubano. Miembro del Grupo de los Cuatro. Preso de conciencia (1997-2000 y 2005-2007). Dirigente de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil. Ha recibido premios de la SIP, Concilio Cubano, la Fundación HispanoCubana y la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA), así como el Premio Ludovic Trarieux. Actualmente es miembro de la Mesa de Coordinación del Encuentro Nacional Cubano